La Corte Penal Internacional publicó un documento, en el cual no solo considera que en el país se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma, sino que además las autoridades no han actuado para castigarlos. El documento fue rechazado por el Ministerio Público venezolano, a través de un comunicado emitido por el fiscal designado por la extinta ANC, Tarek William Saab.
Caracas. Las posibilidades de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal contra funcionarios, exfuncionarios y civiles venezolanos por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad parece estar más cerca. ¿La razón? La instancia ya no solo tiene una “base razonable” para creer que en el país han ocurrido algunos de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, sino que además las autoridades no han tomado las medidas necesarias para castigar dichas graves violaciones a los derechos humanos.
La afirmación la hizo la Fiscalía en el escrito donde respondió a los señalamientos del Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente en relación con su falta de cooperación. El documento, fechado el pasado 15 de junio, apenas fue publicado el 10 de agosto por la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual consideró que la denuncia de la oficina de Tarek William Saab carecía de fundamento.
“Habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales y los casos que probablemente surgirían de una investigación se concluye que encajan en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos relacionados con los posibles casos (de crímenes de lesa humanidad) identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, se lee en el documento de 10 páginas de extensión, el cual fue firmado por la ya exfiscal Fatou Bensouda.
Tras advertirse que la revisión hecha de las denuncias y las averiguaciones que, efectivamente, el Ministerio Público y otras instancias han iniciado, Bensouda concluyó que “las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal (…) y/o los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcialmente, lo que significa que se han llevado a cabo de manera incompatible con la intención de llevar a la persona en cuestión ante la justicia”.
Otro requisito probado
El pronunciamiento reviste de gran importancia, por cuanto supone que el requisito de complementariedad está probado, al menos a la luz de la Fiscalía de la CPI.
¿Qué supone el principio de complementariedad? Es una regla que aplica a la justicia internacional y que, en pocas palabras, supone que el juzgado con sede en La Haya (Reino de los Países Bajos), solo puede actuar si las instancias nacionales no han investigado y castigado a los presuntos perpetradores de crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, en el documento la exfiscal Bensouda reitera su criterio de que hay motivos para iniciar una averiguación sobre Venezuela.
“Como se establece en su Informe 2020 sobre actividades de examen preliminar, la Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional; tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad; y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos”, se lee en el escrito.
Según la ONG Acceso a la Justicia, “esto significa que en el caso conocido como Venezuela I ante la CPI solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución”.
#AlertaLegal Esto significa que en el caso conocido como Venezuela I ante la CPI solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 12, 2021
En La Haya no comen cuento
El documento de la Fiscalía de la CPI revela que han sido infructuosos los intentos de las autoridades venezolanas por simular que están castigando las violaciones a los derechos humanos.
En lo que va de 2021 el despacho de Saab ha dado giros de 180 grados en casos como el del concejal Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete. En el primero admitió que no se suicidó en octubre de 2018, tal y como lo sostuvo en un principio, sino que habría sido asesinado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo tenían bajo su custodia; y que el segundo reconoció que sí murió debido a la bomba lacrimógena que un guardia nacional le disparó, como lo aseguró en un principio el Ministerio Público cuando Luisa Ortega Díaz lo dirigía.
Solo durante la ola de protestas antigubernamentales que sacudió al país en 2017 más de 100 personas fallecieron y miles fueron heridas y detenidas ilegalmente, siendo objeto de tortura y otro tipo de abusos. Aunque las autoridades no han presentado un balance oficial, la información pública disponible revela que la mayoría de estos siguen impunes.
Las propias cifras suministradas por Saab revelan la baja efectividad de su despacho a la hora de combatir los abusos y excesos policiales. Así, en septiembre pasado aseguró que desde 2017 la Fiscalía había acusado a 940 policías, militares y civiles por violaciones a los derechos humanos. No obstante, también admitió que apenas 127 han sido condenados por un juez; es decir, 85 % de los casos continúan a la espera de una respuesta.
Aquí el documento (en inglés)
Fiscalia de La CPI (en Inglés) by Crónica Uno
Gobierno rechaza acusaciones de la fiscalía de la CPI
Tras haberse hecho público el informe de la Fiscalía de la CPI sobre el examen preliminar en curso sobre Venezuela, a través de un comunicado y en nombre del gobierno de Maduro, Tarek William Saab rechazó las acusaciones.
Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, indica que “las actuaciones de la exfiscal (Fatou Bensouda, quien firma el informe) en el marco del caso Venezuela, se llevaron a cabo de manera unilateral y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial”.
Es por ello, que “afirmamos que las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno, en estas circunstancias, y como hemos puesto de manifiesto al nuevo fiscal, señor Karim Khan, estamos dispuestos a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso”.
Asegura que desconocen cuáles son los casos potenciales identificados por la Fiscalía, “porque durante todo el período del Examen Preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras insistentes peticiones de conocimiento”.
Lea aquí el comunicado del Ministerio Público:
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