Las elecciones parlamentarias del próximo 6-D serán la culminación de un proceso que inició en el TSJ con la omisión legislativa para designar un nuevo CNE y que ha tenido irregularidades como el cambio arbitrario de la normativa electoral, la intervención de los partidos políticos y hasta la eliminación del voto directo para las comunidades indígenas, entre otras cosas.

Caracas. Poco más de seis meses han trascurrido desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarara una vez más la omisión legislativa en la Asamblea Nacional (AN) para poder designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). La polémica y las irregularidades que marcaron aquel proceso no fueron únicas y, de hecho, han sido una constante en el camino hasta llegar al 6 de diciembre, fecha en la que se “elegirá” en votación un nuevo Parlamento.

En esta primera entrega de un trabajo en dos partes, en Crónica.Uno haremos un recuento sobre lo que fue la forma en la que se designaron las nuevas autoridades del CNE y cómo se judicializaron una cantidad sin precedente de partidos políticos.

Violación a la Constitución y polémica por el nuevo CNE

A pesar de que en la AN existía un Comité de Postulaciones que contaba con la presencia de los diputados del chavismo que se reintegraron al Poder Legislativo como parte de los acuerdos dentro de la Mesa de Diálogo Nacional, esto no evitó que el 5 de junio la Sala Constitucional designara por quinta vez en menos de dos décadas a los nuevos rectores del CNE, quienes, una vez más, en su mayoría tienen vínculos con el chavismo.

Indira Alfonzo, Gladys Gutiérrez, Tania D’Amelio, José Luis Gutiérrez y Rafael Simón Jiménez fueron las nuevas caras que llegaron al órgano comicial con la misión de no solo organizar nuevas elecciones parlamentarias sino también de “rescatar la confianza en el voto”.

La respuesta opositora llegó a los días siguientes: la AN encabezada por el diputado y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, anunció que continuaría con el proceso para designar rectores a través del Comité de Postulaciones (algo que nunca ocurrió). Además los partidos que lo apoyan anunciaron que no participarían en las elecciones parlamentarias.

La nueva directiva inició actividades el 15 de junio, cuando se instaló en la sede del CNE y en apenas dos semanas, el 30 de junio, llevó a cabo una serie de reformas que violaban la Constitución de la República, dos de las más importantes fueron el incremento del número de diputados de 167 a 277, y la creación de una “Lista de Adjudicación Nacional” en la que 48 diputados serán electos sin representar una entidad federal. Ambos cambios violaron el artículo 186 de la Carta Magna.

Artículo 186 de la Constitución

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del 1,1 % de la población total del país.

Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.

Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

El 186 no sería el único artículo de la Constitución violado por el CNE en el camino a las elecciones de diciembre, también y, en mayor medida, se violó el artículo 298, que prohíbe realizar cambios a la normativa electoral en los seis meses previos a cualquier elección.

Artículo 298 de la Constitución

La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.

Para el 1° de julio, la nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, convocó a una rueda de prensa en la que leyó un documento en el que daba fecha para las elecciones parlamentarias del 2020: serían el 6-D.

Otra polémica que surgió en el seno del nuevo CNE fue la renuncia del entonces rector Rafael Simón Jiménez quien el 6 de agosto se separó de su cargo. De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) su cargo debió ser para su suplente, Juan Carlos Delpino. Sin embargo, una vez más el TSJ intervino directamente y designó a Leonardo Morales.

La designación de Morales violó no solo el artículo 13 de la LOPE, sino también el artículo 9 ya que establece en su numeral 4 que uno de los requisitos para ser rector electoral es “no estar vinculada o vinculado a organizaciones con fines políticos”. Días antes de ser nombrado rector, Morales fue miembro de la junta directiva de Avanzada Progresista.

La arremetida contra los partidos de oposición… y del chavismo

La judicialización de los partidos políticos de la oposición no es algo nuevo, ocurrió en el 2013 contra Bandera Roja y luego el 27 de agosto de 2019 con Copei. Sin embargo, nunca se había visto en tal medida como se vio en los meses previos al 6-D.

Comenzó el 15 de junio con la intervención de Acción Democrática (AD) el cual fue entregado a Bernabé Gutiérrez (hermano del rector del CNE designado por el TSJ, José Luis Guitérrez), pero no se detuvo ahí: el 16 de junio le tocó a Primero Justicia (PJ), y el 7 de julio a Voluntad Popular (VP) que pasó a manos de José Gregorio Noriega.

Con AD y PJ intervenidos, la Asamblea Nacional Constituyente “autorizó” la participación de estas organizaciones en las elecciones parlamentarias, esto a pesar de que anteriormente, en 2017, fue la propia ANC la que les negó la participación obligando a los partidos de oposición a tener que revalidarse para tomar parte de los comicios si antes habían optado por abstenerse de participar en algún proceso electoral. Para el 21 de julio la lista se amplió aún más cuando el CNE permitió a VP participar en el 6-D.

Para agosto, parecía que el Gran Polo Patriótico (GPP) acudiría a elecciones en una situación ideal. Sin embargo, molestias a lo interno de los partidos chavistas ocasionaron un quiebre de esta alianza, dando espacio para el nacimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que inicialmente contaba con las tarjetas del Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y Tupamaros.

Poco duró ese trío de tarjetas en manos de la APR ya que la misma vara que se usó para golpear los partidos opositores también se usó para los partidos chavistas disidentes. Tupamaro y Patria Para Todos fueron rápidamente judicializados y en sus directivas se colocaron fichas que favorecieron mantener las organizaciones dentro del GPP, lo que dejó al PCV como el único partido de la APR con una tarjeta para el 6-D.

De hecho, en una campaña electoral que se ha distinguido por una hegemonía mediática casi absoluta a favor de los candidatos que apoyan a Nicolás Maduro, ninguna coalición ha sido tan afectada como la APR, cuyos militantes han sido golpeados, despedidos, y vetados de cualquier aparición o cuña en los medios públicos y televisoras privadas. Esto en un contexto en el que inclusive se han realizado «debates» entre candidatos del chavismo y algunos partidos opositores.

La lista de partidos intervenidos previo al 6-D la completan Bandera Roja (BR), Nueva Visión País (Nuvipa), Acción Ciudadana En Positivo (que pasó a llamarse Primero Venezuela), MIN-Unidad (que pasó a llamarse Venezuela Unida) y Compromiso País (Compa). El único partido intervenido que se “salvó” de la imposición de autoridades fue PJ ya que el 4 de septiembre el TSJ revirtió la medida que había tomado con el partido, esto como parte de una iniciativa que buscaba la participación de este partido y de Henrique Capriles Radonski en las elecciones.


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