La mayoría de la Asamblea Nacional asumió como propia la ruta planteada por Juan Guaidó en Barbados para una solución integral a la crisis política y humanitaria, que implica la creación de un consejo de gobierno. Los diputados de la alternativa democrática ratificaron la soberanía sobre el Esequibo y rechazaron la judicialización del caso ante la Corte Internacional de Justicia. La plenaria declaró nulo el censo de vivienda y alertó sobre el plan Ubica tu casa.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) adoptó este martes cuatro decisiones políticas, todas con el apoyo de la mayoría de la alternativa democrática y el silencio del recién reincorporado Bloque de la Patria.
En primer lugar, la plenaria debatió y aprobó un acuerdo que declaró la nulidad e ilegalidad del censo nacional de viviendas que prepara Nicolás Maduro con apoyo logístico de las milicias, el partido Somos Venezuela y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez.
En segundo lugar, los diputados debatieron y aprobaron un nuevo acuerdo (el sexto desde 2016) en defensa del Esequibo y para ratificar que el Parlamento venezolano desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, a donde Guyana elevó el caso de manera unilateral e inconsulta en 2018.
Como tercer punto, a través de un acuerdo parlamentario, la plenaria hizo suya la ruta propuesta por Juan Guaidó en las conversaciones de Barbados que plantea la renuncia de él y de Maduro como presidentes, la conformación de un consejo de gobierno plural y la realización de elecciones presidenciales libres, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano.
En el cuarto punto el pleno autorizó a la junta ad hoc de Pdvsa utilizar hasta dos millones de dólares americanos del total de fondos a su nombre en Estados Unidos, para pagar la contratación de abogados al servicio de la Procuraduría Especial designada por la AN, para que defiendan los intereses de la República en los juicios en el exterior.
Al igual que la semana pasada, el Bloque de la Patria solicitó una modificación del orden del día para incorporar un debate sobre las relaciones de Juan Guaidó con la banda delictiva colombiana Los Rastrojos; la solicitud fue negada.
Por su parte, el diputado José Trujillo (AD) pidió incorporar en el orden del día la designación de dos profesores de alto nivel como representantes del Parlamento ante el Consejo Nacional de Universidades, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades. El punto fue incluido como último de la agenda, pero luego de casi 6 horas de sesión, cuando correspondía debatirlo, se solicitó su diferimiento para la próxima semana.
En defensa de la propiedad privada
Con el primer acuerdo aprobado este martes, la AN salió al paso al reciente anuncio emanado desde Miraflores según el cual el censo nacional de vivienda que correspondía hacer en 2021 se adelantará para este año y en vez de ser coordinado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con autorización de la Asamblea Nacional y ejecución de estudiantes universitarios entrenados por el INE, será realizado por milicianos, activistas del partido Somos Venezuela y de las UBCh del PSUV.
Los diputados que intervinieron en el debate coincidieron en tres argumentos: uno, que ese censo será una nueva herramienta de control político que se sumaría al “chantaje y control social” implícito en mecanismos como el Clap y el carnet de la Patria; dos, que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano y que su violación es un delito imprescriptible; y tres, llamaron abiertamente a la ciudadanía a no participar en dicho censo.
“Con ese censo Maduro pretende continuar con el chantaje político. Estamos obligados a esperar a estos bandidos cuando lleguen a las urbanizaciones. No les vamos a permitir que expropien las viviendas de los venezolanos”, dijo el diputado Avilio Troconis.
Los diputados hicieron una asociación expresa entre el censo convocado por Maduro y el denominado Plan ubica tu casa. Ismael León (VP) recordó que dicho plan se originó el año pasado a raíz de un tuit del diputado Pedro Carreño para supuestamente ubicar viviendas desocupadas y hacer la transferencia de su propiedad a través de los registros civiles. León dijo que ahora el plan se apoyaría en el censo de vivienda para propiciar la ocupación ilegal de casas, apartamentos y locales vacíos producto de la migración de sus dueños legítimos.
Elio Serrano y Orlando Zambrano intervinieron por el oficialismo en este punto. Dijeron que el censo servirá para saber cuantos inmuebles de vivienda y comercio hay en el país para planificar mejores políticas públicas. Y enfatizaron que a través de la Misión Vivienda, los gobiernos de Maduro y Chávez son los que más propiedades han dado a los venezolanos “no solo a los chavistas”.
El acuerdo declara nulo e ilegal el censo de vivienda y crea una comisión que investigará la responsabilidad penal de todo ciudadano, funcionario público o no que viole el derecho a la propiedad privada. Además insta a la AN a hacer un informe pormenorizado con las denuncias recibidas por quienes resulten afectados.
En defensa del Esequibo
El presidente de la comisión de Política Exterior Francisco Sucre (VP) abrió el debate haciendo un recuento de todas las decisiones y actuaciones cómplices de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que perjudicaron el derecho de los venezolanos sobre el Esequibo, a partir de 2004 cuando por el interés de consolidar Petrocaribe, Chávez dijo que no se opondría al desarrollo de la zona en reclamación por parte de Guyana.
Sucre también enumeró los cinco acuerdos previos aprobados por la plenaria desde 2016, así como la visita in situ que una delegación de diputados hizo en 2018 a la isla de Anacoco, cuya mitad ahora también reclama Guyana.
Saúl Ortega y Earle Herrera del PSUV acusaron a Guaidó de dar preponderancia a los intereses de Gran Bretaña en este caso y haber guardado silencio ante posturas desfavorables a Venezuela como la expresada el 4 de enero de este año por el Grupo de Lima.
Marialbert Barrios (PJ) responsabilizó expresamente a Chávez y a todos los cancilleres desde 1999, así como a Maduro tanto en su paso por la Cancillería como desde Miraflores, por haber tirado por la borda en 20 años una política diplomática histórica de defensa del Esequibo.
Aunque el diputado Manuel Teixeira (UNT) abogó porque el acuerdo se aprobara por unanimidad dada la sensibilidad del tema e instó a que se le hicieran los cambios que propusiera el oficialismo, el Bloque de la Patria simplemente guardó silencio durante la votación nominal. De sus 33 diputados presentes, solo 5 expresaron de viva voz su voto negativo. Otros 3 diputados de Cambiemos salvaron el voto y el resto, 95 diputados de la alternativa democrática, lo respaldaron.
El acuerdo ratifica que el Esequibo es venezolano, que la AN desconoce la jurisdicción de la CIJ, exhorta a Maduro a informar si ha sido notificado de la fecha de las audiencias orales de este caso (que fueron fijadas para marzo de 2020) y solicita a la Corte remover el caso de su lista de casos pendientes ya Guyana a regresar al camino de la solución diplomática.
Por unas elecciones presidenciales
La propuesta que la delegación de la oposición dejó sobre la mesa en Barbados el pasado mes de agosto y que la delegación de Maduro no ha respondido, pues decidió apartarse del mecanismo de facilitación montado por Noruega, fue acogida por la Asamblea Nacional como propia.
Mientras los diputados opositores destacaron su viabilidad y conveniencia, los oficialistas se aferraron a su propuesta de elecciones legislativas adelantadas para inicios del año 2020.
El diputado Stalin González (UNT), integrante de la delegación enviada por Guaidó a Barbados, hizo otra revelación del contenido de la propuesta, hasta ahora desconocida. Dijo que en materia económica, Guaidó le planteaba a Maduro y a su delegación un plan de rescate y desarrollo económico a 24 años, es decir, que fuera acogido y aplicado durante cuatro períodos presidenciales continuos, para asegurar la recuperación nacional.
La bancada 16-J, en la voz de Omar González (VV) manifestó su suspicacia por considerar que el acuerdo presentado parecía invertir el orden del plan inicial propuesto por Juan Guaidó en enero: en lugar de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, consideró que el acuerdo parlamentario daba preponderancia a las elecciones libres. Henry Ramos replicó e instó a la ciudadanía a no aferrarse a una fórmula: “¿Qué hago para que cese la usurpación, tiro la bomba atómica? Si no tengo recursos para que cese la usurpación y me dicen que la vía para que cese la usurpación es hacer unas elecciones libres, pues trabajo febrilmente para ganar esas elecciones”.
El acuerdo aprobado ratifica las atribuciones de la AN y de sus 167 diputados y destaca que dentro de esas atribuciones el Parlamento ha propuesto al país una ruta integral de solución a la crisis que pasa por unas elecciones libres; ratifica además el respaldo expresado hace 15 días a la propuesta de Guaidó en Barbados; y agradece a la comunidad internacional el respaldo brindado a las gestiones y acciones de la AN para lograr superar la crisis humanitaria e institucional de Venezuela.
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