La nueva ley establece que el Ministerio de Relaciones Interiores podrá fijar tasas diferenciadas tomando en cuenta el lugar donde se realiza la solicitud. El monto final de la tasa se determinará mediante resolución. El documento expedido de forma virtual por el Ministerio de Interior dejó de ser gratuito desde el 20 de julio, fecha de publicación de la gaceta.
Caracas. Entre 10 y 50 veces el tipo de cambio oficial “de la moneda de mayor valor” publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) será la tasa que se cancelará para la tramitación del certificado de antecedentes penales ante el Ministerio de Relaciones Interiores.
La Gaceta Oficial N° 6.712 oficializó la reforma de la Ley de Registro de Antecedentes Penales con el fin de, según señala el texto, “garantizar la idoneidad del registro” y deroga la ley anterior, que databa del año 1979.
De esa forma, el documento expedido de forma virtual por el Ministerio de Interior dejará de ser gratuito. El certificado de antecedentes penales es solicitado, principalmente, por personas que migran o van a otros países por trabajo o, en ocasiones, por estudio.
La nueva ley estipula, además, que el Ministerio de Relaciones Interiores podrá establecer tasas diferenciadas tomando en cuenta el lugar donde se realiza la solicitud y el monto de la tasa se determinará mediante resolución.
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Los certificados de antecedentes penales solicitados por órganos y entes del Estado serán gratuitos y ningún empleador podrá exigir a las personas la presentación de antecedentes penales como requisito para postularse a una oferta de trabajo.
Tampoco puede ser requerido para aspirar a determinada situación académica, laboral, beneficios de salud en seguros, créditos bancarios, ingreso o permanencia en algún establecimiento o lugar. Quien incurra en ello, sea persona natural o jurídica, recibirá una multa de 1000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor.
La aplicación de una tasa para obtener el certificado de antecedentes penales es la continuación de la política que lleva adelante el gobierno de Nicolás Maduro desde hace tres años, que ha incluido incrementos en tarifas de servicios públicos, solicitudes de pasaportes y, en enero de este año, de las tasas de documentos civiles y mercantiles.
Para el último incremento de tasas, el Gobierno también impulsó –apoyado en su mayoría en la Asamblea Nacional– la reforma de la Ley de Registros y Notarías y llevó las tasas de documentos más sencillos (como actas de nacimiento, matrimonio o defunción) a costar más de un dólar, ancladas al petro.
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