La instancia cumple un año en medio del debate sobre si debe prorrogarse nuevamente su mandato. Carlos Berrizbeitia aboga por una reforma de su propósito mientras Juan Manuel Rafalli advierte que la discusión sobre la continuidad debe ser ser política, no jurídica. La Delegada no logró las elecciones presidenciales libres pero le dio justificación legal a la continuación del gobierno encargado. Juan Guaidó asegura que ese espacio ha sido útil para mantener el desconocimiento internacional de Nicolás Maduro.
Caracas. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021 cumple un año desde su instalación formal el pasado 16 de diciembre de 2020. Aunque ese día a la Delegada le correspondía entrar en funcionamiento por un plazo de 20 días, hasta el 4 de enero de 2021 conforme a la Constitución, días más tarde la plenaria de la AN dominada por la oposición amplió ese lapso hasta por un período legislativo adicional, es decir hasta el 4 de enero de 2022, y le transfirió sus funciones.
Dicha prórroga, que tenía propósitos políticos de forma y de fondo, fue acordada por las fracciones de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y las minorías, con el voto salvado de Acción Democrática, como parte de la reforma del Estatuto para la Transición.
En la letra de la reforma del Estatuto, lo que se plasma es que la Delegada deberá ser el instrumento institucional para lograr la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas libres y para coadyuvar en la atención de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Ya en agosto se publicó un balance de por qué esos dos objetivos no habían sido posibles hasta ese momento como no lo fueron en el resto del año hasta el día de hoy.
Pero la razón de fondo de esa prórroga fue preservar al gobierno encargado como figura jurídica reconocida internacionalmente, con el fin de impedir que Nicolás Maduro pudiera recuperar el control de activos de la nación en el exterior; y por otro lado, garantizar a la oposición en torno al G4 la posibilidad de seguir teniendo acceso a una pequeña porción del dinero del Estado venezolano protegido por Estados Unidos.
Esos recursos garantizaron a lo largo de 2021 el funcionamiento de ese gobierno encargado, que según Julio Borges contaba con una nómina de más de mil personas, así como la operatividad de los partidos del G4, tal como se desprende de la rendición de cuentas del Consejo de Administración del Gasto el pasado mes de julio, donde su titular, Alejandro Plaz explicó que los activistas de los partidos del G4 recibieron bonificaciones provenientes del Fondo para la Liberación de Venezuela.
¿Para qué sirvió y para que no sirvió la Delegada?
Vistos los resultados de la Delegada podría decirse que esta instancia no sirvió para los propósitos de forma, pero sí para los de fondo.
Crónica.Uno consultó a su presidente, Juan Guaidó, vía Whastapp sobre la utilidad de la Delegada en este año 2021. En su respuesta enfatizó que esa instancia sirve y es útil para mantener el desconocimiento de Nicolás Maduro, sostener la presión internacional e impedirle que tenga acceso a recursos financieros para robárselos o reprimir a los venezolanos.
“La Delegada sirvió para evitar la fuga de Alex Saab, hoy extraditado y tras las rejas en Estados Unidos; para evitar que se roben el oro de los venezolanos en Reino Unido; para facilitar la interlocución internacional e iniciar un proceso de negociación con absoluta beligerancia en México; para la protección diplomática a los activistas de Derechos Humanos, para fijar petición y exigencia en el objetivo de unas elecciones libres y justas, para no reconocer la farsa de Jorge Rodríguez y los alacranes secuestrando la Asamblea Nacional; para continuar visibilizando la crisis y la violación de los DD.HH.; para impulsar a la Plataforma Unitaria; y para la reestructuración de la directiva de Monómeros”, aseguró Guaidó.
Por su parte, el segundo vicepresidente de la Comisión Delegada, Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela) y el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, también consultados para esta nota, coincidieron en señalar que si bien la prórroga de esta institución no condujo a la realización de elecciones libres y justas, sirvió para preservar una figura que le ha dado a la oposición interlocución internacional, además de impedirle al PSUV ponerle la mano a ciertos activos en el exterior.
“Si se mide en términos de los resultados frente a los objetivos que se plantearon, hay que ser honestos y decir la verdad: No podemos decir que el resultado ha sido positivo pues no se llegó a las elecciones presidenciales y se cerraron posibilidades para el bienestar del país en el caso de las vacunas. Pero la Delegada ha sido efectiva en resistir ante la dictadura, seguir preservando el apoyo internacional, ser el sostén institucional del presidente Juan Guaidó y por esa vía ser la base legal para la protección de los activos en el exterior por gobiernos democráticos”, afirmó Berrizbeitia.
Rafalli agrega: “Esta Comisión Delegada ha servido para darle soporte institucional a un interinato que ha logrado mantener algunos activos en el exterior, con todo y los problemas que han surgido, a salvo de que caigan en manos de Nicolás Maduro; y por otro lado, ha servido para mantener al único Poder Legislativo legítimo de Venezuela, producto de una elección popular auténtica”.
Como no se logró el objetivo del cambio político y que la Delegada sirvió para sostener al gobierno interino, la pregunta obligada entonces -y que está ya en el debate interno de la oposición- es si se justifica su continuidad por más tiempo. Rafalli advierte que esa discusión debe darse poniendo las consideraciones políticas por encima de las jurídicas. “Este es un problema político y la solución tiene que ser política”, puntualizó.
El segundo vicepresidente de la Delegada responde que sí se justificaría la prórroga pero si viene acompañada de una reforma profunda: “La continuidad de la Delegada es la continuidad del interinato, pero debe haber cambios. Y esto lo digo con un profundo ánimo de crítica constructiva: es necesario el replanteamiento del gobierno interino. Esa figura no puede seguir siendo un reparto burocrático del G4 que partidizó las instituciones que se hicieron para buscar el cambio y partidizó las directivas de las empresas en manos del iterinato”, dijo.
Berrizbeitia abogó por una “reestructuración tremenda” del gobierno interino acompañada de más amplitud que acabe con lo que calificó como “el ghetto del G4” en el que las diferencias de sus principales dirigentes permean a toda la estructura de ese gobierno interino y “han estado por encima de los intereses del país”.
Gobierno interino sin control
El ejercicio del control sobre el Ejecutivo es una de las tareas centrales del Poder Legislativo, en este caso representada por la Comisión Delegada. Esta función se ejerce a través de mecanismos como las comparecencias, las investigaciones parlamentarias, las declaratorias de responsabilidad política, la solicitud de informes específicos a los entes del Ejecutivo, el debate de las memoria y cuenta de los entes del Ejecutivo y las modificaciones al presupuesto anual presentado por este.
Sin embargo, la Delegada le dio poco peso e importancia a esta responsabilidad, lo cual fue público y notorio en procesos como las rendiciones de cuentas y el manejo de la crisis de la empresa Monómeros.
Las rendiciones de cuentas de los órganos que integran el gobierno encargado el pasado mes de julio fueron incompletas, tal como lo recoge el comunidado de Transparencia Venezuela publicado en octubre.
La Delegada no objetó que dichas rendiciones de cuenta se hicieran a destiempo (según la Constitución deben realizarse en el primer trimestre del año) y que no acudieran todos los entes que integran el gobierno encargado.
De hecho, de los entes que integran el gobierno encargado y que reciben presupuesto del Fondo para la Liberación de Venezuela, solo asistieron las juntas directivas ah hoc (BCV, Pdvsa, Citgo, Monómeros, CVG), el Consejo de Administración del Gasto, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Procuraduría Especial, pero nunca rindieron cuentas las comisiones presidenciales para Relaciones Exteriores, Ayuda Humanitaria, Recuperación de Activos y Contra el Terrorismo.
Tampoco el Despacho de la Presidencia, en manos de Guaidó, presentó un balance de su gestión a lo largo de este año ni lo hizo la Contraloría Especial nombrada en febrero de este año.
Adicionalmente, la Delegada no publicó en su web los informes de los entes que sí acudieron a presentar resultados.
Tardía intervención en Monómeros
Esa falta de control de la Delegada sobre el gobierno encargado tiene otro ejemplo en el caso Monómeros, pese a que la denuncia sobre las irregularidades en la administración de esta empresa y la partidización de sus actuaciones está sobre la mesa desde noviembre de 2019. En febrero de 2020 volvió a surgir la denuncia de la injerencia partidista en la conducción de la empresa. Luego en el primer trimestre de este año, los trabajadores de Monómeros lanzaron una nueva alerta sobre la crisis de la empresa.
Pero no fue sino hasta que la Superintendencia de Sociedades de Colombia dictó una medida de máxima supervisión y control en agosto de 2021 y la Comisión de Contraloría inició una investigación en septiembre que comenzó a revelar algunos entramados, cuando la Delegada reaccionó.
Esa reacción además de tardía ha sido hasta la fecha ineficaz porque desde comienzos de noviembre, cuando el tema finalmente se debatió en la Delegada, ninguna de las medidas propuestas por la comisión especial nombrada para esa investigación y aprobadas por la mayoría de los integrantes de la Delegada se han ejecutado:
- La declaratoria de la responsabilidad política de Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco en presuntos malos manejos y partidización;
- Redacción de unos nuevos Estatutos para la empresa Monómeros;
- La continuación de la investigación sobre las irregularidades;
- Y la contratación de una empresa internacional que se encargue del proceso de evaluación, recomendación, postulación y de todas las posiciones de primer orden de la empresa.
En cambio, para temas operativos como los nombramientos de directivos del BCV ad hoc, Pdvsa ad hoc y la propia Monómeros, además de una representante diplomática (Ecuador), que Guaidó hizo este año, la Comisión Delegada sí fue diligente.
Finanzas cuestiona, la Delegada no condena
También como parte de sus funciones de control, la Delegada recibió y aprobó cuatro informes de la Comisión de Finanzas en los que se solicitó la ampliación del Fondo de Litigios, el reconocimiento de deudas con escritorios jurídicos y la autorización de desembolsos para pagar dichas deudas.
Pero la Delegada pasó por alto, no investigó ni determinó responsabilidades, cuando la misma Comisión de Finanzas alertó que el gobierno encargado había realizado contrataciones de servicios de defensa judicial sin contar con el presupuesto para ello, lo cual se considera una irregularidad administrativa. Aunque posteriormente el exprocurador especial José Ignacio Hernández desmintió a Finanzas en una entrevista para Crónica.Uno, la Delegada no hizo ni un llamado de atención ante tales señalamientos.
Por otra parte, la Delegada presentó un informe elaborado por sus integrantes como parte de la gira nacional por 13 estados del país, que recogió las obras inconclusas y abandonadas por el chavismo en esas regiones. También recibió un informe del programa de asistencia social Madre María de San José.
Derechos de palabra
La Delegada concedió cuatro derechos de palabra este año a personas ajenas a su seno:
- A dos diputados argentinos en el marco de un debate sobre la decisión del gobierno de Alberto Fernandez de retirarse de la demanda contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional;
- Al Procurador Especial, Enrique Sánchez Falcón, quien solicitó a la Delegada responder a sus comunicaciones enviadas desde octubre de 2020 en las que pide asignación del presupuesto para el pago de los honorarios para la defensa de activos.
- Al profesor Luis Pedro España, coordinador de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2021) quien presentó los resultados del sondeo;
- Y a la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), quien dejó constancia del voto salvado de la fracción de las minorías de la AN en la aprobación del acuerdo e informe sobre Monómeros, por considerar que el procedimiento tuvo vicios de forma y de fondo.
La Delegada también designó tres comisiones especiales este año: una para que propusiera soluciones integrales al problema del gas doméstico en el país (29 de junio, presidida por Elías Mata); una comisión especial para hacer seguimiento al caso de Hugo Carvajal (28 de septiembre, presidida por Ismael García); y una comisión especial para investigar la situación de la empresa Monómeros (12 de octubre, presidida por Bibiana Lucas). Solo esta última presentó su informe en cámara.
Covid-19, medio ambiente y derechos humanos
En sus 12 meses de funcionamiento, desde diciembre de 2020 hasta el presente, la Comisión Delegada realizó 44 sesiones, incluyendo la sesión de instalación del 5 de enero de este año. Cuatro sesiones fueron bajo la modalidad semipresencial y el resto fueron virtuales. Los diputados dieron 72 debates sobre distintos temas y aprobaron 39 acuerdos. Veamos.
La Delegada debatió en 13 oportunidades sobre las distintas aristas y consecuencias del Covid-19 en la población, solo se aprobaron dos acuerdos parlamentarios en esa materia: el que declara la necesidad de que Venezuela entrara al sistema multilateral de asignación de vacunas Covax, y el que autoriza al gobierno encargado a solicitar a la OFAC la liberación de 30 millones de dólares para ese mismo fin, acceder a Covax.
Otros temas objeto de los acuerdos parlamentarios fueron:
- Política y democracia: la Consulta Popular de diciembre de 2020, rechazo a la designación de un nuevo CNE por parte de la Asamblea Nacional presidida por el PSUV, apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional, rechazo a la supuesta reforma judicial y legislativa emprendida por el oficialismo.
- Finanzas, gobierno encargado, control de activos: se aprobó un acuerdo para reconocer la deuda con los abogados que han llevado la defensa de los activos, se amplió el Fondo de Litigios, y se autorizó al BCV ad hoc y Pdvsa ad hoc a pagar sus deudas; además los diputados aprobaron un acuerdo sobre la situación de Monómeros.
- Derechos Humanos: aunque los diputados debatieron en 11 ocasiones sobre la situación de los derechos humanos de los venezolanos, solo aprobaron tres acuerdos en esta materia: uno en rechazo a la criminalización de las ONG, otro que declara la emergencia humanitaria de los pueblos indígenas; y un acuerdo en rechazo a la violación de los derechos humanos de los presos en el país.
- Protección del medio ambiente: de las ocho veces que el tema ambiental fue planteado en la Delegada, se produjeron siete acuerdos, entre ellos la declaratoria de la responsabilidad de Nicolás Maduro en el incumplimiento de las medidas para frenar el cambio climático; sobre la violación de los derechos ambientales delos venezolanos; en rechazo al ecocidio en Canaima; y en rechazo a la construcción de una ciudad comunal en el cerro Ávila de Caracas.
- Otros: además, los integrantes de la Delegada aprobaron otros acuerdos en materia de geopolítica interna y externa (Esequibo, Nicaragua, Zona Económica Militar), defensa de la mujer, migración, servicios públicos, defensa de las universidades y cultura.
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