Según el informe anual de Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia, se registraron 1120 muertes violentas en el país; de esta cifra, 68 menores de edad fueron asesinados bajo el móvil de resistencia a la autoridad.
Caracas. 1120 niños, niñas y adolescentes murieron por causas violentas en Venezuela durante el 2019, según el informe anual de Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La principal causa fueron los homicidios, con 425 víctimas.
Miranda es el estado donde ocurrieron más homicidios (79 víctimas). Le sigue Zulia (50) y Bolívar (37). Miranda incluye a los municipios sometidos a la violencia delictiva por larga data y es la segunda entidad más poblada del país.
Para reducir los homicidios es importante evitar que los civiles tengan acceso a las armas de fuego y municiones. Muestra del gran acceso a las armas que hay es lo que se ha vivido recientemente en Petare, en más de cinco días de enfrentamientos”, explicó Gloria Perdomo, coordinadora del OVV.
El segundo móvil que registró más fallecidos fueron los suicidios. Unos 88 menores de edad se quitaron la vida; 81 de ellos eran adolescentes, entre 12 y 17 años, y siete menores de 11 años.
Roberto Briceño León, director del OVV, explicó que las causas de suicidios ya no son particulares sino que se trata de condiciones generales, situación que les llamó la atención durante la elaboración del informe.
En los adolescentes hay un elemento muy particular que debe estar contribuyendo y es pérdida del sentido, tienen un sentimiento de soledad que los podría conducir al suicidio, desde el punto de vista social y colectivo hay que determinar qué está afectando”.
Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja desde mediados de 2015. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se considera que un país está en crisis humanitaria cuando hay ruptura total o considerable de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá de la capacidad de un solo organismo.
Entre las causas detectadas para que los menores de edad se quiten la vida, se encuentra la sensación de abandono, sobre todo, en los adolescentes. Muchas de las víctimas han dejado la escuela porque sus padres emigraron o porque no les podían costear los estudios.
Gloria Perdomo aseguró que la cantidad de suicidios quiere decir que algo muy grave pasa en la escuela, en la comunidad y en la familia para que las víctimas tomen esta decisión.
“No contamos con servicios de sanidad mental para prevenir esta situación, no hay programas de monitoreos de la salud mental por parte del Estado y tampoco hay acompañamiento para evitarlo”.
Aunque el ahorcamiento fue el método más común, ya que 64 adolescentes y seis niños y niñas fallecieron de esta forma, llama la atención que siete adolescentes se suicidaron usando armas de fuego.
Perdomo instó al Estado a crear programas de prevención y acompañamiento, y a publicar cifras, esta es la única forma de tomar medidas.
“Hace mucho tiempo hacíamos una investigación de la situación de los niños en Petare y detectamos que había una cifra elevada de suicidios. Luego de investigar nos dimos cuenta de que las causas eran el fracaso escolar y los problemas en la familia, y que además usaban veneno. Ahondamos más y descubrimos que se evenenaban porque los buhoneros vendían veneno en la salida del Metro de Petare. Esto nos sirvió para tomar medidas, por eso es importante la publicación da datos y cifras”.
Muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado
67 niños y adolescentes, y una niña de seis años, murieron en hechos de “resistencia a la autoridad”, así las han catalogado los cuerpos de seguridad. Esta categoría es utilizada por los cuerpos policiales para referirse a las cifras de personas muertas en enfrentamientos.
Sin embargo, Roberto Briceño León indicó que durante la investigación los familiares reseñaron que los policías irrumpían en las casas sin orden judicial y les disparaban a las víctimas, sin registrarse enfrentamiento. Quiere decir que muchos casos podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Estas cifras deben ser sometidas a investigación porque de lo contrario tienen que ser calificadas como homicidios. Por ejemplo, el Estado debe explicar el caso de la niña en Delta Amacuro, de seis años, que murió cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra una embarcación de indígenas, el 6 de mayo de 2019.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, son el cuerpo que está principalmente involucrado en estos casos, les siguen la GNB y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Briceño León añadió que desde que se decretó la cuarentena nacional, el 17 de marzo de 2020, por la llegada de la COVID-19 al país, se han incrementado las violaciones de los funcionarios.
“Si estos jóvenes están solicitados lo regular es que se investigue, conforme a las leyes. La misión de los funcionarios (en cambio) es llegar a la vivienda y matar a esa persona, cuando se debe investigar”, agregó Perdomo.
539 muertes de menores de edad están en averiguación
De las 1120 muertes violentas que se registraron en 2019, 539 están en investigación. Esta tipificación se refiere a la sospecha de un hecho violento que termina calificado como un accidente.
Gloria Perdomo explicó que es un grueso importante en las cifras cuyas causas se desconocen y, por lo tanto, no se pueden generar políticas públicas para evitarlas. Tampoco se sabe quiénes son los responsables.
En tanto, Carlos Trapani, abogado y coordinador de Cecodap, exigió al Estado que reconozca la violencia, que fortalezca el Estado de Derecho y que se respeten los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como de la población en general.
“La violencia no debe normalizarse, hechos como los de Petare lo demuestran. Hay necesidades básicas de los niños y cuando una comunidad no tiene accesos a los alimentos, a los servicios públicos como el agua o la luz, la violencia se cuela y afecta a muchas familias. El contexto en el que se encuentra Venezuela tiene una relación determinante contra la violencia de los niños, no solo para ser víctimas sino para ser victimarios”.
Aseguró que no basta tener protocolos ni guías de atención si el personal de protección no tiene las herramientas adecuadas antes, durante y después de un hecho violento. Los Consejos de Protección al Niño, Niña y Adolescente están incompletos, sin personal ni capacidad de traslado.
“El desconocimiento de la ley y la impunidad permiten el quiebre del Estado de Derecho y los niños son más vulnerables por eso debe fortalecerse”, finalizó.
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