Los seres queridos de presos comunes organizados en el Comité Aquí hay Libertad, que agrupa a más de 1300 casos, exigen a las autoridades garantizar la continuidad en los procesos judiciales de los privados de libertad y revisar las causas de personas que quedaron sin parientes tras los terremotos.
Caracas. Familiares de presos comunes organizados en el Comité Aquí hay Libertad exigen a las autoridades en materia judicial garantizar la continuidad en los procesos judiciales de los privados de libertad del estado La Guaira, así como revisar las causas de personas que se quedaron sin parientes a raíz de los terremotos del 24 de junio.
“El Circuito Judicial de La Guaira, luego del doble terremoto, ni siquiera se ha pronunciado ni ha reactivado sus actividades judiciales, las cuales son importantes para la transformación el debido proceso de los privados de libertad y de todos los que convergen en ese circuito judicial”, explicó Karina Viloria, familiar de uno de los detenidos implicados en esta situación.
El comité agrupa a más de 1300 casos de detenidos sometidos a retardo procesal, muchos de los cuales han visto paralizados sus procesos judiciales por la falta de despacho, luego del doblete sísmico que afectó al menos a siete estados del país.
Receso o retardo judicial
A la crisis generada también en el sistema judicial a causa de los terremotos, se sumó el receso judicial que los familiares aseguran es “una excusa más” para retrasar los procesos penales de los detenidos.
Este año el receso judicial quedó previsto entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, lo cual implica que no hay despacho en la mayoría de los tribunales del país y los lapsos procesales quedan en suspenso durante este período.
No obstante, los tribunales con competencia en materia penal deberían mantener la continuidad de la administración de justicia.
El Comité Aquí hay Libertad denunció que si bien las pérdidas humanas y los daños estructurales también afectaron los espacios de los tribunales, comandancias y sedes policiales de la Guaira, tras casi tres meses de los sismos siguen sin “dar despacho” a ninguna causa y los detenidos “están en un limbo judicial”.
“Ellos siguen detenidos en sus lugares de reclusión en La Guaira”, explicó Viloria en representación del grupo.
En riesgo
Muchos de los recluidos en La Guaira, apuntó, permanecen incluso en centros de detención preventiva que tienen daños estructurales, lo que compromete su bienestar y obligó a los familiares a acudir, en días recientes, al Palacio de Justicia en Caracas, para elevar su reclamo y exigir atención.
“El centro de detención de Caraballeda se vio comprometido y a los hombres sí los trasladaron tras el desastre natural que hubo. Sin embargo, ahí siguen estando las mujeres”, contó otra familiar que prefirió no identificarse por miedo a represalias.
Explicó que muchos de quienes están detenidos tienen problemas de salud o atraviesan una situación delicada por la falta de sus seres queridos que murieron en los terremotos.
“Cuando ocurrió el terremoto a ellos los sacaron a la calle y al momento que anunciaron lo del tsunami muchos se fueron corriendo, luego muchos se pusieron a derecho de inmediato y otros decidieron resguardarse porque los querían dejar en esos centros que tienen la estructura comprometida”, detalló la esposa de uno de los presos comunes recluido en un centro de detención ubicado en Caraballeda.
Su solicitud
El comité ha entregado cartas ante varias instancias responsables para solicitar la reactivación de los tribunales, no solo de La Guaira, sino también de Aragua, Miranda, Anzoátegui y otras regiones afectadas por retardo procesal.
“Solicitamos que el tribunal, el circuito judicial de La Guaira y también el del resto del país se reactive en su totalidad. Además, le pedimos al Gobierno una mesa de trabajo con el comité para dar celeridad al proceso y transparencia. Nuestra solicitud es que, para los casos que lo ameriten, de una vez se otorgue indulto y sobreseimiento”, dijo Viloria.
Las familiares de presos comunes han hecho esta solicitud ante la Gobernación de La Guaira y aseguran que, aunque entienden la situación de emergencia que atraviesa el estado, se deben garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
“El renacer de La Guaira podría tomar en cuenta a los privados de libertad que están en La Guaira, que también perdieron a sus familiares. Es importante tomar en cuenta eso. Hay muchas personas que no tienen quien les lleve paquetería, no tienen quien los atienda, y eso ha quedado en el olvido”, dijo.
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