Provea: En el primer semestre del estado de alarma fueron asesinadas 5 personas y detenidas 442

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Provea en su informe detalló que 59 periodistas, 33 políticos, 25 médicos y 10 trabajadores y/o sindicalistas fueron víctimas de detenciones arbitrarias. Los responsables de estas prácticas reñidas con los derechos humanos fueron: la GNB, las FAES y la Dgcim e inclusive hubo de grupos de choque, también conocidos como colectivos.

Caracas. Provea divulgó este jueves 12 de noviembre un informe denominado: «La disciplina del miedo: Detenciones arbitrarias y asesinatos en protestas en los 6 primeros meses del estado de alarma en Venezuela».

Del estudio se desprende que, entre los meses de marzo a septiembre de 2020, cinco personas fueron asesinadas y otras 442 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país. Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria. Sobresalen como perfiles de víctimas los periodistas (59); políticos (33); médicos (25) y trabajadores y/o sindicalistas (10) que también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal. “Intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”.

La ONG sostuvo que: “En detrimento del ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al COVID-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”.

También destacó que: “Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país”.

Para la ONG, “la ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social, ante la falta de los reglamentos que debían detallar la implementación de los establecido en el decreto de estado de alarma, ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos. Esta ambigüedad ha generado múltiples irregularidades, dentro de las cuales se incluyen denuncias de corrupción y extorsión por parte de funcionarios militares y policiales a ciudades que habrían vulnerado las medidas sanitarias”.

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Asimismo, el informe de Provea centra su atención en dos violaciones a los derechos civiles y políticos ocurridas el primer semestre del estado de alarma: las detenciones arbitrarias y las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica. Todos los datos incluidos fueron verificados con contraste de diferentes fuentes, publicaciones en redes sociales e informes de los defensores de derechos humanos. Resaltan que las restricciones de la cuarentena supusieron un obstáculo para corroborar la información y documentar en materia de derechos humanos. «Advertimos que la situación de distanciamiento social aumenta el margen de subregistro sobre las posibles cifras reales”.

Detenciones arbitrarias y sus responsables

Provea detalló que durante el primer semestre del estado de alarma en el país ocurrieron por lo menos 159 detenciones arbitrarias, de las cuales 108 casos (67,5 %) fueron en los primeros tres meses. El único estado donde no se registraron detenciones fue Amazonas. El Distrito Capital concentró 34 casos, 21,25 % de la totalidad. Desagregadas por género 38 casos (24 %) fueron contra mujeres.

Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron: la Guardia Nacional Bolivariana (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17 casos) y la División General de Contrainteligencia Militar (17 casos). Se registraron dos casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y grupos de choque. En total, 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron en las detenciones arbitrarias.

“En estos seis primeros meses 442 personas fueron detenidas en manifestaciones, de las cuales al menos 17 fueron aprehendidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones con la pandemia COVID-19. Además, al menos 13 personas fueron detenidas arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio”, revela el informe.

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Especifica que: “94 % de los detenidos fueron hombres, mientras que 6% mujeres. Desagregando por estado, tenemos que las mayores regiones con casos de detenciones arbitrarias en manifestaciones fueron Bolívar (57 casos), Zulia (49 casos) y Lara (46 casos). Comparativamente, en el Distrito Capital solo ocurrieron 9 situaciones, al igual que en Miranda, con 9 casos. La Guardia Nacional Bolivariana, con 222 casos (50,2 %), fue el organismo de seguridad responsable de la mayor cantidad de detenciones en protestas”.

El patrón

Provea puntualizó que: “En el patrón relativo a las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica tenemos que el gobierno realizó una estrategia que denominó ‘Furia Bolivariana’ para disuadir el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión, así como el de libertad de opinión e información”.

Relató que luego de ser convocada a través de medios de comunicación por el propio Nicolás Maduro, en los dos primeros meses del estado de alarma “se registraron 58 ataques contra residencias de personas, las cuales fueron vandalizadas con mensajes intimidatorios. La mañana siguiente del primer llamado, el 29 de marzo de 2020, 48 viviendas amanecieron vandalizadas, generando un importante efecto intimidatorio. Los ataques ocurrieron en 19 estados del país, lo que sugiere la capacidad de respuesta nacional en acciones de persecución y hostigamiento ordenadas por quien ejerce, de facto, el rol de presidente de la república”.

Los asesinatos
Durante el primer semestre del estado de alarma ocurrieron cinco asesinatos en el contexto de manifestaciones, “lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país. Las víctimas fueron Charlis Antonino Núñez (29), Rafael Hernández (21), Joe Luis Albornoz Paz (18), Carlos Enrique Chaparro (47) y Junior Enrique Chaparro”.

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Provea y Laboratorio de Paz concluyen, a partir de los datos, que durante los primeros meses del estado de alarma las autoridades realizaron detenciones arbitrarias como mecanismo de disciplina e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria.

“Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en Venezuela, incrementando la censura y autocensura de líderes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del gremio médico en el país. Con el COVID-19, la militarización y la política de seguridad nacional se ha recrudecido, manteniendo la política de persecución y acoso contra grupos denominados críticos, opositores por razones políticas”.

Y, además, “la llamada ‘ley de odio’ se consolida como el instrumento para criminalizar, controlar y para informar sobre personas que hacen denuncias, criticas, protestan o informar. Se suma un montón de personas a juicios abiertos con casa por cárcel y violaciones y limitaciones a sus derechos”.


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