Un informe elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, Cofavic y el Centro para los Defensores y la Justicia revela que entre 2018 y 2019 ocurrieron 121 agresiones contra quienes se dedican a denunciar las violaciones a las garantías fundamentales y acompañar a las víctimas en su lucha por justicia.
Caracas. Acompañar a las personas que han perdido a un familiar en una ejecución extrajudicial o por las torturas que recibió mientras estaba detenido en su búsqueda de justicia, o denunciar la falta de insumos en los hospitales e intentar que esta situación no se repita en Venezuela es un trabajo para valientes, pues conlleva muchos riesgos.
Así deja en claro el informe Venezuela, enemigos internos: la defensa de los Derechos Humanos bajo ataque, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). El texto denuncia que entre 2018 y 2019 ocurrieron en el país 121 ataques contra activistas pro garantías fundamentales.
En el reporte, de 85 páginas, las agrupaciones advierten que la cifra de actos contra quienes denuncian violaciones a los derechos humanos es mucho mayor y señalan al Estado como el gran responsable de tales violaciones, “ya sea mediante sus herramientas de comunicación como el portal Misión Verdad, que registra 31 % de los ataques documentados, o el programa de televisión Con el Mazo Dando, que registra 29 % de los ataques totales, o por medio de los cuerpos de seguridad, que abarcan 14 %”.
Los objetivos y los tipos de medidas
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y sus integrantes fueron los principales blancos de los ataques, de acuerdo con el reporte, en el cual se informa que las campañas de estigmatización o difamación, así como los actos de hostigamiento e intimidación fueron las acciones más empleadas contra los activistas.
Sin embargo, en el texto también se advierte que el repertorio de acciones contra los defensores se está ampliando, así como los objetivos.
“Las agresiones a personas defensoras se han extendido. De forma transversal se ha hostigado y perseguido a actores que realizan labores humanitarias o denuncias en relación con la crisis sanitaria y de salud, entre estos, profesionales de la medicina, enfermería, farmacología y nutrición; se practican allanamientos, detenciones arbitrarias y despidos injustificados de los centros de salud pública en los que estas personas hacen vida. Igualmente, líderes sindicales y líderes de comunidades organizadas alrededor de derechos laborales han denunciado actos de intimidación y represalias por su trabajo de denuncia y exigencia de derechos de las personas trabajadoras”, se lee en el documento, donde se deja en claro que los miembros de organizaciones especializadas a la promoción de los derechos humanos ya no son los únicos en riesgo.
¿El porqué de esto? El informe lo atribuye a que la agudización de la crisis y de la represión por parte de la administración de Nicolás Maduro ha provocado que muchas personas se hayan convertido de manera sobrevenida en defensores.
“No ha sido su elección forjar una trayectoria relacionada con la documentación, exigencia y promoción de Derechos Humanos ni tampoco planificaron o pretendieron diseñar un proyecto de creación de organizaciones de defensa de derechos humanos. Por el contrario, han forjado tal trayectoria luego de haber sido víctimas, tener familiares que fueron víctimas de abusos de sus Derechos Humanos, o habiendo sido testigos de la profunda afectación de los Derechos Humanos en las comunidades en las que se desenvuelven y hacen vida. En numerosos casos, ha sido la exigencia de derechos económicos y sociales básicos en el contexto de crisis humanitaria la que ha llevado al surgimiento de personas defensoras sobrevenidas que se han movilizado para defender tanto su dignidad y sus derechos como las de otros pertenecientes a sus comunidades”, se lee en el reporte.
Uno de los ejemplos que refieren es el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, cuyas denuncias sobre la crisis hospitalaria la han convertido en una activista y también en un blanco de la represión.
Oscuro panorama
Pero como si lo anterior no fuera suficientemente preocupante, en el reporte se denuncia que la primera vulnerabilidad que tienen los activistas y organizaciones es el marco legal, el cual por cierto podría ser endurecido en las próximas semanas, según anunció el presidente de la cuestionada Constituyente, Diosdado Cabello.
“Compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a introducir una solicitud la semana que viene ante el órgano plenipotenciario sobre la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de las ONG o personas particulares de otros países”, soltó precisamente en su programa Con el Mazo Dando, tras criticar a Provea.
En 2012 se aprobó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y de la Autodeterminación, la cual castiga a las agrupaciones civiles que reciban fondos del exterior y permite expulsar a los extranjeros que realicen declaraciones que se pueden interpretar como una “intromisión en los asuntos internos” del país.
Por si fuera poco el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado varios fallos cuestionando también que las organizaciones de la sociedad civil puedan recibir financiamiento extranjero y las notarías ponen pegas para el registro de nuevas agrupaciones.
Este coctel representa una violación del derecho fundamental y constitucional a la asociación y a la participación en los asuntos públicos.
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