En el exilio obligado, por miedo a represalias, la periodista Beatriz Lara confía en que Dios hará justicia. Y aunque ya no cree en la venezolana, exige sanciones para sus agresores.
Maracay. “Es difícil creer en la justicia venezolana y a pesar de que han pasado tres años, el tiempo de Dios es perfecto y sé que la justicia divina llegará”. Esta es la esperanza que aún guarda Beatriz Lara, periodista del estado Aragua que, por más de 18 años, laboró en el diario El Aragüeño y que, el 19 de junio de 2015, fue brutalmente agredida, vejada, ultrajada y detenida por dos funcionarios del Cicpc en Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua.
Desde el obligado exilio, única salida que tuvo por miedo a represalias contra ella y sus dos hijos, Beatriz Lara no duda en calificar de aberrante e inhumana la ilegal y arbitraria detención y agresión de la que fue víctima por parte de dos funcionarios policiales adscritos a la comisaria del Cicpc en Villa de Cura.
El 19 de junio de 2015, Beatriz Lara Mendoza, junto a su reportero gráfico Alfredo Paradas, se dirigió a la mencionada población del municipio Zamora del estado Aragua, para darle cobertura a una actividad pautada por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso. El punto de encuentro entre el parlamentario y la prensa regional sería la sede de la delegación del Cicpc en la zona.
Mientras esperan al parlamentario, surge un evento dentro de la comisaría que despertó el instinto periodístico de Lara. Lo que no sabía era que, a partir de ese momento, sería víctima de los tratos más crueles que, hasta entonces, hubiera recibido periodista alguno en Venezuela.
Un funcionario le indica que el inspector Edgardo Villegas es quien puede darle detalles de aquel procedimiento. Beatriz se acerca y pide hablar con el jefe de la delegación, en donde no había ninguna señal que prohibiera el paso o ingreso al Cicpc.
De inmediato, el inspector Villegas le contesta, de manera airada y muy grosera, que no le importa con quién quiere hablar y le grita que se vaya del lugar, mientras la periodista le exigía respeto.
Pero siguió gritándole y, en medio de insultos personales, le exigió que se fuera.
Alfredo Paradas, reportero gráfico y compañero de faenas, se acerca y le pide al funcionario que deje de irrespetar y ofender a su compañera. Pero el iracundo inspector lo empuja, lo hace caer al suelo e inmediatamente entre ocho o 10 funcionarios comenzaron a patearlo, mientras Beatriz gritaba pidiendo auxilio. No permiten que Paradas se levante. El inspector Villegas ordena su detención, lo toman por brazos y pies y, arrastrado, lo llevan dentro de la delegación a punta de golpes.
“Me detienen a esta tipa“, grita el Inspector Villegas. Ningún funcionario le obedece. Decide hacerlo él mismo.
Me sujeta por el brazo y el cabello, mientras le digo que soy periodista. Me empuja contra una pared. Allí dejé de ver a Alfredo, quien estaba identificado con su carnet y chaleco de prensa. Buscó fracturarme el brazo derecho, pero no opuse resistencia. Entonces, amarró su mano con mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra la pared, mientras me decía: informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar? Malditos periodistas, aprendan a respetar el trabajo de uno, siempre entorpeciendo”, narra la periodista.
La única funcionaria femenina que se encontraba en la delegación del Cicpc de Villa de Cura ese día, Rosmery Lama, sí cumplió el mandato del inspector Villegas cuando le ordena que “revise las partes íntimas” de Lara.
“Me levanta por el cabello, intenta abofetearme y a empujones me lleva hasta una oficina. Allí, en shock e ilusa, pensé que podría llamar al jefe de la delegación y decirle que éramos periodistas y no delincuentes, que era una locura lo que estaban haciendo. Rosmery Lama impide que me siente, me grita que nadie me ordenó sentarme, intenta romperme la camisa para desnudarme, pero no pudo. Me exige que me la quite, así como el pantalón y mi ropa interior. Me ordena que salte en cuclillas para ver si tengo drogas o un arma. No podía creer todo aquello. Estaba aturdida, confundida, me parecía mentira”.
Cumplida la orden, la funcionaria Lama le indica a su jefe que no hay novedad, pero aun así este le pide que espose a la periodista. Beatriz Lara es obligada a colocar sus manos alrededor de una viga y hacia atrás, mientras se mantenía de pie. Se le dificultaba evitar que sus manos no se deslizaran por el tubo y que las esposas siguieran cerrándose y presionándola. También esposan a su compañero.
“Sentí que mis brazos explotarían, entonces solo hablé con Dios. Me preocupaba que nadie recogiera a mi hijo pequeño al salir del colegio. Pero sentí que tuve a Dios cerca de mí. Todavía le preguntó por qué me ocurrió aquello”.
Al trato cruel e inhumano que a Beatriz Lara y Alfredo Paradas les infligieron detectives del Cicpc, se le sumaba la orden de reseñarlos por los delitos de resistencia a la autoridad y cómplices de fuga masiva de delincuentes.
Han pasado tres años
A partir de ese momento, se inició otro calvario para la periodista: encontrar justicia. Y, para ello, los gremios como el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y las ONG como Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) emprendieron una cruzada en defensa de la periodista.
Sin embargo y con todo el acompañamiento legal, el caso de Beatriz Lara sigue engavetado en los tribunales del estado Aragua y los dos funcionarios señalados, ejerciendo labores policiales.
La presión logra que Elías Martínez, para entonces Fiscal 20 de derechos fundamentales del Ministerio Público, conociera del caso y gestionara las averiguaciones correspondientes. Se designa una comisión especial para reconstruir los hechos y se inicia la conformación de un expediente a cargo de la fiscal auxiliar interina 62 nacional del Ministerio Público, Carla Isabel Camero, quien no logró culminar su tarea porque fue sustituida por la fiscal Yanira Rivas. También fue sustituido el fiscal Martínez. Lo reemplaza Leiba Morín Ponceleón, exfuncionaria del Cicpc y fiscal 14 del Ministerio Público en el municipio Zamora, en la época cuando la periodista fue agredida en ese municipio.
Un año y seis meses después, finalmente, los fiscales del Ministerio Público presentan ante el Tribunal 10º de control del circuito judicial del estado Aragua, a cargo de la juez Lorena Moreno Morillo, una acusación contra los inspectores Edgardo José Villegas Reyes y Rosmery Desiré Lama Mejías. Al primero se le acusa de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad, mientas que a la funcionaria se le acusa de tratos inhumanos y degradantes, para quienes el Ministerio Público solicitó su enjuiciamiento así como medidas de privativa de libertad sin beneficios de medidas cautelares sustitutivas, toda vez que, por seguir siendo funcionarios activos del Cicpc, existe el peligro de fuga y podrían influir, intervenir u obstaculizar el curso del proceso.
Los abogados defensores de Beatriz Lara, asignados por la ONG Espacio Público, denunciaron reiteradamente el retardo procesal con el que se ha pretendido proteger a unos funcionarios policiales agresores que siguen en libertad. La primera audiencia preliminar con los acusados estaba pautada para el 1 de enero de 2017, pero fue diferida para el 1 de marzo ante la no comparecencia de los funcionarios imputados.
Tres años después, esa audiencia ha sido diferida en 10 oportunidades, mientras que la juez Lorena Moreno hoy disfruta de la jubilación. En su lugar, fue designado Javier Córdoba, quien, a la fecha, no ha establecido una fecha para la celebración de la audiencia.
“Hoy se cumplen tres años de la injusticia más aberrante que he vivido por parte del régimen perverso e inhumano de Nicolás Maduro, al ser detenida, agredida, física, verbal y sicológicamente por dos funcionarios del Cicpc, quienes siguen libres pese a los delitos que les imputaron”, dice Beatriz Lara desde el exilio.
Mientras tanto, sigue confiando en la justicia divina y agradecida por el respaldo y apoyo que, luego de tres años, sigue recibiendo de los gremios y organizaciones en defensa de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión en Venezuela.
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