Durante una intervención en un programa radial, el gobernador de Anzoátegui alertó que en zonas populares de Barcelona y Puerto La Cruz hay una buena cantidad de casos positivos, pero la centralización para dar el despistaje de las pruebas de detección del coronavirus les impide implementar un cerco epidemiológico. Barreto sostiene que en la última semana han fallecido 50 personas sospechosas de COVID-19, aunque oficialmente la entidad reporta dos decesos por la enfermedad.
Barcelona. El sistema de salud colapsó ante la proliferación de casos positivos de COVID-19 que se registran en Anzoátegui. La advertencia la hizo el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.
El mandatario regional apuntó que aunque el Ejecutivo de Nicolás Maduro no da a conocer públicamente este tipo de información, este es el panorama que se presenta en el estado oriental. Las declaraciones las emitió el gobernador Barreto Sira en un programa radial que conduce el periodista Alexis Rosas. De acuerdo con su testimonio, el hospital Luis Razetti de Barcelona sobrepasó su capacidad de atención al tener ingresados en el área destinada para atender pacientes con coronavirus a 60 personas, y, aunque en los números divulgados por las autoridades oficialistas, Anzoátegui solo registra dos decesos y 125 contagios (hasta la noche del 28 de julio), Barreto Sira sostuvo que en la última semana 50 personas han muerto bajo sospecha de contraer la sintomatología asociada al COVID-19.
Reconocemos el desborde de la capacidad de los centros de salud por la situación del COVID-19, no descartamos declarar al hospital Luis Razetti de Barcelona como exclusivo para atender estos casos. La gente acude a los CDI, al hospital Las Garzas y al resto de los centros, pero estos tampoco se dan abasto, estamos en las manos de Dios”, aseguró el gobernador de Anzoátegui en la entrevista.
Durante el diálogo con Rosa, Barreto Sira lanzó un llamado desesperado al Ejecutivo de Maduro para que descentralice la realización de las pruebas de detección de COVID-19 y esgrimió un argumento que encendió las alarmas: “Hay barrios de Barcelona y Puerto La Cruz con gran cantidad de casos”.
El gobernador de Anzoátegui agregó: “En los barrios sabemos que hay mucha gente contaminada y no podemos establecer un cerco epidemiológico porque la centralización de las pruebas no nos permite detectar el foco principal. Esto nos limita en los planes de acción y, por ende, colapsa el sistema de salud y estos datos son de los números que tenemos controlados de los centros de salud que manejamos. Hay gente que no confía en las pruebas y no acude a los hospitales y no podemos determinar cómo es el ritmo de la enfermedad”.
Los números que el gobernador muestra a través de su cuenta en Twitter superan con creces los 125 casos confirmados por las autoridades de Nicolás Maduro.
El último parte, emitido el pasado 28 de julio, reflejaba 732 pacientes sospechosos de COVID-19, solo 125 estaban confirmados. De los casos corroborados, la mayoría (60) están localizados en la capital de la entidad, Barcelona, compuesta en gran parte de su extensión territorial por zonas populares.
La pandemia nos agarró con una aguda crisis en el sector salud. Tenemos una situación grave y hay que reforzar las medidas de seguridad, a eso le sumas una crisis en los servicios públicos, el estado está colapsado”, añadió Barreto.
Panorama oscuro
Una radiografía del complejo panorama sanitario que enfrenta Anzoátegui, a poco más de cuatro meses de haberse declarado la emergencia nacional por COVID-19, fue la situación vivida por los vecinos del Bloque 1 de la Urbanización Oropeza Castillo de Puerto La Cruz.
Los residentes del urbanismo tuvieron que “tirarse” a la calle el martes pasado y manifestar para que se llevaran el cuerpo de uno de los habitantes de la comunidad que falleció en su apartamento el lunes 27 de julio. Esperaron más de 30 horas para que el cadáver fuera retirado.
Luis Pérez habita en los edificios y contó al equipo de Crónica.Uno lo que vivieron mientras esperaban que una empresa funeraria (Vallés), única autorizada por las autoridades estatales para el manejo de cadáveres sospechosos de COVID-19, llegara a la residencia y retirara el cuerpo del vecino, que no tenía acompañantes.
Llamamos a todo el mundo, inclusive hasta la alcaldesa y nos dijo que no tenían capacidad operativa para retirar el cadáver, ni el Cicpc vino. Esto es caótico, el señor murió por insuficiencia respiratoria, hasta el momento no sabemos si es COVID-19, pero igual tener un cuerpo en descomposición por más de 30 horas encerrado es un riesgo, que nos digan cómo las autoridades tienen que depender de una empresa privada para sacar un cuerpo, es muestra de que estamos en pleno colapso”.
En la tarde del 29 de julio la alcaldesa portocruzana, Herminia García, emitió un comunicado en sus redes sociales, donde indicó que el ciudadano de 70 años de edad falleció de causas naturales e instó a las comunidades a no elaborar juicios prematuros porque enturbian la labor de los cuerpos de seguridad encargados de manejar estas situaciones.
Y así como los organismos tardan en llevarse los cuerpos, hay familiares que denuncian que al momento de retirarlos en la morgue del hospital Luis Razetti prácticamente son víctimas de una “alcabala”, así el difunto no haya sido diagnosticado con COVID-19.
Tal es el caso de Alexis García, un paciente que falleció el pasado 25 de julio y pese a que en la PDR resultó negativo a la COVID-19, sus familiares (que prefirieron reservar su identidad) señalaron que en el acta de defunción colocaron la causa de su deceso como “sospechoso de COVID-19” por lo que, obligatoriamente, el cuerpo pasaba a ser manejado por la única funeraria autorizada para este tipo de cadáveres.
La Vallés es la única empresa que autorizaron porque tienen horno crematorio y entonces ellos nos dijeron que para poder mover el cuerpo debemos pagar 350 dólares, de dónde nosotros vamos a sacar esa cantidad de dinero, no puede ser, entonces, que encima del dolor tengamos que pasar ahora por esta situación”, sostuvieron los familiares.
Sin recursos y en riesgo
Y la información de los familiares de García es corroborada por el secretario del Movimiento de los Trabajadores de la Salud de Anzoátegui y delegado de Prevención del hospital Luis Razetti de Barcelona, Edisson Hernández, quien instó a las autoridades a esclarecer cómo es el convenio con la Funeraria Vallés, puesto que los últimos decesos ocurridos en el Razetti son catalogados como “sospechoso de COVID-19” dándole potestad única y exclusivamente a esa empresa para el manejo de los cuerpos.
“La mayoría de los que han fallecido aquí son personas de pocos de recursos, de dónde tú le dices a una persona de una comunidad que saque 300 dólares para un servicio crematorio porque sino te dejan el cuerpo ahí. Y ha pasado que hemos tenido cuerpos que duran hasta tres y cuatro días aquí porque los familiares no tienen cómo retirarlos. Esto es una pandemia, nadie quiere morir de esto y ahora a las preocupaciones tienes que sumarle este otro problema”, dice.
Por ser trabajador directo del Razetti (camillero) del área COVID-19 corrobora el colapso del hospital centinela, denunciado por el gobernador de Anzoátegui, y refiere que la situación es de tal magnitud que los compañeros del sector salud recluidos en el área tienen que “hacer vacas” (pedir donaciones) de medicamentos e insumos porque “en el hospital ya no hay nada”.
Estamos ya estresados. Nuestra denuncia de no tener los equipos de protección personal y bioseguridad sigue en pie, no tenemos nada, llegan donaciones pero eso no es suficiente para dotar a los 2700 trabajadores del centro asistencial. El hospital está colapsado, sí hicieron las ampliaciones y hay una capacidad para 50 pacientes, pero igual colapsó. Quienes nos desempeñamos dentro del área COVID-19 necesitamos la máxima protección posible y el resto de los trabajadores también y no contamos con ello”.
Basado en las declaraciones de Nicolás Maduro y debido a la negligencia de las autoridades de salud, Hernández sostiene que, prácticamente, quienes laboran en los diversos centros de salud de Anzoátegui pueden ser declarados “armas bioterroristas”, porque una vez finalizada sus faenas tienen que abordar el transporte público para trasladarse a sus casas luego de pasar toda una jornada con protección deficiente.
“Nosotros aquí no tenemos un transporte como tal. En el único autobús que presta servicio vamos todos como sardina en lata. En mi caso, yo vivo en la zona rural de Puerto La Cruz y tengo que tomar el transporte público normal y soy trabajador directo del área COVID-19. Dios me proteja y no contraiga el virus, porque, de hacerlo, sin darme cuenta puedo poner en riesgo a mucha gente. Nos vamos a la buena de Dios”, dijo.
Para Hernández, la situación, luego de cuatro meses de emergencia, evolucionó para él y su familia a un miedo perenne. Hace una lista y por donde la mire los ítems no son alentadores: salario deficiente, falta de insumos de seguridad, riesgo permanente de contraer el virus, cero beneficios y poca o nula receptividad de las autoridades hacia los reclamos del sector.
“En mi casa están mi esposa y mi suegra, esta última de 70 años de edad, y cuando llego me aíslo, tengo un plato, un tenedor y un vaso solo para mí, parezco un extraño en mi casa. Tengo cinco hijos a los cuales no puedo visitar por estar expuesto a esta situación. Yo he visto cosas en este hospital, ahora vivo en un temor permanente”, asegura.
Ese miedo y a la vez desconfianza por el sistema de salud también lo expresó al equipo de Crónica.Uno, Sofía Martínez, quien tiene a dos familiares y una amiga con el padecimiento, pero estos optaron por hacer el tratamiento contra la COVID-19 en casa.
Yo no sé cómo están llevando las estadísticas regionales pero entre la semana pasada y lo que va de esta han fallecido 12 personas que conozco por COVID-19. Mis familiares están en casa encerrados pero siempre vigilándolos porque son personas de la tercera edad. Ni locos los llevamos a un CDI u hospital porque capaz y los dejan morir, ellos tienen tres semanas luchando con los síntomas. He publicado en mis estados de WhatsApp solicitando donaciones para mis familiares y ahora una amiga psicóloga de 30 años de edad que también cayó. Esto se salió de control”, dijo.
Enfermería en crisis
De la situación tampoco escapan las enfermeras que entregaron un documento exponiendo sus inconformidades sobre la situación que atraviesan quienes desempeñan su cargo en el área de COVID-19.
En el documento señalan que el personal de esa dependencia que ha contraído la enfermedad no ha recibido el apoyo de la farmacia del hospital para el tratamiento por lo que, al igual que Hernández, han tenido que pedir donaciones y comprar las medicinas entre ellos para evitar que el estado de sus compañeros empeore.
“El área necesita más personal. Estamos ya es un estrés total, tenemos sobrecarga de trabajo, se están abriendo espacios para la atención de pacientes COVID-19 pero no se está considerando reforzar el personal. Hemos tenido turnos en los que solo dos enfermeras tenemos que cubrir a 60 pacientes durante 24 horas, se necesitan mínimo 10 enfermeros para trabajar en esa área pero el personal es insuficiente y, no conforme con ello, las autoridades del hospital cambian los turnos sin consultarnos, dándonos más trabajo”, sostuvo una de las enfermera que omitió su nombre por temor a represalias.
En medio del caos, el gobernador de Anzoátegui, Barreto Sira, fue el miércoles pasado a realizar una entrega de caretas de protección e insumos para el personal e hizo, una vez más, un “llamado enérgico” al Ejecutivo de Maduro a descentralizar la realización de pruebas para la detección del COVID y a dotar de insumos y medicinas los centros asistenciales.
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