Los funcionarios de Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto fueron sentenciados a 30 años de prisión, sin embargo, no se ha investigado ni juzgado la cadena de mando que ordenó este crimen.
Caracas. Por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo el tribunal 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas sentenció a la pena máxima de 30 años a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto.
Sin embargo, ONG nacionales e internacionales han solicitado que se investigue y sea juzgada la cadena de mando que dio las órdenes al teniente Tarascio y al sargento Zárate para cometer este delito.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dgcim por estar supuestamente vinculado al fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Sus familiares denunciaron que estuvo desaparecido forsozamente por varios días y su abogado Alonso Medina Roa, quien representa a la familia del capitán, afirmó que al llegar a los tribunales militares el 29 de junio presentaba visibles signos de tortura y murió en el Hospital Militar, sin ser presentado ante el tribunal porque no podía mantenerse en pie ni hablar.
La información de que los funcionarios de la Dgcim Tarascio y Zárate Soto fueron condenados por homicidio calificado y torturas fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien representa a la familia del capitán Acosta Arevalo, ayer viernes 4 de febrero, en su cuenta de Twitter.
En octubre de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación del Ministerio Público contra los acusados alegando que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la víctima del delito.
El fiscal Tarek William Saab, anunció ese mismo mes que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad de los delitos de homicidio y tortura.
La anterior acusación de “homicidio preterintencional con causal” exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron en su momento, activistas de derechos humanos.
El caso del asesinato y tortura del capitán Acosta Areávalo fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela y también forma parte de las acusaciones hechas contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía abrió una investigación.
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