Los coordinadores de la ONG Redes Ayuda recalcaron que mientras el Gobierno ha intentado imponer una narrativa de falso progreso social en el país, la realidad contradice al poder “cuando dicen que tenemos libertad de expresión y aquí hemos documentado que eso no existe”.
Caracas. La censura, restricciones, la desinformación, problemas de conectividad y el acceso a internet se han consolidado como mecanismos de represalia de los organismos gubernamentales durante el 2022-2023. Esta es una de las conclusiones del más reciente informe de la Organización No Gubernamental Redes Ayuda.
Este lunes, 11 de diciembre, Redes Ayuda presentó su informe Voces censuradas: cuando la realidad contradice al poder. La documentación contiene datos de casos donde el Estado venezolano ha vulnerado derechos como la libertad de expresión, acceso a la información y la libertad de prensa en el espacio físico y digital en Venezuela durante el año 2022. Además, ofreció un balance de la situación del acceso a la información de enero a julio de 2023.
Durante la presentación del informe, Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, reveló que en el primer semestre de 2023 hubo un aumento de restricciones a la libertad de expresión.
“Desde enero a junio de 2023 se registraron 50 casos que vulneran la libertad de expresión en el país más en el ambito digital. Se puede ver que un caso no es nada en comparación a otras cifras, pero solo se contabilizó seis meses”, detalló Serrano.
Serrano expuso que durante el 2022 se verificaron un total de 48 casos de violaciones al ejercicio de la labor periodística en Venezuela. El activista digital precisó que estos casos representan 36% menos que en el año 2021. “En 2022 al menos 93 trabajadores de la prensa afectados y enfrentaron acciones represivas a manos de aquellas autoridades que se encuentra en el poder venezolano”, dijo.
Política de Estado
Nickole Quilarque, coordinadora de informes de Redes Ayuda, explicó que durante los últimos años los venezolanos han enfrentado una política de censura sistemática e integral, que ha planteado una serie de obstáculos para que los ciudadanos puedan acceder a información veraz y oportuna. Esto afecta tanto en medios de comunicación tradicionales como a los digitales.
“Durante el año 2022 se documentaron 49 casos de restricción al acceso de información en el espacio digital. Estos casos representan una disminución del 22% en comparación al año 2021”, señaló.
No obstante, Quilarque enfatizó en que esto no representa la disminución de la censura por parte del Gobierno. “Debemos tener en cuenta que estos casos ocurren bajo un contexto represivo y autoritario. De hecho, cuando hay mayores prácticas políticas, mayor será el proceso de hostigamiento y restricción hacia la prensa”.
Del mismo modo, detalló que existieron 29 casos de amenazas y hostigamientos a la prensa. Es decir, hubo un aumento de 7% en comparación al año 2021. “Documentamos 4 detenciones arbitrarias que se imputaron Ley Contra el Odio a personas que expresaron su opinión en redes sociales”.
Además, reveló que se registraron 34 cortes eléctricos que afectaron la conectividad a internet de forma temporal durante el 2022 en todo el territorio nacional. Los estados más afectados fueron Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo y Cojedes.
También destacó que este año se ha caracterizado el aumento del activismo político. En específico hicieron referecia a dos procesos: la primaria de la Plataforma Unitaria Democrática y el referendo consultivo sobre el Esequibo, lo que generó mayor hostigamiento y represalias. Pero las prácticas de censura cambiaron.
“Fueron cerradas alrededor de 107 emisoras en todo el territorio nacional,el dia de las elecciones primaria, la prohibición de Conatel a medios de comunicación con el fin de que no cubrieran el proceso, hubo bloqueo hacia páginas de internet y buscadores de centro de votaciones y siguió con la captura del director de la organización Sumate”, reseñó Serrano.
Asimismo, que los trabajadores de la prensa, activistas y defensores de derechos humanos han sido testigos de cómo durante años se ha implementado y reforzado una propaganda que busca imponer una narrativa de falso progreso económico y social en el país. Sin embargo “la realidad contradice el poder y eso quedó reflejado en nuestros informes”.
Restricciones al trabajo periodístico
Serrano acotó que los casos registrados contra periodistas y trabajadores de la prensa fueron por prohibición de ingreso a centros de salud. También documentaron restricciones al registrar protestas y limitaciones al cubrir hechos noticiosos. Un ejemplo de ello fueron la elección primaria de la oposición.
“Presentan restricciones al momento de hacer entrevistas, solicitud de mostrar y fotografiar sus documentos de identidad, se les ordena borrar material de sus equipos de trabajo, e incluso reciben amenazas de detención si continúan haciendo su trabajo”, denunció Serrano.
Asimismo, recalcó que los principales agresores de estos actos fueron los funcionarios de organismo de seguridad del Estado, trabajadores de empresas del Estado, grupos irregulares -conocidos como colectivos- y funcionarios de la administración pública.
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