El gobierno de Nicolás Maduro ya anunció que no permitirá a la CIDH ingresar al país para reunirse con víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, organizaciones civiles y políticas. La delegación confirmó la visita y se espera que llegue el martes, informó Humberto Prado.
Caracas. Con el propósito de ver con sus propios ojos la situación y de escuchar a un mayor número de voces de las que llegan a su sede en Washington (Estados Unidos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará de iniciar este martes su primera visita desde 2002. Sin embargo, no lo tendrán fácil porque el gobierno de Nicolás Maduro ya ha anunciado que no permitirá a los representantes del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) ingresar al país.
“Me permito recordar que en fecha 27 de abril de 2019 entró en vigencia la denuncia de la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del referido instrumento. En consecuencia, a partir de la mencionada fecha, la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA”, afirmó Larry Devoe, agente del Estado para el Sistema Interamericano, en una comunicación que le envió al secretario de la instancia, Paulo Abrao.
En esa misma carta indica, además: “En ningún momento el Gobierno (…) ha visitado o dado la anuencia a la CIDH para realizar una visita al país, tomando en cuenta lo antes señalado y el histórico irrespeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”.
Ciertamente, Maduro trató de sacar al país de la OEA, pero esta decisión fue revertida por la Asamblea Nacional y por su presidente, diputado Juan Guaidó, quien es reconocido por 50 países como jefe de Estado interino, incluida la mayoría de los integrantes del bloque continental.
Pero más allá de esta medida, expertos y activistas recuerdan que mientras el Estado no acate todas las decisiones de la Corte Interamericana no podrá salirse del organismo.
Pese a las amenazas en ciernes, la delegación encabezada por la presidenta de la CIDH y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena de Troitiño, mantiene sus intenciones de tratar de realizar la tercera “visita in loco” al país, la cual está prevista que dure cinco días.
Por su parte, el activista Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, ratificó la visita.
El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, @HUMBERTOPRADOS tiene el agrado de informar que la delegación de la @CIDH llegará al país el día martes #4Feb a las 12:14 pm al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas. pic.twitter.com/FWo8sVjBQk
— ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) February 2, 2020
Durante su estancia, la delegación del organismo regional abordará junto con organizaciones civiles, gremiales, empresariales y, por supuesto, víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y sus defensores asuntos como la situación de la independencia judicial y el Estado de Derecho, las amenazas a la libertad de expresión, el uso de la fuerza y la existencia de grupos de exterminio en cuerpos policiales y militares.
Pero también recabarán información sobre el Arco Minero, el funcionamiento de los servicios públicos y el uso del carnet de la patria, informó Prado.
Aclarando dudas
¿Por qué es importante esta visita “in loco”? Porque es la primera vez desde 2002 que la CIDH intentará visitar al país y constatar en el terreno el grado de respeto a las garantías fundamentales. A lo largo de estos 18 años, en varias ocasiones solicitó a los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, poder realizar otro viaje de trabajo, pero las autoridades siempre se negaron y acusaron al organismo de “parcializado” y de ser un “instrumento” de Washington.
¿Por qué el chavismo no quiere que venga la CIDH? Oficialmente, la excusa dada es que el organismo no es independiente y ataca sobre manera a los gobiernos de izquierda. Tesis que no tiene sustento, porque las propias cifras del organismo revelan que países como Colombia y Perú, con gobiernos de centroderecha, tienen más denuncias y casos que Venezuela y Nicaragua.
Otro argumento es que la instancia reconoció el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, que se instaló tras los sucesos del 11 de abril de 2002, y todo ello porque le enviaron una comunicación a quien este empresario designó como canciller para interesarse por la situación del entonces depuesto Hugo Chávez.
Sin embargo, el chavismo solo comenzó a esgrimir esta excusa tiempo después de los sucesos y en respuesta a los duros informes de la CIDH. No hay que olvidar que Chávez autorizó a la Comisión a visitar el país en 2002, e incluso se reunió con sus representantes en el Palacio de Miraflores.
Pero para la mayoría de los miembros del movimiento venezolano de Derechos Humanos estas razones son puras excusas que ocultan el verdadero motivo de las autoridades.
“Es evidente que el Estado no quiere que se efectúe la visita. No quiere el foco sobre las víctimas y sus condiciones. Sobre sus incumplimientos. Sobre los derechos que viola día a día”, advirtieron desde Civilis.
¿Para qué sirven este tipo de viajes? Además de recabar información para elaborar sus informes, donde no solo se exponen denuncias, sino que se formulan recomendaciones y sugerencias a los gobernantes para corregir los problemas, estas visitas permiten abrir un diálogo con distintos sectores de la sociedad.
En ocasiones estas iniciativas incluso han salvado vidas. “La visita de la CIDH a Argentina durante la última dictadura militar (1979) permitió salvar vidas como la del que terminó siendo canciller de ese país Jorge Taiana, quien estaba junto con otras decenas de presos políticos en una cárcel (…) La visita de la CIDH y el duro informe publicado posteriormente a la misma fueron el fin de la dictadura”, recordó el exsecretario del organismo, Santiago Cantón.
Desde el movimiento de Derechos Humanos esperan que se permita a los representantes de la instancia regional ingresar, por considerar que sería una oportunidad para buscar soluciones a los graves problemas que confronta el país.
“La CIDH viniendo a Venezuela le otorga a las víctimas una oportunidad de justicia y a las autoridades también les da la posibilidad de presentar lo que están haciendo en materia de Derechos Humanos. Si la CIDH entra a Venezuela ganamos todos”, afirmó Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic).
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