Padres y familiares de los jóvenes asesinados en las protestas de 2017 denunciaron que apenas son cinco los casos que han pasado a la fase de juicio. Los demás siguen en etapa de investigación. Estas personas enfrentan “retrasos, obstrucciones y violaciones del debido proceso, que determinan un patrón por parte del sistema de justicia venezolano”, expresaron los familiares.
Caracas. Han pasado dos años y ocho meses desde que fueron asesinadas más de 150 personas —según datos del Observatorio Venezolano de Violencia— en las protestas de 2017. Los padres y familiares de estos jóvenes no necesitan un día especial para reclamar investigaciones, derechos, juicios justos para sus hijos, reparación y la no impunidad y repetición de estos hechos.
Pero este lunes, cuando se cumplen 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, padres y madres decidieron ir a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para recordar los asesinatos de Juan Pablo Pernalete, Fabián Urbina, Nelson Arévalo, Augusto Puga, Manuel Sosa, Miguel Castillo, Yorman Bervecia, Rubén Darío González, Luis Guillermo Espinoza, Leonardo González, Daniel Queliz, Yonier Peña, Roberto Duran, entre otros.
En el PNUD entregaron una carta a los representantes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde exponen: “Retrasos, obstrucciones y violaciones del debido proceso que determinan un patrón por parte del sistema de justicia venezolano”.
Carmen Elena Bracho, mamá de Miguel Castillo —asesinado en Las Mercedes en mayo de 2017—, informó que solo cuatro casos (David, Kelly, Iván, Fabián) están en etapa de juicio, todos los demás continúan en fase de investigación. Por esta razón, los padres de estos jóvenes decidieron formar un comité de víctimas denominado Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic).
“Nuestras audiencias las posponen, los cuerpos de seguridad implicados no entregan la información que les solicita el Ministerio Público y la institución no termina de actuar con firmeza”, dijo Bracho.
Tras los asesinatos, los padres y familiares viven “un luto permanente”, dijo Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete. Y explica: “Aparte del dolor que llevamos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso para que desistamos. Los casos de investigación están paralizados, no hay avances”.
Bracho señaló que desde octubre de 2017 —año en que llegó Tarek William Saab al MP designado por la Asamblea Nacional Constituyente— las investigaciones no se han adelantado.
Meses antes, el 24 de mayo de 2017, el Ministerio Público en manos de Luisa Ortega Díaz imputó a 19 funcionarios policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, entre otras. Quedaban pendientes 18 órdenes de captura por ejecutar.
Ese día, Ortega aseguró que la muerte de Pernalete se produjo al ser impactado en el tórax por una bomba lacrimógena.
Desde marzo de 2018 han denunciado las irregularidades en el debido proceso ante organizaciones internacionales. Esto ha generado que sean víctimas de persecución, amedrentamiento, intimidación, sobornos para desistir de los casos.
También han sido convocados por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. “A algunos de los padres nos han llamado, pero no hemos asistido. Tenemos entendido que ofrecen recompensa económica. Pero nosotros queremos que salga la verdad”, expresó Pernalete.
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