Al menos 11 audiencias se han debido realizar a lo largo de este mes. La que habían fijado para este 30 de mayo fue diferida porque el Sebin no “materializó” el traslado de la cárcel a tribunales.
Caracas. Desde el Tribual Sexto de Control Militar del estado Carabobo informaron a los abogados del diputado Gilber Caro, Ramón Carmona y Theresly Malavé, que el también dirigente del partido Voluntad Popular estaba detenido en El Helicoide. 34 días estuvo el político incomunicado tanto de su equipo legal como de familiares, por lo que su caso ha sido calificado como desaparición forzada por la Asamblea Nacional (AN) y la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este mismo jueves, a las 2:30 p. m., fijaron la audiencia del parlamentario en el Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada. No obstante, Carmona expresó desde el lugar que se difirió, ya que no se había “materializado” el traslado del preso político. Al mismo tiempo, el abogado explicó que, al menos, 11 audiencias se han debido realizar a lo largo de este mes.
Caro fue detenido en la madrugada en un local de comida el pasado 26 de abril. Esta es su segunda detención arbitraria. Desde enero de 2017 a junio de 2018, el diputado estuvo aislado entre la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo y la 26 de Julio, estado Guárico. Durante ese período perdió más de 12 kilos y luego de ser liberado denunció las irregularidades en su proceso judicial.
El hecho de que el diputado haya aparecido no quiere decir que no haya ocurrido la desaparición forzada. Ya se consumó y los funcionarios son responsables“, expresó Malavé.
Para las Naciones Unidas la desaparición forzada se utiliza como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. “La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”.
Se considera desaparición forzada “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, también es víctima de desaparición forzada por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. 23 días tienen sus familiares y abogados sin saber sobre la ubicación del dirigente de Acción Democrática (AD).
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