Por el control que el Ejecutivo ejerce sobre todos los poderes y los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y ataques a la libertad de expresión, el organismo incluyó al país en su “lista negra”, por decimo octavo año consecutivo.
Caracas. Por decimo octavo año consecutivo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Venezuela en su “lista negra” en materia de garantías fundamentales. ¿La razón? “Ha registrado graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos” en el país y achacó las mismas al “plan del Gobierno para cooptar los distintos poderes públicos y reprimir cualquier intento de alternancia”.
El señalamiento se lee en el informe anual correspondiente a 2022 que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó recientemente.
“Las instituciones del nivel público nacional operan primordialmente para garantizar la permanencia del partido de Gobierno en el poder y no para promover y proteger los Derechos Humanos”, denunció la instancia.
Agregó que “la falta de una institucionalidad democrática guiada por la separación e independencia de los poderes públicos impide que se diseñen y ejecuten medidas que mejoren sustancialmente la situación de derechos humanos en Venezuela, en particular de quienes padecen discriminación estructural e histórica, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTI y personas con discapacidad”.
Asimismo, advirtió que solamente la “reconstrucción de la institucionalidad” permitirá que cambie la actual situación.
Regaño a jueces y fiscales
La CIDH fue especialmente crítica con el papel que viene desempeñando la justicia venezolana y denunció que “el Poder Judicial ha profundizado la crisis institucional atraviesa el país”. Esto, tras recordar que el año pasado se cumplieron cinco años de las sentencias número 155 y 156, con las que la Sala Constitucional en la práctica liquidó a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Tras denunciar que en Venezuela los tribunales no son autónomos ni independientes, el organismo calificó de “tímidas e inefectivas” las reformas legislativas e institucionales aprobadas por las autoridades nacionales en los últimos meses en el ámbito judicial, pues consideró que las mismas no atacan los principales males que al sistema de administración de justicia.
Desde finales de 2021 el Parlamento ha modificado o aprobado alrededor de una docena de leyes relacionadas con la justicia penal, las policías y el régimen penitenciario, además remodeló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y redujo el número de sus miembros de 32 a 20. Sin embargo, reeligió a 60 % de los anteriores magistrados, pese a que la Constitución prohíbe esta posibilidad.
No obstante, ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora han buscado resolver el principal problema de la justicia: La provisionalidad de los jueces y fiscales. Más de 80 % de los titulares, de los 2200 juzgados del país, son provisorios, accidentales o temporales y, por lo tanto, son designados y removidos por la Comisión Judicial del TSJ, sin procedimiento previo. A pesar de que la Constitución ordena que el nombramiento de estos funcionarios se haga por concurso.
La situación de provisionalidad en la que se encuentran la mayoría de los jueces los hace vulnerables a interferencias políticas y de otra naturaleza para mantenerse en sus cargos. Así lo ha denunciado en reiteradas ocasiones la CIDH y otras instancias internacionales. Un panorama similar ocurre en el Ministerio Público.
“(La cooptación de la justicia) impide que se investiguen, se juzguen y se sancionen las graves violaciones de Derechos Humanos que puedan tener como responsables a altas autoridades del Estado”, agregó la Comisión en su reporte, en el cual advirtió que mientras no se ataque este problema en el país se seguirán registrando ejecuciones extrajudiciales, casos de torturas, detenciones ilegales y arbitrarias y hechos de corrupción.
Luces y sombras
El organismo saludó la noticia de que por primera vez en siete años la pobreza en Venezuela disminuyó, de acuerdo con lo reportado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). Sin embargo, expresó preocupación por los datos que hablan de un aumento de la desigualdad, en particular por la informa dolarización de la economía.
Asimismo, denunció que en 2022 recibió nuevas informaciones sobre “ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.
Y, por último, denunció que en el país continúan “las severas restricciones al derecho a la libertad de expresión” y como prueba de ello destacó los casos de las 26 emisoras radiales que entre enero y agosto fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de acuerdo con datos aportados por Espacio Público.
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