Hasta la fecha, el chavismo ha confirmado la detención por corrupción del jefe de la Sunacrip, dos jueces y el alcalde de Las Tejerías. Otros nombres han circulado en redes sociales sin que exista confirmación oficial.
Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo una operación en contra de la corrupción, que ejecutan funcionarios del propio chavismo.
Hasta la fecha, la “víctima” más grande de este operativo ha sido Tareck El Aissami, quien públicamente renunció a su cargo como Ministro de Petróleo, después que desde el Gobierno se denunciaran los hechos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.
Sin embargo, pese a haber perdido su nombramiento y, aparentemente haberse convertido en una persona que ya no pertenecerá a la administración de Nicolás Maduro, contra El Aissami aún no se ha iniciado una investigación.
La cantidad de nombres presuntamente ligados a esta trama de corrupción que afectó al Poder Judicial, PDVSA y otras instancias del país, se mantiene en permanente aumento, con las redes sociales siendo las que más hacen circular nombres de presuntos detenidos. Sin embargo, hasta el momento los confirmados son:
Joselit Ramírez
Se desempeñó como secretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua durante la gestión de Tareck El Aissami.
Posteriormente, cuando El Aissami llega a la vicepresidencia de la República, Ramírez asumió el cargo de director general de esa instancia.
En enero de 2018 fue presidente de la Fundación Patria según la Gaceta Oficial N° 41.327, estuvo en ese cargo hasta su llegada a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) en junio de ese mismo año.
Mientras estuvo en la Sunecrip mantuvo su relación directa con Tareck El Aissami ya que esta institución estaba adscrita a la vicepresidencia económica a cargo del exgobernador de Aragua.
Dado su rol en la Sunecrip y el rol que tuvo en la creación del criptoactivo Petro, el gobierno de los Estados Unidos lo sancionó y presentó cargos en su contra por ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a “evadir sanciones”. También lo han señalado de encubrir la corrupción.
En la actualidad Washington mantiene una recompensa por su captura de cinco millones de dólares.
José Mascimino Márquez
Es el exjuez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo, de acuerdo con lo señalado por Maduro. Él y Cristobal Cornieles Perret están involucrados en una trama de “venta de sentencias”, es decir en el cobro de dinero para obtener fallos favorables en contra de personas.
Dada su competencia en materia de delitos asociados al terrorismo ha sido uno del los principales responsables en sentenciar a disidentes políticos del chavismo. El 9 de julio fue quien ordenó la privativa de libertad contra el periodista Roland Carreño, seis días después ordenó la detención de Freddy Guevara.
En octubre de 2020 fue el responsable de juzgar a los involucrados en la Operación Gedeón. Ese mismo año, los acusados por ese crimen denunciaron a través de una carta que Mascimino Márquez les había negado el derecho a una defensa propia.
En 2020 también ordenó la detención del politólogo Nicmer Evans, por los cargos de promoción e incitación al odio, y el allanamiento de la vivienda de la jueza María Lourdes Afiuni.
De acuerdo con Joel García, abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Mascimino Márquez fue “un juez nefasto” que “no cuidaba las formas” y que constantemente violaba los derechos de los detenidos.
Después de Carol Padilla, Mascimino fue el juez que manejó la mayoría de los casos de presos políticos. Sin que existiera flagrancia ni orden judicial, él dictaba la privativa de libertad”, dijo.
Referente al caso Gedeón, García dijo que Mascimino “no permitió que ni uno de los 50 y pico de imputados tuviera defensa propia”, también dijo que las audiencias preliminares de este caso se llevaron a cabo en la sede del Sebin en El Helicoide “donde a todos los obligaron a admitir los hechos y los condenaron a más de 20 años de cárcel”.
“Él (Mascimino) se daba la tarea de negar las copias de los expedientes a los abogados y los amenazaba, conmigo no lo hizo porque me respetaba, pero a otros los amenazó con meterlos preso con el Sebin si apelaban las decisiones o introducían alguna acción de amparo”.
“Él andaba por los pasillos del Palacio de Justicia con escoltas del Sebin que andaban armados, algo que no está permitido. También usaba un chaleco antibalas y tenía una camioneta blindada”, describió.
Cristóbal Cornieles Perret
Es el expresidente del circuito judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, juramentado en octubre de 2022 por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.
Antes de eso, Cornieles Perret fue designado en la Gaceta Oficial 42.048 del 15 de enero de 2021 como el consultor jurídico de la Asamblea Nacional por el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con una nota de prensa del TSJ, Cornieles Perret fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coredactor del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección a Niños y Adolescentes (Lopnna).
Pedro Hernández
Es egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ha sido miembro activo del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) en el estado Aragua, al punto que logró escalar posiciones importantes como la coordinación regional de la juventud trabajadora del PSUV en 2013.
En 2015, hizo llave para una curul en la Asamblea Nacional, con Rosa León, actualmente diputada integrante de la Comisión de Política Interior y coordinadora de Movimientos Sociales de la AN.
Ese mismo año, luego de la derrota parlamentaria, Pedro Hernández fue designado como coordinador regional del Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro).
De Sunagro, Hernández saltó a la Alcaldía del municipio Santos Michelena y en 2021, fue reelecto, luego de ser incluido en la lista de los 11 candidatos del PSUV con participación asegurada en las elecciones regionales y municipales de ese año.
De acuerdo con lo señalado por Nicolás Maduro, a Hernández se le encontró a través de una investigación un vínculo de corrupción con la banda un hombre apodado El Conejo.
Hugbel Roa
El quinto nombre oficial en ser anunciado como involucrado en hechos de corrupción es el diputado Hugbel Roa, quien además tuvo su inmunidad parlamentaria allanada durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del pasado 21 de marzo.
Roa fue designado en noviembre de 2022 como uno de los vicepresidentes territoriales del PSUV, quedando Nueva Esparta como su zona a cargo.
Además en la actual AN es el primer vicepresidente de la comisión para investigar “los delitos cometidos por la AN entre 2016 y 2021”. Fue designado en enero de 2021 durante la primera sesión del nuevo parlamento.
A nivel ministerial ocupó la cartera de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, desde 2017.
A nivel parlamentario, resultó electo diputado por Trujillo en el año 2015 para el período 2016-2021. Formó parte de la fracción del PSUV que se ausentó del Parlamento argumentando el desacato decretado por el TSJ contra la AN. Resultó reelecto para el período 2021-2026.
Participa en la conversación