Michael Fakhri, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, criticó que el programa CLAP se convirtió en “un sistema de caridad y limosna caritativa”. Advirtió que la inseguridad alimentaria compromete a generaciones futuras, debido a la malnutrición de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.
Caracas. Tras una visita de 14 días por varias entidades, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, concluyó que en el país persisten la desnutrición y la inseguridad alimentaria, que golpea principalmente a los grupos más vulnerables.
“El futuro de Venezuela está en riesgo”, aseguró Fakhri, este miércoles, 14 de febrero, al referirse a la inseguridad alimentaria que padecen niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas en Caracas y en zonas remotas del país.
Los niños están cada vez más expuestos a riesgos como la separación familiar, la explotación infantil y sexual, la violencia física y el abuso (…) Niños menores de cinco años con desnutrición aguda; niños que van a la escuela solo cuando se les sirve comida”, dijo el experto en rueda de prensa.
En 2023, según la plataforma Hum Venezuela, al menos 20,1 millones de personas afrontaron “amplias necesidades” de asistencia alimentaria. De estas, 13 millones experimentaron necesidades críticas y 2,7 millones “llegaron a un estado severo de necesidad alimentaria”.
“El Clap suscita cada vez más crítica”
El relator especial afirmó que la inseguridad alimentaria, la malnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia “han provocado la emigración masiva del país” y criticó los programas sociales creados por el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años para dar respuesta a la crisis alimentaria.
Fakhri hizo énfasis en el programa de alimentos CLAP, creado en 2016 como “medida provisional” y que –según le indicó el Gobierno– llega a más de 7,5 millones de familias venezolanas “al menos una vez al mes”. El experto asegura que sobre el Clap se reporta “la inconsistencia en la entrega y falta de suministro en zonas remotas, así como productos de baja calidad”.
De acuerdo con Hum Venezuela, 61,9 % de los hogares en el país reportaron pagar por el acceso a las bolsas del programa Clap, pero los productos no cumplían estándares nutricionales, eran pocos y no llegaban con regularidad.
Michael Fakhri criticó que el Clap “se ha convertido en un sistema de caridad y susceptible a clientelismo político”, dado que “algunos beneficiarios sugieren que es limosna caritativa y no una medida contra el hambre”.
Consumo limitado agrava la inseguridad alimentaria
Similar a lo que han reportado informes como los de Hum Venezuela, la Encovi y organizaciones no gubernamentales, el relator especial de la ONU dijo que hay un elevado número de familias en Venezuela que recurren a métodos de subsistencia para rendir los pocos alimentos que pueden consumir.
Las familias reducen el tamaño de las raciones, se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos. Sabemos que las personas están consumiendo muchos carbohidratos y las mismas comunidades están buscando la manera de aumentar el consumo de proteína”, dijo Fakhri.
En el último informe de Hum Venezuela, basado en información recopilada por distintas ONG que monitorean en todo el país, se revela que al menos 7,4 millones de personas redujeron su número de comidas diarias en 2023 y el déficit de consumo de carne y pollo alcanza hasta 61 % de la población.
La situación en hospitales y prisiones
Durante su resumen de la visita a Venezuela, el relator especial de la ONU dijo que en los hospitales públicos se necesitan apoyos nutricionales y alimentarios para que los pacientes puedan recuperarse, según relatos y testimonios de familiares y organizaciones con las que conversó su misión.
También se refirió a la situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria que viven las personas mayores, que han sido abandonadas y no son visibles para el Estado; pueblos indígenas y personas con discapacidad que carecen de recursos, apoyo y acceso a alimentos; y la población LGBTIQ+, que es víctima de discriminación y escasos beneficios sociales al no ser reconocida por el Estado.
Llamó la atención sobre el hacinamiento y la falta de alimentación y servicios básicos que viven las personas privadas de libertad. “Las autoridades no proporcionan comida, agua, baño o atención sanitaria y las familias soportan una carga pesada, ya que tienen que aportar alimentos a sus familiares detenidos”, dijo.
Poca información oficial e impacto de sanciones
Cuestionado por periodistas de medios del Estado sobre la veracidad de la información que reportó, Michael Fakhri criticó la falta de datos oficiales sobre la situación alimentaria del país que permitan contrastar y comparar lo que observó la misión en su visita al país.
El experto hizo énfasis en la falta de transparencia de mecanismos como la ley antibloqueo que privilegian contratos poco transparentes por encima de las leyes vigentes. A su juicio, las sanciones económicas impuestas a instituciones del Estado “crean condiciones para corrupción e impunidad” y aumentan “el costo del suministro de ayuda humanitaria”, por lo que pidió que sean levantadas.
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