Los miembros, incluyendo a la persona que presida la comisión, serán designados por la AN. Además el ente estará adscrito al Poder Moral Republicano y dependerá de los recursos que se le aprueben desde los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los miembros de esta institución no podrán dar detalles de las actuaciones de la misma pues estos tendrán “carácter reservado” para “proteger” a las víctimas y posibles responsables de crímenes.
Caracas. Este miércoles, en la que fue la última sesión ordinaria del año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión La Ley para Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, un instrumento legal que crea esta comisión por un período no menor a dos años.
Durante la sesión presidida por Jorge Rodríguez, la ley no fue debatida en ningún momento y el chavismo, haciendo uso de su mayoría calificada aprobó en menos de una hora un instrumento legal que tendrá importantes ramificaciones en la materia de derechos humanos en Venezuela.
En medio de la aprobación “exprés”, la única vez que un diputado alzó la voz fue cuando Óscar Ronderos solicitó que se ampliara el número de diputados que estarían dentro de esta comisión para así poder asegurar la presencia de un representante opositor. Esta medida fue negada por la mayoría abrumadora del Gran Polo Patriótico en el Parlamento.
“No tiene sentido que el Gobierno, que es el que viola los derechos humanos en el país, se vaya a regular a través de esta comisión, por eso pedimos que se incremente el número de diputados dentro de esta de 2 a 4 para poder asegurar la presencia de algún representante de la oposición”, dijo Ronderos.
Una comisión sin independencia y bajo el secretismo
La Ley para Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a las víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos establece que se creará dicha comisión una vez sea promulgada la ley, la misma tendrá como objetivo garantizar la tutela judicial para las víctimas de derechos humanos, velar por el establecimiento de responsabilidades contra este tipo de delitos y realizar estudios y evaluaciones que permitan cumplir su objetivo.
De acuerdo con lo establecido en la ley, la comisión será un “ente con autonomía funcional y presupuestaria”, sin embargo, el mismo estará adscrito al Poder Moral Republicano y recibirá su financiamiento directamente desde este, el Ejecutivo y la AN.
Sin tener posibilidad de “entorpecer los procesos del sistema judicial”, la comisión se dedicará al levantamiento de causas para la sanción y la reparación de los delitos contra los derechos humanos, no obstante, nunca se especificó cómo.
En referencia a su supuesta autonomía, la comisión estará conformada por personal aprobado desde la AN, y tendrá: “Tres personas de destacada historia en defensa de derechos humanos, dos integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, y dos diputados de la AN”. La persona encargada de presidir este organismo también será designada desde el Poder Legislativo.
Los funcionarios de la comisión gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y no estarán obligados a declarar con respecto a las actuaciones que la comisión lleve a cabo como parte del cumplimiento de su mandato.
Además de la no obligación de dar detalles sobre los procesos de la comisión, los funcionarios que la integran tendrán prohibido dar cualquier tipo de información a terceros pues todos los actos y documentos producidos por la comisión “tendrán carácter reservado” para “proteger” a víctimas y responsables.
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