La Sociedad de Pediatría alertó sobre las “visitas” realizadas por el Sebin a la residencia, al hospital y a la consulta privada del médico Feder Álvarez, secretario del Colegio de Médicos Aragua y luego que se pronunciara sobre la muerte de 8 personas por intoxicación con yuca amarga.
Maracay. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaría amedrentando y persiguiendo al médico pediatra, Federa Álvarez, secretario del Colegio de Médicos de Aragua y profesor de la Universidad de Carabobo, con el propósito de detenerlo. Así lo advirtió la Sociedad Venezolana de Pediatría en un comunicado dirigido este viernes 16 de febrero al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la República, Alfredo Ruiz y Tarek William Saab, respectivamente.
En el documento, la Sociedad de Pediatría, refiere que el Sebin habría realizado algunas “visitas” al hospital, al consultorio y a la residencia del doctor Álvarez, sin órdenes de un tribunal, con la “clara intención de amedrentarlo, luego que cumpliera con su deber de alertar a la población sobre el consumo de la yuca amarga”.
La organización exhortó al Defensor del Pueblo y al Fiscal General a interponer sus buenos oficios a favor del médico pediatra, quien en el cumplimiento de su deber, alertó sobre los riesgos y consecuencias del consumo de la yuca amarga y que devino en la muerte de 8 personas, 6 niños y 2 adultos en apenas 4 días, luego de haber ingerido el tubérculo.
“Es deber del médico alertar a la población sobre algún situación que ponga en peligro a la comunidad y ésta es una de esas situaciones en las que el Estado y los organismos “responsables” de la salud deben advertir sobre el consumo peligroso de este tubérculo”, señaló el comunicado.
La Sociedad de Pediatría repudia cualquier persecución contra los médicos que no hacen otra cosa que cumplir con su deber y solicitan a ambos funcionarios a realizar las investigaciones pertinentes y sobre todo, proteger la integridad física y moral del doctor Feder Álvarez y garantizar su libertad plena toda vez que no ha cometido ningún delito.
Como se sabe, desde el pasado 9 de febrero, se reportó el ingreso al hospital “José María Benítez” de La Victoria, de varios grupos familiares con evidentes síntomas de intoxicación alimentaria y que de acuerdo a los diagnósticos médicos, fue el resultado de la ingesta de yuca amarga, que además produjo un lamentable saldo de 6 niños y 2 adultos fallecidos en un lapso de 4 días.
Desde que se tuvo conocimiento de la alerta sanitaria hasta el momento, ninguna autoridad nacional o regional se ha pronunciado al respecto, pese a los intentos de periodistas y medios por obtener respuesta de los entes y funcionarios correspondientes.
A partir del martes 13 de febrero, cuando ya se registraban 4 muertes por intoxicación, Crónica Uno obtuvo información extraoficial que comisiones del Sebin y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), habrían acudido al hospital de La Victoria para interrogar al personal médico y de enfermería, además de revisar videos obtenidos de las cámaras de seguridad del hospital y determinar el origen de imágenes y videos que daban cuenta en los diferentes medios tradicionales, digitales y redes sociales, de la emergencia que se produjo en ese centro asistencial, a raíz de la intoxicación de al menos 35 personas, de las cuales 8 murieron.
Estas actuaciones por parte de los organismos de seguridad e inteligencia en contra del médico Federa Álvarez, se asemejan a las que en septiembre del 2014 realizara el Sebin en contra del doctor Ángel Sarmiento, para entonces presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, tras la denuncia que realizó sobre las ocho muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay, por una “extraña enfermedad”. La denuncia del doctor Sarmiento originó una persecución en su contra que finalmente lo obligó a exiliarse por la amenaza de detención que aún existe en su contra.
La Sociedad de Pediatría repudia en este momento el amedrentamiento contra uno de sus agremiados, que no ha hecho otra cosa que “cumplir con su deber pese a las deplorables condiciones de los hospitales públicos en las que labora el personal médico para preservar la salud de los ciudadanos”.
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