David Gómez, profesor de derechos humanos de la Universidad del Zulia, aseguró que la Ley de Cooperación busca envolver en una camisa de fuerza a espacios que deberían ser libres. Añadió que los proyectos de cooperación ya son auditados con rigurosidad en instancias internacionales.
Caracas. Si el Ejecutivo llegara a promulgar la Ley de Cooperación Internacional (PLCI), reduciría el espacio público, enfatiza el profesor de derechos humanos en la Universidad del estado Zulia, David Gómez Gamboa.
La advertencia la hace el catedrático debido a que en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de Ley de Cooperación Internacional, cuya discusión no se ha iniciado, pero que de sancionar queda lista para el ejecútese.
Gómez asegura que la ley afectaría a cualquier organización de la sociedad civil, beneficiaria de un proyecto con recursos internacionales. Pero las organizaciones más vulnerables serían aquellas que divulgan información sobre la emergencia humanitaria en Venezuela.
“Las organizaciones documentan y dan asistencia (a las comunidades del país). Este trabajo es muy molesto para un gobierno que viola los derechos humanos. Por eso, utiliza distintos mecanismos para impedir la realización de ese trabajo”, explicó.
A su parecer, el PLCI busca restringir espacios que deberían ser libres, al mantener a las organizaciones bajo un registro de vigilancia política y control económico.
“Estas acciones se corresponden a otras en el marco de una política de Estado que reduce el espacio cívico, porque como ciudadanos no nos podemos organizar como quisiéramos, sino que como esclavos debemos seguir las directrices de un gobierno autoritario, de vocación de control absoluto de todo el poder”, declaró.
Las universidades y su asfixia presupuestaria
El Parlamento, de mayoría chavista, tiene el documento jurídico desde 2006, con la finalidad de promover la “cooperación pacífica”. El documento argumenta que el Estado busca asegurar la transparencia de las inversiones internacionales en Venezuela. Sin embargo, Gómez aclara que los proyectos de los organismos internacionales se auditan con “mucha rigurosidad” para garantizar que sean utilizados en proyectos específicos con eficacia.
En cambio, el oficialismo podría usar este control para amedrentar a las instituciones que se pronunciaran en su contra. En el caso de la universidad, amenaza contra la autonomía universitaria si condiciona la financiación de investigación académica.
Gamboa denunció que las universidades públicas presentan un déficit presupuestario de más de 90 % y el financiamiento externo ha ayudado a continuar con investigaciones.
Le parece un contrasentido que un gobierno que “usa los fondos con fines retaliativos, electoreros y de adiestramiento político”, tenga la pretensión de administrar el dinero de la asistencia humanitaria, que en muchos casos llega directamente a la víctima.
Además, calificó como “peligroso” someterse a un registro del Estado, que podría exigir la información de los beneficiarios de las organizaciones, cuando estos datos se manejan en absoluta confidencialidad.
“¿Cómo una organización que atiende víctimas de un Estado represor le va a dar información a ese Estado represor sobre la víctima?”, se preguntó.
Gamboa teme que el PLCI busque limitar con quiénes se relacionan las organizaciones civiles en el exterior a discreción del sistema de justicia.
“Cuando la dictadura usa el aparato de justicia lo hace para doblegar organizaciones de derechos humanos”, advierte.
El pasado miércoles, 18 de mayo, más de 500 organizaciones denunciaron ante la comunidad internacional este instrumento legal.
Crónica.Uno entrevistó a tres defensores de derechos humanos que coinciden en que la Ley de Cooperación sería un instrumento de persecución.
Justicia, Encuentro y Perdón
Martha Tineo, abogada y coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, dijo que el PLCI limitaría el trabajo de denuncia de organizaciones de derechos humanos
“Si el Estado resultara ser sancionado por organismos internacionales en virtud de los informes publicados en alguna organización local, el Estado pudiera decidir eliminar y suspender la organización. Justicia Encuentro y Perdón emite datos serios y verificables. Por ejemplo, que hay 334 víctimas de represión en el país entre asesinados en protestas pacíficas, políticos asesinados o muertes de presos políticos en custodia del Estado; con 95 % de impunidad en estos casos. Si un gobierno decide imponer una sanción a Venezuela, el Estado dice: Esto es consecuencia del trabajo de Justicia, Encuentro y Perdón y por eso no puede seguir operando en Venezuela”, declaró Tineo.
Según Tineo, además de afectar a “organizaciones, sindicatos, universidades e incluso iglesias”, las víctimas quedarían en situación de orfandad.
Justicia, Encuentro y Perdón, es una organización de derechos humanos que gira en torno a las víctimas de la represión en Venezuela. Desde 2014 documenta ejecuciones extrajudiciales en el contexto de protestas pacíficas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas por razones políticas; pero también acompaña a los familiares de las víctimas a conseguir una reivindicación moral mediante la atención psicológica y formativa.
“Si el trabajo nuestro fuera ilegalizado ¿Con qué apoyo van a contar estas víctimas para que esos procesos psicológicos y jurídicos sigan su curso?”, se preguntó.
Y se responde: “procurará una absoluta impunidad, que revictimiza a las víctimas al quedar sin el apoyo de organizaciones como la nuestra”.
Uquira
Melanie Agrinzones pertenece a Uquira, que desde 2019 defiende los derechos de las mujeres y personas con distintas orientaciones sexuales a una vida libre de violencia.
“Nosotras no manejamos recursos enormes de alguna cooperación internacional de los momentos”, sin embargo Agrinzones asegura que en Uquira se sienten amenazadas.
Aunque el colectivo es independiente de partidos políticos, Agrinzones afirmó que tienen exigencias al Estado, tal como por la despenalización del aborto; las denuncias en contra de la violencia de Estado hacia privadas de libertad y los derechos del movimiento de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ).
Estas denuncias llegan a instancias internacionales. En 2021, el colectivo se presentó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su trabajo en la recolección de cifras de femicidios, transfeminicidios y crímenes de odio.
2022 |Femicidios – Primer trimestre
Resumen de los casos recolectados a través de los medios de comunicación digitales y denuncias a través de RRSS. Se resaltan datos a considerar del total obtenido desde Enero hasta Marzo.#FemicidiosVenezuela#NoEstamosTodas#NiUnaMas pic.twitter.com/GMkjGgmKV0
— 𝗨𝗾𝘂𝗶𝗿𝗮💜 (@Uquira_) April 19, 2022
Por un lado, las decisiones que la CIDH tome con información de Uquira las podría poner a sus integrantes bajo el asedio. Además, las activistas del colectivo no acallarían sus voces si sus aliados resultan perjudicados.
“Por solidaridad vamos a reaccionar si el Estado decide de manera arbitraria perseguir a un compañero o compañera u organización, y eso implica estar en el ojo público, eso implica estar en el ojo del chavismo”, dijo Agrinzones.
Por otro lado, está consciente de que el Estado “no simpatiza” con los mensajes que Uquira lleva a sus protestas nacionales, señalando al alto ejecutivo.
“La Ley de Cooperación que pretenden implementar lo que busca es criminalizar a las organizaciones que crean que están haciendo un trabajo que perjudique al gobierno”. Aún más si están bien articuladas.
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