Los médicos, en un documento enviado a los medios, dicen que ven con preocupación cómo se ha transformado en una práctica sistemática de las autoridades, el amedrentamiento y la agresión hacia el personal de salud, lo cual viola las leyes y los derechos fundamentales a la seguridad, trabajo, salud y vida.
Caracas. La crisis en el hospital J.M. de Los Ríos está en un punto álgido, pues no solo es la falta de insumos, de medicina, de comida para los pacientes. Además, el suministro de energía y agua -que ha afectado a todo el territorio nacional- es insuficiente lo que dificulta la atención hospitalaria.
A eso se suma que la dirección ha estado poniendo trabas, algunas violentas, para el ingreso de donaciones y colaboraciones de las organizaciones no gubernamentales y amedrentando a las mamás cada vez que salen a protestar y a hacer públicas las denuncias sobre el mal funcionamiento de los servicios.
Por tanto, el cuerpo médico este miércoles 13 envió un comunicado a la opinión pública en el que manifiestan su contundente y enérgico rechazo a la prohibición de la entrada y las agresiones de las que fueron médicos de la institución y el Arzobispo de la ciudad, Jorge Urosa Savino, el pasado 10 de marzo, por parte de un grupo de personas ajenas al centro asistencial, con la anuencia de la dirección.
Los especialistas, en un documento enviado a los medios, dicen que ven con preocupación cómo se ha transformado en una práctica sistemática de las autoridades, el amedrentamiento y la agresión hacia el personal de salud, lo cual viola las leyes y los derechos fundamentales a la seguridad, trabajo, salud y vida.
En ese orden de ideas, repudiaron la agresión física y despido del que ha sido objeto el doctor Neomar Balza, del hospital Miguel Pérez Carreño, por reclamar derechos.También exigieron que se tomen las medidas que garanticen la seguridad, en su más amplio sentido, al personal, pacientes y cuidadores; así como también el suministro oportuno, continuo y suficiente de agua, medicamentos, material médico quirúrgico, de una dieta balanceada –ajustada a la patología de cada paciente- y de alimentos a las madres cuidadoras y al equipo de salud, al que la dirección negaron el derecho al comedor alegando que recibe un bono de alimentación.
Según los médicos este beneficio no alcanza para una comida decente y, por tanto, solicitaron que se restablezca el servicio del comedor y se inicien gestiones para mejorar los salarios, ajustándolos a la inflación. Quienes firmaron este documento -nombres que se mantienen en reserva por la Sociedad de Médicos- reiteraron que están a disposición de aceptar la ayuda humanitaria, la cual incluso debería ser ampliada para garantizar la asistencia que permita el rescate de la infraestructura hospitalaria y la dotación o reparación de equipos en áreas claves, que presentan graves problemas y deficiencias, como imagenología y laboratorio.
Los galenos, además, solicitan a los organismos competentes información sobre las causas reales de la suspensión del servicio eléctrico, las medidas que están tomando para su restablecimiento y la fecha probable en que se tendrá un suministro seguro.
Requieren que se les garantice el eficiente funcionamiento de las plantas eléctricas y de los sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida (Saei) en los servicios de terapia, dado que el flujo eléctrico es fundamental para garantizar una buena atención, pues su falta limita diagnóstico y/o tratamiento en muchos casos, incrementándose los riesgos de complicaciones.
Aprovecharon el espacio para desmentir que pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva hayan requerido ser trasladados a otros centros asistenciales. Y reconocieron la labor heroica del equipo de salud, en particular de los residentes que, sorteando innumerables obstáculos, se han mantenido en sus puestos de trabajo, lo cual ha determinado que, hasta los momentos, no se haya producido un mayor número de decesos, directamente atribuibles a la falta de energía eléctrica.
Desde el hospital de Niños ratificaron el apoyo a sus colegas en todo el país que alzan su voz en defensa del legítimo derecho que se tiene a protestar, para exigir que se respeten los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial la vida, la salud, la justicia, el trabajo y la libertad.
Foto Luis Morillo
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