El grupo de magistrados que la Asamblea Nacional designó en 2017 tiene la atención no en dictar sentencias sino en una disputa por ver quién los encabeza.

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio vuelve a dar de qué hablar, pero ahora no con sus sentencias sino con la disputa que ha estallado entre sus miembros por ver quién encabeza a la instancia que opera desde Estados Unidos.

El escándalo estalló el martes cuando un grupo de magistrados encabezados por Miguel Ángel Martín, hasta ahora presidente de la instancia paralela, emitió un comunicado donde denuncia la “autoproclamación” de una directiva encabezada por quien fuera hasta ahora su segundo de a bordo, el magistrado Antonio Marval.

El día anterior, Martín convocó una reunión plenaria para decidir sobre la directiva y un grupo de magistrados abogó por la alternancia, por lo cual el hasta ahora presidente decidió no postularse nuevamente, relató la magistrada Elenis Rodríguez en un escrito, donde también aseveró que algunos magistrados abogaron porque Marval conformara una directiva paritaria, en la que incluyera a miembros del equipo que estuvo con Martín, pero este se negó al “consenso”.

Visto que a la reunión plenaria solo asistieron, en cuerpo presente o vía Skype (no todos los 25 magistrados en el exilio están en el mismo país, sino que unos están en Estados Unidos, otros en Colombia y otros en Chile), 13 integrantes, Martín se retiró y dio por terminada la reunión, por considerar que no había quorum para sesionar. Sin embargo, los otros 12 presentes decidieron continuar y escogieron a Marval como presidente, a Pedro Troconis como primer vicepresidente, a Domingo Salgado como segundo vicepresidente y a Cioly Zambrano y Rubén Carillo como directores, respectivamente.

Horas después el grupo de Martín rechazó el nombramiento, por cuanto en el mismo no participaron los 17 magistrados que la Ley Orgánica del TSJ establece como quorum de asistencia mínimo para que funcione la Sala Plena.

La denuncia del saliente presidente fue respaldada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien lamentó que “instituciones de origen democrático incurran en similares malas prácticas de cooptación de poder y colusión de intereses”.

En contraposición la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, felicitó a los designados.

Falla de origen

La crisis no ha sorprendido a algunos expertos, los cuales vienen cuestionando desde el principio las actuaciones del TSJ en el exilio. Una de ellas es la abogada Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, para quien lo ocurrido envía un mal mensaje.

“Si estos magistrados lo que pretenden es crear un poco de institucionalidad y orden pues con este tipo de cosas no ayudan. Este tipo de eventos demuestra que no hay vena de institucionalidad”, afirmó.

Louza cuestionó el accionar de los magistrados que se encuentran fuera del país, primero por pretender erigirse en el máximo juzgado, cuando no lo son. “La Asamblea Nacional no eligió un nuevo TSJ sino que designó a los 13 magistrados principales y 20 suplentes que nombró la anterior Asamblea de manera inconstitucional y contraria a todos los procedimientos existentes”, dijo, al tiempo que agregó: “Han creado una suerte de organización y han dictado una serie de sentencias, aunque eso no tiene ninguna validez jurídica en Venezuela y han creado unas falsas expectativas que parecen mostrar que lo que les interesa es llegar al poder”.

La experta lamentó que los magistrados en el exilio no hayan seguido los pasos del Tribunal Russell, esa instancia que en la década de los 60 creó el filósofo Betrand Russell para enjuiciar los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en Vietnam; es decir, que se dedicara a “tratar de mostrar cómo debían ser las decisiones en un Estado de Derecho, pero de manera simbólica y pretendiendo ser un organismo con poder coercitivo”.

Desde el TSJ, por su parte, se mofaron de la situación. “Nos acusan a nosotros de estar politizados y acaso ellos no lo están. Se pelean por una silla que no existe”, señaló un magistrado.

«La oposición nos critica, pero ese adefesio de ellos es peor. Desde la propia preparación de sus supuestas designaciones incurrieron en violaciones gravísimas del orden jurídico; y una vez comenzaron a operar las continuaron. Por ejemplo, Martín, una vez cumplidos sus dos años, si fuese serio y eso fuera un tribunal de verdad, debió someter a designación la directiva en la primera Sala Plena luego de cumplir su período, sin utilizar argumentos baladíes como que ‘la situación del país impide que se distraiga la atención del tribunal en ello’«, agregó un magistrado suplente consultado por Crónica.Uno.

Desde el Bloque Constitucional, por su parte, abogaron porque se repita la elección y que otra directiva sea escogida en “aras de preservar el bien supremo, en este caso, la estabilidad constitucional y democrática del TSJ” en el exilio.


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