Un total de 53 personas fueron detenidas por las protestas del 30 de abril y del 1° de mayo y 49 de ellas fueron presentadas en tribunales, donde les imputaron delitos como instigación pública y obstaculización de las vías.
Barquisimeto. Elena Coviello, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, asistió el 30 de abril a la concentración convocada por el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia, Juan Guaidó, como parte de la denominada la Operación Libertad. Lo hizo en compañía de su madre, con quien se dirigió al punto ubicado en la calle 22 con Venezuela, mientras otro grupo iba hacia la iglesia Catedral.
Pasadas las 11 de la mañana llegaron efectivos de la Policía del estado Lara que lanzaron bombas lacrimógenas hacia la Catedral. Muchos manifestantes se enfrentaron a los funcionarios y parte de los que estaban en la calle 22 se movilizaron en apoyo. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se sumaron a la represión y atacaron, además, a los que estaban en este último sitio.
Un sargento de la GNB, herido en la frente con una piedra, fue trasladado a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, junto con otros manifestantes que también resultaron lesionados con perdigones. El caos se apoderó del lugar y comenzaron las aprehensiones, entre ellas la de Elena Coviello, quien prácticamente fue arrancada de las manos de su madre, la agarraron por el pelo de forma violenta, la golpearon y la metieron en una tanqueta, según contó una compañera. Su detención ocurrió a la 1:30 p. m. y apareció en el destacamento 121 de la GNB a las 7:15 p. m. Los guardias la “ruletearon” dentro de la tanqueta por toda la ciudad.
Coviello es una de las 53 personas que fueron detenidas en los dos días de represión que hubo en la ciudad. Cuatro personas fueron liberadas en tan solo horas, pero 49 pasaron a orden del Ministerio Público, que se encargó de presentarlos ante los tribunales larenses.
Las compañeras de estudio de Elena explican que ella está próxima a presentar su proyecto para la culminación de la carrera. “No es justo que por querer un cambio en este país la detengan sin haber hecho nada”, expresaron las jóvenes al ver a Elena sobre la patrulla de la GNB. Ellas lloraban mientras la cara de la muchacha estaba serena. Sus conocidas piensan que no estaba bien, que estaba en shock y que su ánimo está destruido.
La estudiante de Psicología está acusada, junto con ocho personas más, de haber lesionado al guardia. “¿Como es que las nueve personas que están allí van a herir a un guardia? Ella no estaba haciendo nada”, aseguran sus compañeras.
Así como Elena están detenidos otros estudiantes. Se trata de Alejandro Lagos, de la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (Uptaeb); Andrés Padilla, estudiante de quinto semestre de Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); Oscar Alejandro Castro Valencia, estudiante de quinto año de la Derecho de la Universidad Fermín Toro (UFT); Moisés Pineda, estudiante de primer semestre de Electrónica en el Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y Alegría y de música en el Conservatorio de Barquisimeto, y Douglas Brito, estudiante de cuarto año de Derecho de la UFT.
Detienen a madre e hijo
El 1° de mayo, funcionarios de la GNB detuvieron a Hilda Vargas, de 39 años; y Ronald Méndez, de 19. Madre e hijo. Su familia denuncia que ellos habían salido a comprar una medicina y al ver la represión se refugiaron en una vivienda de donde fueron sacados por la GNB. Al joven lo golpearon y luego también a su madre, quien intervino. La mujer sufre de hipertensión, informa su esposo Víctor Méndez. El día de su presentación en tribunales a ella le vino el periodo, no tenía ni una toalla sanitaria y no permitieron que se le entregara una. Finalmente, en el Cicpc una funcionaria se la hizo llegar.
Ellos también fueron privados de libertad junto con seis trabajadores de la empresa Vencemos Lara, quienes como gremio acudieron a la marcha.
La detención de estas personas se dio entre la 1:30 y las 2:00 p. m. y ahora son hasta acusados de haber quemado el edificio del Consejo de Protección del Niño de la Alcaldía de Iribarren.
Algunos de los delitos en flagrancia imputados por la Fiscalía a los detenidos del 30 de abril fueron instigación pública, obstaculización de la vía pública, resistencia a la autoridad y uso de adolescentes para delinquir. A la mayoría de los detenidos del 1° de mayo se les imputó instigación pública, posesión de objetos incendiarios y daños violentos a las obras públicas. A otros les sumaron terrorismo y hasta lesiones. El juez 7° de Control, Carlos Gamarra, fue el encargado de tomar las decisiones. Según informó Funpaz es el mismo juez al que se le presentaron los manifestantes de 2017.
No evaluaron nada
El jueves 2 de mayo se dieron las primeras citas para las audiencias y tan solo se realizaron cuatro porque se fue la luz. Se reanudaron el viernes 3 de mayo. El resultado fueron 45 privados de libertad. “Esa era la orden, allí no valía que no hubiera elementos de convicción, nada era tomado en cuenta”, develó un abogado. Tan solo se otorgaron cuatro libertades bajo medida, a cuatro adolescentes: dos de 15 años de edad, uno de 16 años y otro de 17 años, quienes esperan una audiencia de fianza para retornar a sus hogares.
Foro Penal y Movimiento Vinotinto son dos de las ONG que llevan la defensa de los detenidos, además de abogados privados y públicos.
Para los abogados del Foro Penal y Movimiento Vinotinto se sigue el mismo patrón de 2017: no les dan acceso a los detenidos ni a las actas policiales, los abogados terminan revisando los expedientes el mismo día de la audiencia, lo que constituye una violación porque, según explica Abraham Cantillo, coordinador de Foro Penal Capítulo Lara, no se les puede preparar una adecuada defensa. Manuel Virgüez, coordinador de Movimiento Vinotinto, indica que en ninguna de las audiencias se dio libertad.
Los abogados defensores se sintieron burlados dentro de las instalaciones de los tribunales larenses porque antes de comenzar las audiencias o una vez culminadas, fiscal y juez salían de la sala, lo que demoraba el procedimiento.
Ahora deberán esperar los 45 días establecidos por la ley para que se lleve a cabo una audiencia preliminar. Mientras tanto, los detenidos deben permanecer en los comandos donde están recluidos con delincuentes comunes.
Participa en la conversación