El hecho ocurrió la madrugada del domingo. Venezuela Diversa solicita a la fiscal Luisa Ortega Díaz que ordena una investigación y que cumpla con el dictamen de la ONU de prevenir la discriminación hacia las personas Lgtbi
Caracas. La madrugada del pasado domingo fueron asesinadas dos mujeres trans en las adyacencias de la clínica Santiago de León en la avenida Libertador de Caracas. Las fallecidas respondían al nombre social de Marimar Nikol Durán y Vanessa De Almeida, y no mantenían ningún vínculo según manifestaron allegadas de una de las víctimas.
Se pudo conocer de manera extraoficial que Durán murió al recibir un disparo en la frente, mientras que De Almeida recibió un balazo en la mejilla desde un vehículo en movimiento. Al lugar acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pasadas las 10:00 am a realizar el levantamiento de los cuerpos.
Venezuela Diversa, a través de un comunicado, hace un llamado a la fiscal de la República Luisa Ortega Díaz, -quien a finales de junio fuera la jefa de la delación venezolana ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la evaluación del cuarto informe del Estado venezolano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, para que ordene la investigación de este hecho y los demás asesinatos de personas Lgbti ocurridos en nuestro país.
La ong espera que las autoridades del Estado den cumplimento a las recomendaciones finales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 114 período de sesiones de junio 2015, sobre los actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género expresado en el punto 8: “El Estado debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas Lgtbi y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz”.
Asimismo la referida al derecho a la vida punto 11: “El Estado debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados”.
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