El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presentó su informe anual de 2019, Voces en el Paredón, en el que resaltan más de 500 denuncias de ataques a periodistas y 1032 denuncias de violaciones de los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos.
Caracas. El sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, totalizó 534 casos que acumularon 1032 violaciones de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos en Venezuela.
Las violaciones de la libertad de expresión se registraron en todo el país, a lo largo de 2019, pero las restricciones y acciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación se concentraron mayormente en Caracas, Táchira, Lara, Apure, Zulia, Mérida, Bolívar y Falcón.
IPYS Venezuela contabilizó violaciones de la libertad de expresión en Amazonas (3), Anzoátegui (18), Aragua (20), Barinas (6), Bolívar (23), Carabobo (16), Cojedes (9), Delta Amacuro (11), Falcón (23), Guárico (8), Miranda (9), Monagas (19), Nueva Esparta (16), Portuguesa (17), Sucre (17), Trujillo (17), Vargas (9) y Yaracuy (6).
Estos estados fueron igualmente afectados por el abuso del poder estatal, las limitaciones de acceso a la información pública, las medidas de censura, las acciones intimidatorias y ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, así como restricciones de acceso a Internet.
Así quedó reflejado en el informe anual 2019 Voces en el Paredón, presentado recientemente por la organización, en el cual el abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura convirtieron 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela
“Las restricciones en la labor periodística fueron incluso mayores a las que ocurrieron en el 2017, cuando se constataron 518 casos. El aumento en el número de limitaciones durante 2019 se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el país”, detalla el informe.
Durante 2019, el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela, que cubre 17 estados del país, contabilizó 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna, cuatro casos de impunidad y tres de censura indirecta.
61 % de los hechos se registró en los primeros seis meses de 2019, es decir, 330 casos, mientras que entre julio y diciembre se contabilizaron 204 incidentes.
“Las 1032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana”, dice IPYS.
El uso abusivo del poder estatal comprendió 101 casos que involucran directamente a los cuerpos de seguridad, 47 detenciones arbitrarias, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 16 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, siete seguimientos y seis deportaciones a periodistas.
Detenciones arbitrarias
Las detenciones arbitrarias de periodistas que daban cobertura a situaciones vinculadas a la oposición venezolana, a la ayuda humanitaria y a las protestas de calles para exigir soluciones a la crisis de los servicios públicos son las que mayor preocupación generaron en las organizaciones gremiales.
Los periodistas vulnerados con estas medidas represivas fueron 76, de los cuales 48 eran reporteros venezolanos y 28, corresponsales extranjeros. Esta cifra de detenciones arbitrarias solo se compara con la registrada en 2017, con un total de 54 casos que ocurrieron en un escenario en el que las libertades informativas también se enfrentaron a grandes riesgos durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas.
Las detenciones arbitrarias por parte de cuerpos policiales, militares y de inteligencia estuvieron acompañadas de agresiones verbales para intimidar. Solo en enero se registraron ocho detenciones contra 17 periodistas, a pesar de que Nicolás Maduro negó que en su gestión se detenga a reporteros.
“Aquí no hay detenciones arbitrarias”, aseguró en una entrevista concedida a Jordi Évole y transmitida el 3 de febrero por el canal español La Sexta. Maduro aseguró que lo que ocurre en Venezuela son “montajes para magnificar” la situación, y además dijo que en el país hay “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Uno de los casos emblemáticos –refiere Voces en el Paredón– fue la detención de Luis Carlos Díaz, periodista del Circuito Unión Radio, defensor de derechos humanos y ciberactivista, que fue retenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El paradero de Díaz se desconoció por más de ocho horas, desde las 5:30 de la tarde del 11 de marzo hasta las 2:30 de la mañana del día 12. Además, durante la detención los funcionarios policiales llevaron al periodista a su residencia y confiscaron sus herramientas de trabajo: computadoras, celulares y memorias extraíbles. También se conoció que la intención era presentar en tribunales al periodista bajo la acusación de supuestos “delitos informáticos”.
Luego de más de 24 horas de detención, Díaz fue liberado después de ser imputado por “instigación a delinquir”. Entre las medidas dictadas por Tribunal 31 de Control de Caracas están la prohibición de salida del país, participar en manifestaciones, declarar sobre el caso, y un régimen de presentación cada ocho días.
El principal victimario es el Ejecutivo
El principal victimario fue el Poder Ejecutivo. Las autoridades de gobierno, en distintos niveles, cometieron 338 casos de violaciones de la libertad de expresión, 155 más de las registradas en 2018, año en el que se contabilizaron 183 casos.
“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue el segundo victimario con violaciones reiteradas, al sumar 36 incidencias. Seguidamente estuvieron los simpatizantes oficialistas, con 34 casos; los tribunales, con 10, y los funcionarios de seguridad de instituciones públicas que fueron responsables de ocho limitaciones. También hubo una participación de victimarios no estatales, como desconocidos (50), delincuencia organizada (16), ciudadanos (16), directivos de medios (16) y civiles armados (cinco)”, añade el informe.
Conatel ejerció acciones para coartar la libertad de expresión, al prohibir las transmisiones de seis televisoras extranjeras, el retiro de nueve programas de opinión en radio y TV y la señal de nueve emisoras.
Los canales de televisión afectados fueron National Geographic (Estados Unidos), Antena 3 (España), Radio Caracol (Colombia) y 24 Horas (Chile), cuyas emisiones fueron suspendidas desde el viernes 22 de febrero en los servicios de DirecTV, Movistar, Intercable y Supercable, por transmitir contenidos relacionados con el ingreso de la ayuda humanitaria, liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.
También se ordenó el bloqueo del portal del diario colombiano El Tiempo, según las evidencias de censura que levantó IPYS Venezuela junto con el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet (OONI). Asimismo, el acceso a los contenidos de Youtube, Google, Microsoft Bing y Facebook fue impedido a los ciudadanos cuando estas plataformas presentaron bloqueos intermitentes desde los servicios de Cantv y Movistar.
El 30 de abril se repitieron estos mecanismos de censura por parte de Conatel, que aplicó medidas contra cuatro medios de comunicación social por informar sobre la sublevación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en apoyo a Juan Guaidó. La estación radial Radio Caracas Radio (RCR) fue allanada durante la transmisión al aire y le fue retirada la concesión.
Ese mismo día, la compañía de televisión por suscripción DirecTV retiró la señal de CNN Internacional mientras ofrecía cobertura en vivo desde el lugar de concentración en apoyo a Guaidó. La transmisión de la televisora cesó segundos después de transmitir las imágenes de una tanqueta de la GNB que atropelló directamente a varios manifestantes en la autopista Francisco Fajardo.
El tercer medio sometido al retiro de su señal fue el canal de la agencia de noticias BBC Mundo, luego de que informara en directo los hechos suscitados en las adyacencias a la Base Aérea Militar La Carlota, cuando funcionarios de diversos organismos de seguridad del Estado manifestaron su reconocimiento al juramentado como presidente encargado.
Funcionarios de seguridad principales responsables
Otro de los mayores riesgos que enfrentó el periodismo venezolano en 2019 fueron las 326 violaciones de la libre información: 91 hechos de intimidación, 53 agresiones físicas contra equipos reporteriles que hacían cobertura de calle, 33 ciberagresiones, 32 cierres, suspensiones e incautaciones de medios de comunicación, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 21 hechos de acoso, 13 amenazas de agresión física, 10 robos y ocho confiscaciones, de acuerdo con los datos del monitoreo de IPYS Venezuela.
Preocupó que los principales responsables de estas acciones fueran los funcionarios de organismos de seguridad, que ejercieron estos actos represivos 66 veces. Luego estuvieron los victimarios desconocidos, con 33 casos, los simpatizantes oficialistas, con 29, y 16 agresiones cometidas por la delincuencia organizada.
“Pero fue en los acontecimientos del martes 30 de abril cuando estas agresiones alcanzaron su punto máximo al ocurrir 11 hechos de detenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas que cubrían las concentraciones civiles en los estados Lara, Falcón, Monagas, Bolívar, Zulia, Anzoátegui y en el área metropolitana de Caracas, luego de que el líder opositor Leopoldo López, junto con Juan Guaidó, se situara a las afueras de la principal base aérea de Venezuela, en La Carlota, en Caracas. Estos ataques contra los reporteros también se ejecutaron por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado”, añade IPYS.
También se registraron restricciones contra ciudadanos (86), locutores (19), directivos de medios (nueve), choferes de transporte de medios (siete), conductores de TV (siente), productores (cuatro), activistas de derechos humanos (dos) y editores (dos).
El total de víctimas en 2019 fue de 340 personas, y al igual que en 2018 los más vulnerables fueron los hombres, debido que a 227 de ellos –que suman 66 % de los afectados–, se le violaron sus libertades informativas y de opinión. En el caso de las mujeres, a 113 (33 %) también se les coartaron sus derechos al libre ejercicio del periodismo.
La CIDH alertó que en Venezuela “existe una política de secreto y control de información sobre asuntos públicos, que tiene graves consecuencias para la exigencia y promoción de otros derechos humanos en muy diversos ámbitos”. Este organismo además recomendó al Estado venezolano “adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático”.
Frente a este panorama del periodismo venezolano, IPYS Venezuela plantea cuatro recomendaciones para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país: “Asegurar protección efectiva a periodistas y defensores de derechos humanos que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques para que puedan ejercer su labor de manera libre y sin restricciones; mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de la aprobación de una ley de acceso a la información pública; fomentar mecanismos de seguridad digital que protejan y fomenten la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales y se garantice Internet como derecho humano y ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales”.
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