Expertos y ONG critican las medidas de EE. UU. por considerar que han agudizado las penurias que ya padecen los venezolanos y porque no han servido para el impulsar el cambio político; y, por ello, piden sustituirlas por otras enfocadas contra más funcionarios responsables de atentar contra los derechos fundamentales de los venezolanos.
Caracas. “El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra”. En el Gobierno de Estados Unidos parece que jamás han escuchado este refrán popular, porque con su decisión de imponerle entre 2017 y 2019 sanciones financieras a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al Banco Central de Venezuela (BCV) y a otras instituciones públicas, para así forzar la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, parece estar repitiendo la misma receta que ya aplicó en el pasado a otros regímenes totalitarios y autocráticos. Esto, a pesar de que la experiencia ha arrojado que los ciudadanos de a pie son los principales afectados por las medidas, mientras que los gobernantes continúan en sus puestos.
Los casos de Cuba, Irán y Corea del Norte, junto con datos que revelan que las medidas han deteriorado las ya paupérrimas condiciones en las que venían subsistiendo millones de venezolanos, han llevado a organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y The Washington Office on Latin America (WOLA), así como a expertos, a solicitar a la nueva administración encabezada por el demócrata Joe Biden que revise la estrategia hacia el país.
“Hemos sido muy críticos con las sanciones financieras generales, porque creemos que están agravando la crisis provocada por la ineficiencia, la corrupción y el modelo económico impuesto por el chavismo (…) Las sanciones financieras generales agravan el sufrimiento de la población y son ineficaces para impulsar el cambio político, por eso creemos que deben ser sustituidas por más sanciones individuales contra funcionarios públicos”, afirmó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.
Por su parte, Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria en emergencias humanitarias y colaboradora de Cáritas de Venezuela, también fustigó las medidas, las cuales dijo que “violan tratados internacionales y principios del Derecho Internacional”, porque han sido impuestas de manera unilateral por un Estado; y además denunció que las mismas “al limitar la capacidad del Estado para movilizar fondos violan derechos fundamentales del pueblo venezolano”.
En la picota
Los derechos a la alimentación, a la salud y a la vida son algunas de las garantías fundamentales que están siendo vulneradas por las sanciones estadounidenses, aseguró Raffalli, quien indicó que las medidas impuestas en 2019 a Pdvsa, las cuales impiden a empresas y ciudadanos estadounidenses negociar con ella y el embargo a Citgo, han sido las más perjudiciales.
Los datos recabados por WOLA, en su informe “Impacto de las sanciones financieras y petroleras sobre la economía venezolana” que WOLA publicó en octubre de 2020, da la razón a la nutricionista.
“Las exportaciones petroleras son la principal fuente de divisas de la economía y, por lo tanto, una pieza fundamental para la financiación de la adquisición de importaciones. Las sanciones han generado un impacto negativo notable en las exportaciones petroleras venezolanas, lo que se ha traducido en una reducción importante de las importaciones, por lo tanto, en una menor oferta de bienes”, se lee en el reporte.
La ONG estadounidense denuncia que las medidas contra Pdvsa han afectado programas sociales del Estado, tales como las polémicas cajas Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). “Con un Estado venezolano teniendo problemas para generar recursos y realizar importaciones, la oferta de cajas Clap se dificulta, con lo cual se complica el abastecimiento alimentario”, se lee en el reporte, en el cual, sin embargo, no se menciona porqué la producción nacional de alimentos y medicinas no aumentó, pese a los miles de millones de dólares destinados por el gobierno de Hugo Chávez a ello.
Con todo, en un informe similar elaborado por Provea sí se ahonda en las causas de la crisis humanitaria que vive el país.
“Si bien es innegable que desde 2017 es mucho más difícil para el Gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez de los mismos, que se debe, fundamentalmente, a la crisis económica que desde 2004 se ha ido lentamente gestando en el país (…) El hecho de que la importación de comida y alimentos en 2018 sólo haya sido de 2600 millones de dólares, cuando en 2012 llegó a ser 8 veces más, no es causado por las ‘sanciones’, sino por la crisis de economía capitalista centrada en el rentismo petrolero”, se lee en el texto.
Cambio de enfoque
WOLA y Provea, en sus estudios, proponen al nuevo inquilino de la Casa Blanca que evalúe la posibilidad de permitirle a Pdvsa reestructurar su deuda y que analice la propuesta de un plan “Petróleo por ayuda humanitaria”, defendida por el exjefe de la Oficina Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Rodríguez.
Una iniciativa similar se puso en marcha en Irak entre 1996 y 2003, tras la primera guerra del Golfo bajo el amparo de Naciones Unidas. Sin embargo, el mismo terminó siendo un foco de corrupción, en el cual hasta un familiar del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, terminó salpicado.
El coordinador general de Provea, no obstante, fue más allá y propuso a Washington dejar a un lado las sanciones generales y retomar las individuales. “Se debería sancionar a más jueces, fiscales, policías, militares y demás funcionarios acusados de cometer violaciones a los Derechos Humanos”, dijo Rafael Uzcátegui.
Consultado sobre el impacto real de este tipo de medidas, el activista dijo: “Las sanciones son la principal preocupación de los funcionarios venezolanos, pero no las generales sino las que les afectan a ellos directamente. Aunque públicamente denuncian a las sanciones generales por violar la soberanía, en toda mesa de diálogo lo primero que plantean son las que les afectan personalmente. Si se continúan sancionando a más funcionarios e incluso se las extienden a sus familiares, eso ejercerá más presión en una eventual negociación. Eso podría dar más resultados que dejar a millones sin comida, medicinas o sin diésel”.
En los últimos años a decenas de funcionarios venezolanos EE. UU., la Unión Europea (UE), Canadá y otros países les han impuestos medidas que les han retirado visas para visitar sus territorios y les han congelado los bienes y los fondos que puedan tener allí.
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