El edificio Karam, una joya arquitectónica víctima de las invasiones en el centro de Caracas

El lobby del Karam, cuyo nombre corresponde al apellido de la familia propietaria, es prácticamente de mármol y sus detalles son una demostración del lujo típico de los años 50, una época que marcó la historia de las construcciones en Venezuela, específicamente en Caracas.

Caracas. Los padres de Ana Montilla* se rieron de ella cuando en la década de los 80 se graduó de bachiller y les dijo: “Me voy a la ciudad porque quiero ser abogada”. Y lo hizo. Al poco tiempo Ana se mudó a Caracas desde Barinas y empezó a estudiar Derecho en la Universidad Santa María. En 1995 se graduó. Doce años después, luego de trabajar un tiempo para el Estado y en escritorios jurídicos, logró comprar su propia oficina en el edificio Karam, de la avenida Urdaneta, municipio Libertador de Caracas.

El edificio Karam, terminado y ocupado en 1950, no se parece a otro edificio del centro caraqueño. El estilo arquitectónico de esta edificación es tan único en la zona que hace que solo se pueda comparar con el Rockefeller Center de Estados Unidos. Esto tiene que ver con que el arquitecto encargado de esta obra, el norteamericano Arthur G. Mayger, quien concibió este proyecto como una versión miniatura del emblemático edificio de la ciudad de Nueva York, según reseñó el portal Ccscity450, proyecto enfocado en la investigación del paisajismo de la ciudad.

El lobby del Karam, cuyo nombre corresponde al apellido de la familia propietaria, es prácticamente mármol de colores negro y gris, y cuyos acabados son una demostración del lujo típico de los años 50, una época que marcó la historia de la infraestructuras en Venezuela, específicamente en Caracas, que incluyó obras como el Hotel Humboldt y las torres del Centro Simón Bolívar.

A pesar de que habían pasado más de 50 años, toda la estética del Karam llamó la atención de Ana cuando en el año 2007 decidió comprar su primera y única oficina. Además del hecho de que, debido a la ubicación del edificio, como abogada tenía cerca parte de lo que su oficio amerita: los tribunales y la Fiscalía.

El Karam tiene ocho pisos y más de 150 oficinas y locales. Muchos actualmente están vacíos o inactivos, pero otra parte está invadida, situación que ha modificado en muchos aspectos su infraestructura original. En al menos cuatro pisos existen ocupaciones ilegales, según declaraciones de un grupo de propietarios afectados, quienes temen perder sus propiedades. Entre estos se encuentra Ana, quien, a pesar del miedo de convivir con estos ocupantes, va a trabajar a su oficina, aunque ya no con la misma frecuencia ni en el mismo horario en que lo hacía antes.

Los vecinos han tenido que poner rejas en algunas escaleras para evitar el paso de los ocupantes ilegales hacia otros pisos

Ana solía llegar a su oficina de más de 50 metros² a las 6:00 a. m. y se iba a las 9:00 p. m., ahora llega a las 8:00 p. m. y se va más tardar a la 1:00 p. m, además no tiene internet ni línea telefónica desde 2020, y sin respuesta de Cantv sobre qué pasó. Los reportes que ha introducido, al igual que los del resto de los propietarios que están en la misma situación, no fueron atendidos por la empresa estatal de telecomunicaciones. “Nosotros presumimos que se robaron las líneas y se las otorgaron a los invasores”.

Ana trabajaba con un grupo de más de 12 abogados, la mayoría eran estudiantes a quienes daba su primera oportunidad laboral dentro de su oficina. “Nosotros éramos una familia, muchachos recién graduados que venían a trabajar aquí conmigo. Teníamos hasta 20 causas nuevas por mes, las dividía entre quienes iban a responder por cada juicio, pero siempre yo al frente. Y al final siempre cobramos todos por igual”, relató Ana.

Ahora Ana acude al Karam con miedo y nervios desde hace al menos dos años, siempre va acompañada de algún conocido o familiar por seguridad ante los invasores, con quien más de una vez ha cruzado palabras. “No les tengo miedo ni les voy a regalar mi oficina”, son comentarios que les ha dicho Ana a los ocupantes durante las confrontaciones verbales. De igual forma teme que un día no pueda ingresar a su oficina o encontrarla desvalijada, como ha encontrado otras oficinas cercanas a la de ella.

Ana desde hace algún tiempo tomó la previsión de sacar la mayoría de las cosas de más valor económico: computadoras, teléfonos, microondas, libros, entre otras cosas. Pero para ella todo allí dentro tiene valor: los juguetes que usaban sus hijos cuando eran pequeños y los llevaba a la oficina porque no tenía con quién dejarlos al cuidado. Los tacones que utilizaba para ir a un juicio, aunque ya no los puede usar por sus problemas de salud. Los miles de expedientes que tiene en su archivo personal de todos los clientes que ha representado desde que ejerce el Derecho.

Al caminar por su oficina, ahora sola y a oscuras, sin ninguno de los otros tantos abogados a quien dio la oportunidad de trabajar allí, Ana llora mientras expresa: “Esta es mi oficina, no me la robé, la compré con muchísimo esfuerzo y es el patrimonio de mis hijos y no se las voy a regalar”.

Dentro del edificio Karam también existen oficinas que pertenecen a entes públicos, como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), las cuales, según declaraciones de propietarios particulares del Karam, se encuentran ocupadas por al menos 25 personas, la mayoría mujeres y niños que conforman unas siete familias que viven allí, presuntamente bajo el consentimiento de las autoridades del Inces desde hace unos dos años, a pesar de que estos espacios fueron pensados como oficinas o locales comerciales y no como viviendas.

Dentro de las oficinas no hay baños, los baños estaban afuera y eran públicos, pero estas personas han ido transformado los espacios, incluso existen filtraciones debido a las tomas ilegales de agua”, detalló María Salas*, otra propietaria de una oficina dentro del Karam.

Vecinos organizados

Los propietarios organizados también detallaron que las tomas ilegales dentro del edificio empezaron hace al menos cuatro años. Sin embargo, se incrementaron durante la cuarentena decretada en el año 2020 y en 2021 se registraron más de siete intentos de ocupación ilegal, siendo el más reciente en diciembre de ese año, cuando frustraron la invasión con ayuda de funcionarios de la Policía de Caracas, pero los propietarios denuncian que estas personas no fueron imputadas por las autoridades.

Esa vez, como en otras ocasiones, llegaron personas diciendo que iban a hacer una inspección, además lo hicieron utilizando indumentaria de funcionarios públicos. Es muy difícil para nosotros saber quién es o quién no funcionario de las distintas instancias gubernamentales que aparecen por aquí diciendo que van a inspeccionar. Según nos dijeron los funcionarios policiales, una llamada no permitió que se llevaran detenidos a los invasores”, expresó Mirna Fernández*, propietaria del Karam.

Desde entonces han denunciado ante el Ministerio Público, Cicpc, Alcaldía de Caracas, Defensoría del Pueblo y la Jefatura del Gobierno del Distrito Capital, entre otros. La más reciente denuncia fue este jueves 3 de febrero durante una manifestación junto con otros afectados por ocupaciones ilegales en Caracas frente a la Defensoría del Pueblo en donde entregaron una carta al defensor Alfredo Ruiz para que se pronuncie sobre el tema.

“Nosotros pensamos que en 2022 podrían bajar las estadísticas, pero superamos la decena de intentos de invasiones”, declaró Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas (FDNC), y señaló que manejan una cifra de 12 intentos de invasión en el municipio Libertador de Caracas en lo que va de enero.

Las parroquias del municipio más afectadas por esta práctica, según datos del FDNC, son Altagracia, Catedral, Candelaria, San Bernardino y San Agustín, las cuales están hacia el centro o al norte de Caracas. A estos últimos intentos de expropiación de propiedades privadas se sumó también la parroquia Caricuao, donde recientemente el FDNC denunció el intento de invasión de un apartamento. Con respecto a qué tipo de inmuebles son más vulnerables dentro del municipio, Rojas comentó que no solo son los apartamentos o las viviendas sino también locales comerciales y oficinas.

Puede ser que a través de las protestas de los vecinos generemos la presión para el desalojo, pero estos invasores no son imputados por el Ministerio Público, entonces ahí la Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad, hasta ahora no tenemos casos de que haya habido imputación por el delito de invasión que tiene penas de cinco a 10 años, según el Código Penal”, comentó Rojas.

Durante el año 2021, el FDNC contabilizó al menos 93 intentos de apropiaciones ilegales de inmuebles dentro del municipio Libertador, de los cuales Rojas aseguró que 70 % no se concretaron debido a la presión de los vecinos organizados de las comunidades involucradas.

Sobre las denuncias formales ante las autoridades, Rojas comentó que, en varios casos, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) actuaron en el momento del intento de invasión. Sin embargo, en otros casos específicos, los afectados denunciaron ante la dirección de Investigaciones Penales de la PNB, acudieron a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pero no hubo respuestas.

Según estadísticas del FDNC, 25 % de las edificaciones en Caracas se encuentran con inmuebles vacíos.

El fenómeno de las invasiones es parte de un negocio criminal que cuenta con la complicidad de los organismos estatales. A pesar de que las ocupaciones ilegales a propiedades sean consideradas como un delito en el sistema penal venezolano, los colectivos operan de manera impune en la ocupación de bienes de corte residencial o comercial, para luego lucrarse de manera ilícita”, declaró Fermín Mármol, abogado criminalista, para InSight Crime con respecto al tema de las invasiones.

*Los nombres de los propietarios son ficticios a petición de los entrevistados