“Protesto y no le tengo miedo al coco de los Clap”

En las barriadas populares ha habido protestas estas últimas semanas. También han retumbado las cacerolas. Pero los vecinos de zonas como Caricuao, La Vega, La Candelaria y Gato Negro denuncian que reciben amenazas de suspensión de las misiones si continúan criticando al Gobierno.

Caracas. Tocar un cacerolazo, evento que se dice “no tumba gobierno”, es sinónimo de represión y hostigamiento barrio adentro. Desde que comenzaron las protestas y las convocatorias de marchas, hace 35 días, los vecinos de comunidades como Caricuao, La Candelaria, Catia y zonas mirandinas, se convirtieron en blanco de los organizadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), quienes amenazan con suspender beneficios como las bolsas de comida y algunas misiones.

Carlos Carrasco, director de la asociación civil Caricuao Propone, indicó que el pasado mes de abril, sectores del suroeste de Caracas como Caricuao, Maracao, Antímano y La Vega salieron a manifestar su descontento frente a la difícil situación que atraviesa Venezuela.

Sin embargo, denunció, que hoy están bajo amenaza de grupos armados, acoso por redes sociales y posible suspensión de la bolsa Clap.

Carrasco afirmó que en Caricuao los jóvenes son los grandes protagonistas de las protestas ciudadanas. “Se convocaron de forma pacífica y organizada, no se presentaron problemas hasta que los grupos armados empezaron a agredir a los manifestantes y vecinos de la zona, solo por manifestar su legítimo descontento”.

El 13 de abril, contó que sufrió acoso por las redes sociales, ya que se dedicó a informar sobre la situación de la protestas ejecutadas en el sector de Ruíz Pineda y la posterior situación de los detenidos durante las manifestaciones de Semana Santa en esa comunidad.

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Ya en el 23 Enero venía ocurriendo que los vecinos tocaban cacerolas con las luces apagadas para no ser identificados. Temían ataques violentos de los grupos armados.

Ahora la situación de hostigamiento ataca lo social: el hambre.

“Vivo en las residencias Parque Caracas de La Candelaria. Salimos a protestar estas últimas semanas y ahora nos dicen que nos van a quitar la bolsa. Eso me indigna, no puede ser posible que nos pisoteen de esa manera. Las bolsas no las regalan, las pagamos y, además, estamos defendiendo nuestro derecho a ser libres. Son los del consejo comunal los que andan con eso. Cuando bajamos en apoyo a los muchachos llamaron a la policía y enseguida nos lanzaron bombas. Ahora es todo un hostigamiento si tocamos cacerolas. Pero a mí no me importa, protesto y no le tengo miedo al coco de los Clap”, relató una vecina que pidió no revelar su nombre para proteger a su hijo, quien aseguró está yendo a las marchas.

El acoso al que se refieren los vecinos ha sido verbal en algunos casos. “Nos dicen que por favor no toquemos cacerolas pues no van a llegar las bolsas. También que si tenemos las calles trancadas no pasan los camiones”, acotó.

Pero no solo a los vecinos les llega el “llamado de atención”. También a los organizadores les ha tocado lo suyo. En Gato Negro, en Catia, una vocera de los Clap, narró que la están presionando para que asista a todas las marchas convocadas por el oficialismo bajo la excusa de la bolsa.

“Antes le notificaban a uno. Yo iba un rato y me regresaba temprano. Ahora nos chequean y nos vigilan desde que salimos. Es una persecución permanente. Hay que ir a todas las reuniones. Yo fui chavista y en estos momentos no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando. Entiendo a la gente que protesta, pero me he visto en la obligación de decirles que toquen con cuidado las cacerolas para que nos los sancionen. Eso no me parece justo. Me siendo muy mal con esta situación y hasta con miedo”, dijo, al tiempo que pidió resguardo a su identidad pues trabaja para una dependencia gubernamental.

Manfredo González, concejal del municipio Sucre, quien participó en la segunda reunión de la Red Metropolitana Vecinal de Caracas con representación de los vecinos de los municipios Libertador, Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao, destacó que al presidente de la República, Nicolás Maduro, no le basta con reprimir las marchas, sino que de un tiempo para acá la represión se trasladó a las comunidades, e hizo hincapié en que muchas de estas son encabezadas por grupo armados que agreden a los vecinos bajo el amparo de los cuerpos de seguridad del Estado.

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“Eso se ha sentido en los últimos 35 días. Hemos recibido información de que en los sectores populares y en la Misión Vivienda pasa que si la gente levanta su voz en contra de lo que está sucediendo, los amenazan por las redes sociales, les mandan audios, colocan carteles en los ascensores, hechos que desde la Red estamos condenando, pues se viola el derecho a la libre expresión y se suprime además el de la alimentación, al manipular con el tema de la entrega de los Clap”.

Carlos Carrasco llamó a la dirigencia política a actuar con mayor responsabilidad en las protestas convocadas en los sectores populares. “Una persona que proteste en Caricuao, Catia o El Valle, no solo se expone a una posible represión por parte de los cuerpos de seguridad, sino que además se enfrenta a un riesgo mortal de ser atacado por grupos armados irregulares. Esa es otra magnitud de violencia cotidiana que la oposición debe entender. La estrategia en los sectores populares debe ser diferente por la protección de los ciudadanos”.

Ataques del Gobierno

Al finalizar el mes de abril, de cara a la marcha pautada por el oficialismo para el 1° de mayo, rodaron por las redes sociales dos audios presuntamente del jefe estatal de Mercal Táchira, Gaspar Cammarata, y el otro de Marilin Di Luca, directora nacional de Nutrición, en los cuales de manera grosera reclamaban que la gente no estaba comprometida con la revolución. En el caso de Cammarata, pidió el cargo a cinco coordinadores o responsables que no notificaron su asistencia a la concentración en Caracas. En la voz se escucha que no era válido excusar que la mamá estaba enferma. “Yo mismo los voy a llamar a la oficina”, amenazó.

Mientras que Di Luca, usando malas palabras, rechazó que los coordinadores en Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Lara, Miranda, entre otros estados, no estaban cumpliendo con la cuota de las personas que les pidieron para la marcha. “Apenas estoy pidiendo mil personas, les estamos poniendo la plata para que los trasladen. El alto mando político y militar de nuestro Gobierno dice que nos estamos jugando a Rosa Linda, ¿ustedes se la van a jugar o qué coño van a hacer?”.

Foto referencial: Archivo de Crónica.Uno