En un escrito dirigido a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, le pidió que le dé hasta el 30 de mayo para presentar su réplica.
Caracas. El Gobierno ha acusado recibido de las denuncias, acusaciones y duros testimonios presentados por las casi 9.000 víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad que acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) y desea contestarles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional que le permita responder al informe que el pasado 21 de abril presentó la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación del organismo (VPRS, por sus siglas en inglés).
En el reporte, de 57 páginas, la VPRS concluía que “las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI”, pues consideraban que la justicia venezolana era incapaz de llevar adelante dichas averiguaciones hasta las últimas consecuencias, por cuanto está controlada por el Ejecutivo.
“El informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podríanser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano”. Estos fueron los tres argumentos que el representante gubernamental dio a la Sala para justificar su solicitud.
Asimismo, Gil requirió a la Sala que en caso de dar luz verde a la petición le conceda al Ejecutivo venezolano hasta el 30 de mayo próximo para presentar su respuesta.
Obstruyendo la justicia
La solicitud venezolana recibió críticas del movimiento venezolano de Derechos Humanos. Así la organización Acceso a la Justicia no dudó en calificarla como una prueba de la “estrategia dilatoria” que viene siguiendo el Gobierno en este proceso.
En similares términos se pronunciaron desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), desde donde recordaron que ya no es la primera vez que las autoridades piden poder contestar. Esto, a pesar de que el proceso como tal no ha comenzado.
“Esta solicitud por parte de Venezuela no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas, pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto”, agregaron desde Acceso a la Justicia.
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