Los manifestantes vieron a un hombre que se acercó a menos de dos metros de la plaza y lo escucharon claramente cuando dijo a través de su radio: “Vengan que los vamos a joder, traigan refuerzos”.
Caracas. Este miércoles 7 de octubre, jubilados y pensionados de la administración pública, por más de tres horas, estuvieron realizando acciones de calle. De nuevo exigieron remuneraciones y beneficios salariales de ley que les permitan comer, comprar medicinas y recrearse. En medio de la protesta desafiaron a la COVID-19 y a grupos armados civiles, conocidos como colectivos. “Pero ni ellos ni la COVID-19 nos callarán”, decían mientras caminaban por el centro de Caracas.
A las 9:00 a. m. se comenzaron a concentrar en la plaza de la iglesia Altagracia, diagonal a la sede principal del Seguro Social. Ahí escenificaron la misma imagen de todas las protestas: viejitos cansados con bastones, arrastrando los pies y con sus récipes colgando de las manos. Sus gritos de auxilio no eran otros sino la petición de un mejor pago.
Con 400.000 bolívares mensuales no pagamos ni pasaje, decían los pensionados. Mientras los jubilados reclamaban la cancelación de otros beneficios como primas, cestaticket, HCM.
También hubo representación de personal activo. Varias enfermeras del IVSS se quejaron porque les están cancelando la mitad del sueldo, pues la administración dice que trabajan seis horas.
Todas estas desmejoras fueron planteadas en las puertas del Seguro Social, en donde les dijeron que el lunes 12 de octubre los atendería el director. Carlos Julio Rivera, directivo de la Asociación de Pensionados y Jubilados, irá a ese encuentro, además, con denuncias sobre jubilaciones que no están pagando.
Blanca María Torrealba: “Hace un año me jubilé del Ipas-Me y aún no me pagan lo que me corresponde. Ahí trabajé durante 15 años y no es justo que a mi edad tenga que salir a la calle a protestar para reclamar algo que por ley me corresponde”.
La idea era hacer presencia ahí, que la gente escuchara sus gritos de auxilio. Sin embargo, pasada una hora de la concentración, cerca de seis hombres –a quienes los representantes de los pensionados y jubilados ya han visto en otras ocasiones– comenzaron a tomarles fotos y a enviar mensajes por radio pidiendo refuerzos.
Uno de ellos se acercó a menos de dos metros de los pensionados y dijo sin prejuicios a través de su radio: “Vengan que los vamos a joder”.
Un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana lo interceptó y trató de que saliera de la plaza, pero el hombre le dijo: “No te metas cuando los jodamos”.
Todo eso pasó a la vista de los manifestantes entre quienes ya habían “marcado” a tres líderes comunitarios de la parroquia El Valle.
Sin embargo, no dieron paso atrás. Desafiaron a la COVID-19 y a los grupos de choque. Ya sabían que estaba cantada una nueva agresión, pero decidieron continuar con la agenda de protestas. No es la primera vez que les detienen el paso. El 22 de julio, en el mismo punto, encontraron la represión de los funcionarios de la GNB y PNB, quienes se llevaron detenidos a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados del Metro de Caracas y al periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas.
Yadira Rosales, jubilada del sector de los bioanalistas: “Un trabajador activo gana 4 dólares y uno jubilado 400.000 bolívares. Desde 2018, cuando hubo la reconversión nos quitaron todos los beneficios y, a pesar de que somos personal de salud, no recibimos atención ni en los hospitales, porque ahora todo es pandemia. Uno con dolor se tiene que curar en la casa con guarapos. Así vive la mayoría de los jubilados bioanalistas en todo el país, que suman más de 6000”.
Se han enfrentado a refriegas y tragado bombas lacrimógenas cuando han estado defendiendo sus derechos. Este miércoles, aún con las dolencias propias de la edad, pensionados y jubilados saltaron ese cerco de miedo impuesto por colectivos armados, y caminaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en el Centro Financiero Latino de la avenida Urdaneta. En el trayecto un par de Policías Bolivarianos les alertó de la presencia de grupos del oficialismo en los alrededores.
Ya cercano el mediodía llegaron a la Defensoría. Una comisión del despacho les ofreció atenderlos. Y aunque parezca que se fueron con las manos vacías, esta nueva acción de calle reforzó la convicción de que los derechos se ganan y se defienden: “Nosotros seguiremos en la calle, basta de atropellos”, gritaban con voces casi ahogadas por la caminata.
En el sitio estuvieron representantes de Corpoelec, Metro, Cantv, Asamblea Nacional y del sector salud.
Haydeé Arrieta, enfermera: “Trabajo en el Pérez Carreño. Tengo 66 años de edad con 33 de servicio y no me quieren dar la jubilación. Cobro 600.000 quincenal que no alcanzan para nada. Nos rebajaron el sueldo porque, según, trabajamos seis horas, cuando en realidad entro a las 7:00 p. m. y salgo a las 7:00 a. m. Trabajo en condiciones críticas, no nos dan insumos de seguridad, en el hospital falla la luz, el agua, no hay nada y si uno falta porque no tiene dinero para el pasaje le descuentan el día sin antes preguntar”.
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