Un informe publicado por la ONG Cecodap, Retornar en tiempos de pandemia, revela el estado de indefensión en el que se encuentran padres, madres e hijos en su movilización: “sin el apoyo de ningún tipo de instancia, ni nacional ni internacional”.

Caracas. La pandemia por el COVID-19 ha puesto a muchos niños, niñas y adolescentes, migrantes venezolanos, a caminar de vuelta a su lugar de origen. Salieron de su país buscando protección, pero en muchos casos no la encontraron. 

Un informe publicado por la ONG Cecodap, Retornar en tiempos de pandemia, revela el estado de indefensión en la que se encuentran padres, madres e hijos en su movilización: “sin el apoyo de ningún tipo de instancia, ni nacional ni internacional”. Este estudio cualitativo recoge las voces de 18 personas, 15 mujeres y 3 hombres que regresaron desde Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Las entrevistas se hicieron entre junio y agosto de 2020. El 60 % retornó a Venezuela con niños, niñas y adolescentes. 

“El venezolano que retorna de migrar es tratado como culpable de su sufrimiento y desde ya señalado como culpable por lo que su padecimiento pueda causar en Venezuela”, se lee en el informe. Además de la narrativa de señalarlos como “traidores a la patria”, “armas biológicas”, los malos tratos  y abuso de poder en los Puestos de Atención Social Integral (PASI), centros donde deben cumplir la cuarentena obligatoria al llegar a Venezuela. 

“Los PASI, tanto los que están en frontera como los que están en las distintas ciudades, no están pensados para los niños. Las condiciones inhumanas y de terror no se les ahorraban a los niños. Allí no hubo comida especial para los niños ni atención psicológica, al contrario, lo que señalan los padres es que los niños estaban sometidos a tener que presenciar este terror al que los adultos eran sometidos”, explica Alexander Campos, del Centro de Investigaciones Populares y quien presentó el informe. 

Durante los días que estuvieron los niños, niñas y adolescentes en los PASI no tuvieron privilegios, las condiciones de aislamiento fueron: mala alimentación, hacinamiento, poca atención sanitaria, exposición a la violencia por parte de grupos irregulares. Mirla Pérez, del Centro de Investigaciones Populares, reportó el caso de tres niños que murieron deshidratados en una movilización desde el Arauca hacia Barquisimeto, estaban alojados en un refugio. “¿Cuántas historias así que no han sido reportadas?”, se pregunta. 

El protocolo del Estado señala que los retornados deben cumplir 14 días de cuarentena en estos albergues, sin embargo, informes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello han documentado, además de los tratos crueles y abusos de poder, que las personas pueden pasar hasta 70 días retenidos. 

Muchos niños no cuentan con documentos de identidad, especialmente pasaporte, esto ocasiona que sus padres utilicen vías irregulares para atravesar la frontera. El informe registró el siguiente testimonio: “No podíamos pasar por ese puente, como este puente es peatonal, no podíamos pasar por ahí porque no tenía nada. Bueno, pasamos por ahí, eso es un río, eso es horrible, yo pensaba que eso me iba a llevar; uno de los muchachos agarró a la bebé y uno me agarró a mí. Bueno, pasamos. Ya estando ahí…”

Para Carlos Trapani, coordinador general de Cedodap, lo primero es no criminalizar el hecho migratorio, atender las causas de la migración y la obligación del Estado de proteger y privilegiar a los niños, niñas y adolescentes. 

“La vulnerabilidad e indefensión que padecen los adultos se convirtió en extrema en los niños, al no tener estos ningún tipo de protección o privilegio. Tanto la sociedad venezolana, como la comunidad internacional debe tener conciencia que los más vulnerables en todo este proceso de movilidad que estamos padeciendo los venezolanos son los niños y no se ve que de ninguna manera se están tomando las medidas para darles algún tipo de protección”, concluye el informe.

Foto referencial: Luis Morillo

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