Trabajadores de Corpoelec Lara han visto cómo han desmantelado sistemáticamente todas las oficinas y almacenes. Lamentan el extravío de material estratégico y desconocen si la gerencia de la empresa estatal ha hecho algo para evitar que siga desapareciendo la compañía y su simbólico sueldo, pues el resto de beneficios laborales ya no existe.
Barquisimeto. Una situación muy difícil viven los 700 trabajadores de la nómina de Corpoelec Lara, que han visto cómo esta empresa se ha venido abajo año tras año. Quienes laboraron en la otrora Enelbar, recuerdan con nostalgia que eran referencia de la calidad y rapidez en la prestación del servicio a las comunidades, además de sus beneficios laborales.
Fuentes que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, contaron a Crónica.Uno que Corpoelec Lara tiene dos grandes almacenes donde guardan todo el material y vehículos: el Luis H. Freitez para el equipo técnico, concéntrico, cables de 25 kV, transformadores, ubicado en la Zona Industrial I y el otro almacén, de aproximadamente dos hectáreas, se encuentra en la Zona Industrial III, detrás de Sidetur y está abandonado.
Precisamente este último es el más grande de Corpoelec Lara, donde además guardaban los carros chocados, transformadores viejos, bobinas con cables que no cabían en otro lado, el montacarga más grande que tenía la región –valorado aproximadamente en 45.000 dólares– y que, de acuerdo con los denunciantes, desapareció hace dos años sin saber si hubo denuncia ante las autoridades competentes, pues para movilizar ese vehículo se necesita un camión carga.
Había toneladas de material estratégico y documentación vieja (cada 10 años se desincorporan recibos de oficina y facturas de clientes). Este fue totalmente desmantelado hasta el punto de llevarse puertas, marcos, techos de zinc, todo”, dijo una de las fuentes.
Los empleados indicaron que para mover este material se necesitaba alrededor de un año. Se preguntan si realmente fue hampa común o no, ya que han reclamado en diversas oportunidades a la gerencia el retiro de los vigilantes.
En este almacén también se encontraban depositadas pipas de aceite dieléctrico, lubricante de bases minerales usado para el mantenimiento de transformadores y otras maquinarias de alto voltaje.
A principios de este año, se quemaron 35 pipas de este aceite en la subestación El Manzano, que podían servir para resolver el problema eléctrico a 350 comunidades larenses.
Suceso de la subestación El Manzano
Pasadas las 12:30 p. m. del 2 de febrero de 2021, los habitantes de Barquisimeto se alarmaron ante la gran cantidad de humo que salía de la subestación ubicada en Colinas de El Manzano, al sur de la capital del estado Lara. Más tarde se confirmó que era un incendio propagado hacia 35 pipas de aceite dieléctrico.
Este incidente produjo terror en Barquisimeto y fallas eléctricas durante dos horas en el sur, centro y oeste de la ciudad. También creó suspicacia entre los trabajadores, pues le tenían prohibido el acceso al patio de 25 kV, lugar donde se originó el evento.
Solo un trabajador estaba autorizado para mover el material de cualquier sede o subestación de Corpoelec Lara”, aclararon fuentes internas de la empresa.
De acuerdo con medidas estrictas de seguridad se deben mantener sin vegetación todas las instalaciones de la compañía eléctrica nacional, pero por información interna, en este patio de 25 kV el monte superaba el metro y medio de altura, sobre todo en el sitio donde estaban ubicadas las pipas.
“Se supone que una subestación debe estar limpia de monte y con piedra picada, y que Pica y Poda debe mantener limpios todos estos espacios. Ese monte se deja crecer para tapar las pipas que estaban en el edificio de la Zona Industrial detrás de Sidetur”, contaron.
Los empleados aseguran que las más de 30 pipas de aceite dieléctrico estaban selladas y el costo de cada una es de entre $700 y $1000. También afirman que se tenían “negociadas” con una empresa local y era el segundo cargamento porque en una primera instancia y presuntamente, fueron vendidas 18 pipas que las escondían en ese lugar.
“Cuando en Caracas vieron las imágenes del humo en la subestación se alertaron, porque El Manzano es la segunda subestación más importante de Lara. La primera es la de Barquisimeto”, aclararon.
Los denunciantes acotaron que desde Caracas preguntaron qué hacían esas pipas allí y por qué no estaban en el almacén, si después del almacén de Chacao, en Barquisimeto se encuentra el más grande de centroccidente.
Dijeron que ese aceite era desecho. Para el ciudadano común y corriente, eso puede pasar, pero nosotros como trabajadores sabemos que eso no se puede tener en una subestación”.
Aseguraron que para trasladar ese número de pipas hacia otro lugar debe haber un protocolo muy fuerte, “pero en un camión de Corpoelec con una firma autorizada, pasó rápido” comentaron.
Caso Municipio Torres
Otro de los centros afectados es el edificio Pastora, ubicado en el municipio Torres. Fuentes internas aseguran que despacharon al personal y al vigilante y la sede fue desvalijada por falta de operatividad. Los trabajadores aseguran que a la gerencia de esta sede no le interesaba tener personal allí, pues mandaban a trabajadores de Barquisimeto u otros, enviados por Luis Álvarez, gerente de esta zona para desmantelar las líneas “ociosas” en las fincas, tal como denunció Javier Oropeza, productor agropecuario de ese municipio.
En su momento, Oropeza, dueño de Agropecuaria Bariquigua manifestó que trabajadores de Corpoelec Lara andan en vehículos oficiales y que en muchas ocasiones se valen del llamado de los usuarios para “matar tigres”, con el fin de ver qué líneas de alta tensión están inactivas, aprovechando la ocasión para desmantelarlas.
Asimismo, se conoció que en el sector Las Veras un productor llamó a Corpoelec para que hicieran una reparación en su finca. Al culminar su labor, estos empleados se fueron a una propiedad contigua y desmantelaron una línea de alta tensión que iba a un pozo de perforación inactivo. El encargado de la finca reclamó y la respuesta fue que “tenían autorización”.
“¿Eso cuesta dinero?”, se les preguntó a los trabajadores y afirmaron: “Estamos hablando de 3000 a 4000 dólares por cada 100 metros. Cuesta muchísimo dinero porque entre poste y poste hay material que sostiene un banco de transformadores más el transformador”. También depende del tamaño o tipo de transformadores. Los usados para mover pozos de riego son más costosos.
Algunos empleados de Carora afirman que cuando se desmantela un centro, “cae aquel grupito de trabajadores auspiciado por los gerentes” para saquear y seguir quebrando a la nación. Es de allí que abandonan La Pastora y los almacenes y ahora no hay donde guardar el material.
¿Qué hay detrás de los cierres?
Los trabajadores se preguntaban: ¿Por qué se cierran las oficinas administrativas, los centros de trabajo y hasta la línea de atención al cliente? ¿Qué hay detrás de todos estos cierres?
Varios han afirmado que estas acciones tienen un fondo oscuro para mantener un control centralizado con unos pocos trabajadores para laborar horas extras y hacer negocios cobrados en dólares. “No hay manera de que un ingeniero de Corpoelec se mantenga con el salario que devengan en la empresa. Mucho menos con la bonificación que sabemos que cobran los gerentes de Corpoelec Lara que oscila entre 71 millones, 145 millones y 190 millones de bolívares por el módulo Patria”, comentó un trabajador.
Denuncian que por eso mantienen cerradas las oficinas y centros de trabajo en los que los empleados no se han prestado para cobros extras ilegales; ejemplo Aguada Grande, La Pastora, en el edificio Luis H. Freitez donde “solamente un grupito tiene acceso a sobretiempo y a las unidades. En Cabudare Argenis Lucena (jubilado de la empresa) trabaja con cuatro empleados para hacer todas las obras”.
Refieren también que en los municipios Simón Planas, Morán y Jiménez, los trabajos que llegan los ejecuta el mismo Departamento de Obras. En El Tocuyo, denuncian a Frank Lara, coordinador que, de acuerdo con los empleados, ha realizado trabajos a una famosa empresa de alimentos de esa localidad.
Recientemente los empleados conocieron el finiquito que se realizó con una empresa de transporte de valores y desmantelamiento de la Oficina Vargas, principal dependencia recaudadora del estado Lara, ubicada en Barquisimeto y de donde se llevaron una caja fuerte.
Explican que por el cierre de todas las oficinas de atención al público y la línea de atención al cliente, el usuario está obligado a ir al edificio Luis H. Freitez, para solicitar una inspección por Solicitud de Servicio.
La gente va y dice: necesito montar un transformador para una carnicería o voy a montar un cava cuarto y requiero más capacidad, o por cualquier construcción que se está viendo en la ciudad como, por ejemplo, los bodegones”, explicaron.
Los empleados indican que Corpoelec tiene un monto establecido para los servicios en el ámbito nacional que se pagan de acuerdo con lo indicado en una Solicitud de Servicio, pero denuncian que el jefe de Ingeniería y Construcción le informa al cliente que puede cancelar un monto extra para generar la solicitud y agilizar los procesos en Caracas. “Cuando hacen eso cada quien va comiendo”, alertan.
Presuntamente, al cliente aceptar pagar esa cantidad, se incluye el canon nacional que por lo general son 17 millones de bolívares, comienza el proceso de pagos extras a Obras y Energizado, entre otros departamentos. Según trabajadores que laboran con los altos jefes, todos los días sale una obra y por cada una se cobran 400 dólares.
“En las oficinas generaban las Solicitudes de Servicio, las reportaban y les hacían seguimiento. No había manera de que cobraran vacunas como lo hacen ahora los jefes de Redes, Planificación, Distribución, un ex jefe jubilado de Cabudare y el gerente general”, informó un trabajador de Obras.
Los afectados aseguran que una trama de corrupción gigantesca se maneja en Lara y quieren que los gerentes nacionales la conozcan.
“No sé si se ha reportado como hampa común el desmantelamiento que ha habido en las oficinas comerciales y los centros de trabajo”, dice un obrero que afirma que miles de metros de cables de 25 kVy carros que estaban recuperables han sido negociados.
Desincorporación de los vehículos de la empresa
De acuerdo con lo conversado por los trabajadores, la compañía del Estado presuntamente le paga a una empresa para que se lleve los vehículos como chatarra.
“Carros que les faltaba el tren delantero, una puerta chocada, que les faltaba arreglar la caja, algunos solo les faltaba la batería o un tripoide y no los desincorporaban del centro. Era lo que se tenía que hacer. Le pagaban a alguien para que los repotenciara, ese alguien los arreglaba y los vendía”, informaron mientras desconocen el paradero de un cementerio de vehículos que estaba en el edificio Fermín Sánchez de Barquisimeto.
Los trabajadores afirman que se ve la trama de corrupción, pues los gerentes prefieren tener el material guardado para comercializarlo, que atender a las comunidades y por ello solicitan que se abra una investigación a nivel nacional de los hechos que están denunciando.
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