De los 85 femicidios que registró Cepaz en el primer cuatrimestre de 2020, al menos en cuatro casos el agresor era un funcionario. El Monitor de Femicidios de Utopix reflejó que hasta agosto la mayoría de los femicidios ocurrieron por el uso de armas de fuego; hasta octubre registraron 217.
Caracas. Yuneimar Ginez fue asesinada, presuntamente, por su expareja. La mujer recibió cinco impactos de bala. El principal sospechoso del crimen es el oficial de la Policía del Municipio Los Salias, Eddie Castillo.
El 6 de enero de 2020 Yuleimar esperaba el transporte público, junto con sus dos hijos de nueve y 14 años. El funcionario apareció a bordo de su moto y le disparó. De acuerdo con la versión que ofreció El Universal, los hijos de la víctima se salvaron porque ella los arrojó a un barranco.
Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en muchas ocasiones los femicidios se concretan con las mismas armas que otorga el Estado a los funcionarios policiales o militares, para velar por la seguridad de la sociedad.
Las conductas violentas por parte de los funcionarios policiales o militares contra las mujeres guardan relación con intereses privados que resuelven con el mal uso de las herramientas que les otorgan para cumplir sus funciones.
El Monitor de Femicidios de Utopix maneja que entre enero y octubre de 2020 ocurrieron 217 casos en Venezuela. La mayoría de los femicidios ocurren con armas de fuego, sin embargo, entre septiembre y octubre observaron que disminuyó el uso de las armas de fuego y encontraron más casos por asfixia mecánica, golpes y armas blancas.
Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que hay dos fenómenos asociados a la violencia más extrema contra las mujeres, el femicidio, a manos de policías o militares. Uno de ellos es que el control y la autoridad es parte del entrenamiento de los funcionarios y esto refuerza las dinámicas del uso del poder, o coacción, en contra de sus parejas.
Lo segundo es que se requiere el análisis de quienes poseen armas de fuego o de quienes las usan. Hay armas en el hogar, que pueden ser de policías o quienes tengan porte de armas, y muchos femicidios se cometen con armas de fuego. Se deben tener medidas de control y medidas efectivas que puedan evaluar este uso y control de armas, para evitar la violencia en general y la violencia de género”.
Según el monitoreo de femicidios de Cepaz, en el primer cuatrimestre de 2020 hubo 85 femicidios y en al menos cuatro el agresor era un funcionario. Mientras que en el segundo cuatrimestre del año, de los 24 femicidios registrados, en dos de ellos se determinó que el agresor era un policía o un militar. En ambos casos usaron las armas de reglamento.
El presunto femicida de Yuneimar Ginez usó su arma de reglamento. La versión de El Universal señala que la mujer de 35 años se había separado hace cuatro meses del oficial y este la amenazaba frecuentemente. El hombre creó perfiles falsos de Facebook para perseguirla y en una ocasión agredió al hijo de Yuneimar, de 14 años, quien trató de defender a su mamá de las golpizas.
Los dos hijos de la víctima quedaron huérfanos de padre, también un policía de Guarenas. Hace cinco años unos delincuentes lo asesinaron para robarle su arma de reglamento.
En Venezuela no se limita el uso de armas de fuego
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, explicó que el porte y uso de arma de fuego orgánica no está limitado a funciones militares y policiales, su empleo se extiende a usos particulares.
En un conversatorio que tuvo la abogada con Cepaz, a través de la red social Twitter, denunció que el Estado no ha empleado políticas públicas ante la gravedad del impacto mortal de las armas y municiones, como principal causa del femicidio en manos de funcionarios.
En 2013 se promulgó la Ley desarme en el país, para controlar el uso de armas de fuego y municiones en el país. Pese a esto, líderes de las megabandas de la Cota 905 y Petare, por mencionar solo las de Caracas, difunden videos con armas largas, con los que han sostenido enfrentamientos con funcionarios.
Control Ciudadano instó al Estado a establecer mecanismos creíbles de prevención y justicia para evitar los femicidios en Venezuela. También exhortó a revisar los casos donde los victimarios sean policías o militares, que actúen con sus armas de reglamento.
Deben ser objeto de mayor atención para la prevención. En Venezuela el registro del uso de la fuerza policial y militar en los hechos de violencia de género no es tomado en cuenta para realizar correctivos”.
Cepaz invitó al Estado a analizar el modo en el que los efectivos policiales y militares resuelven las situaciones a las que se enfrentan en privado con sus parejas.
Las instituciones no abordan adecuadamente la violencia contra las mujeres y menos los casos que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad, un asunto que requiere atención inmediata.
“Insistimos en la necesidad de hacer un análisis particular del femicidio y su vínculo directo con el agresor como funcionario policial o militar, desde los motivos privados que llevan a los policías y militares a cometer el femicidio”, escribió Cepaz en el conversatorio virtual.
Desde el año 2016 no existen datos oficiales que permitan establecer las tasas de femicidios. Las organizaciones no gubernamentales han levantado data a partir de las publicaciones en los medios de comunicación. La opacidad no permite identificar ni profundizar el contexto bajo el cual las mujeres han sido víctimas de violencia y sus consecuencias.
Foto principal: Twitter Manuela Bolívar
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