El paso de niños por las trochas en la frontera del Táchira, lejos de ser una aventura, implica una serie de riesgos, entre ellos, el de la explotación laboral y sexual por parte de organizaciones dedicadas a la trata de personas.
San Cristóbal. Tras el inicio de la migración en Venezuela, muchos fueron los caminos que los venezolanos tomaron para huir de la crisis humanitaria compleja. Unos por tierra, otros por aire, abandonaron su tierra, mientras que otros forman parte de esa “migración pendular” en la frontera del Táchira, es decir, ante la falta de trabajo, hacen vida laboral ahí y al final de la jornada retornan al país.
Para ellos, las trochas son la válvula de escape ante la imposibilidad del paso por alguno de los tres puentes binacionales que conectan al Norte de Santander con los municipios fronterizos de la entidad.
Allí, en esos caminos ilegales, coinciden realidades múltiples: desde personas que huyen de la precaria situación, hasta delincuentes. Contrabando va y viene de alimentos y combustible, entre otros. Por lo general, son adultos los que cruzan estos pasos, donde siempre se corre el riesgo de quedar atrapado en un enfrentamiento entre bandas —que se disputan el control de las actividades en la trocha— o verse amenazado por la corriente del río Táchira en una crecida imprevista.
Sin embargo, hace unos meses también se ha visto a niños transitar por estos caminos sin ningún tipo de control. A pesar de que hay militares en el lugar resulta difícil vigilar el flujo de gente que atraviesa la frontera del Táchira de forma constante, un flujo que se ha exacerbado debido a los embates de la crisis en el país.
Trata de personas
Recientemente, Transparencia Venezuela dio su reporte de corrupción y éxodo, en el que puso énfasis en la docena de riesgos a los que se exponen los migrantes. Uno de los más “abominables”, de acuerdo con Beatriz Salas, coordinadora general de Transparencia en Táchira y directora de Proyecto 860, es el de la trata de personas.
La trata de personas consiste en captar a ciudadanos de todas las edades para ser esclavizados sexual o laboralmente. Asimismo, hay casos de víctimas que son objeto de tráfico de órganos hacia otros países.
Salas destacó que en vista de que 70 % de los venezolanos vive en extrema pobreza, los miembros de grupos delictivos aprovechan la situación para captar gente a través de redes sociales con la falsa promesa de trabajos bien remunerados.
La corrupción ejerce con sus tentáculos y abarca a varios países, incluso a funcionarios para forjar documentos”, dijo.
Advierte que la frontera cerrada, lejos de reducir estos delitos, lo que hace es facilitar el trabajo de este tipo de organizaciones.
Retorno
La directora de Proyecto 860 explicó que desde finales del año pasado se registró un fenómeno de retorno de migrantes, como consecuencia de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 y que agravó la situación precaria de muchos venezolanos.
Nuevamente se ve el éxodo de venezolanos a otros países, usando estos pasos irregulares de la frontera a través de las trochas y quienes habían migrado solos, retornan nuevamente, pero con sus familiares”.
Asegura que por la precariedad en la que estas personas viven, se ven tentadas a abandonar o vender a sus hijos. Comenta que sabe de casos en los que han abandonado niños en el estado Táchira en zonas fronterizas como Capacho, San Antonio y Ureña. “Muchos pasan y los niños quedan allí y no es que quedan allí, sino que son vendidos a estas redes de trata y eso es muy grave”.
Vendidos por la propia familia
La gravedad del hecho radica, además de la naturaleza del delito, en que el negocio lo concretan los familiares directos de los niños. Madres, padres, hermanos, abuelos, los venden para poder seguir su camino.
Salas explica que, en otros casos, los niños son captados por estas redes y atraviesan la frontera con terceras personas. En este sentido, hizo referencia a las declaraciones emitidas por Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, quien aseguró que se adelantan investigaciones en Táchira relacionadas con la trata de personas para la explotación sexual. Unas 26 personas habrían sido detenidas por estos hechos. “Eran víctimas de trata y había involucrados una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes”.
Justamente esta semana, Freddy Alberto Ramírez, registrador de Silos del Norte de Santander, fue detenido al estar implicado en el forjamiento de documentos que facilitaban la movilización de niños y migrantes. Parte de la evidencia fue el documento de un niño venezolano al que le cambió la nacionalidad, así como la identidad de los padres, a fin de trasladarlo hasta Ecuador, donde le perdieron el rastro. Al hombre se le imputaron varios delitos, entre ellos: tráfico de niños, niñas, adolescentes y migrantes.
Diversas han sido las instituciones, entre ellas el Instituto Tachirense de la Mujer, que han recibido denuncias sobre desapariciones de niños, niñas y mujeres, por lo que se han abocado a investigar sobre el asunto.
De las investigaciones deriva que las niñas entre 11 y 16 años de edad son las más vulnerables”, advirtió Salas.
La jurista exhortó a la sociedad para que no caigan en engaños ni promesas falsas, pues este tipo de ofertas no son ciertas y lo que buscan es aprovecharse de la necesidad de los venezolanos. Extendió el llamado a los padres y representantes para que estén pendientes de sus hijos y de su círculo de amistades. “Es muy fácil captar a un niño y secuestrarlo con esos fines”.
Trato inhumano
El director de la ONG Por el Bien de Todos, José Rozo, asegura que los niños en la frontera del Táchira reciben un trato inhumano por las mismas restricciones que existen para su paso en los puentes.
Exhortó a las autoridades a que tomen cartas en el asunto y eviten que ocurra una tragedia en la que se vean involucrados niños que son forzados a transitar por pasos ilegales “donde pululan la delincuencia y criminalidad”.
Problema de vieja data
En mayo de este año, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello divulgó el informe “Pequeños en Movimiento”, que reveló que más de 750 niños retornaron a Venezuela sin acompañantes. Sin embargo, más de 450 han vuelto a emigrar solos o junto con otros menores de edad. La medición se realizó entre agosto de 2020 y febrero de 2021.
El documento recoge que en cuatro años, entre 2015 y 2019, más de 25.000 niños migraron del país solos y 55 % lo hizo sin documentos. La mayoría de los no acompañados cruzaron la frontera a pie y sus edades se ubican entre 12 y 17 años.
“La pandemia ha dado lugar a un aumento considerable de los casos notificados de violencia basada en el género (VBG) y de necesidades de salud mental, al tiempo que ha provocado inseguridad alimentaria generalizada, aumento de los niveles de malnutrición y una creciente indigencia, especialmente entre las personas más vulnerables, a saber, los niños y niñas no acompañados y separados de sus familias”, establece el informe.
Otro aspecto que se destaca en este informe es el relativo a que los grupos armados de Colombia hacen ofertas laborales que suenan atractivas para el desarrollo de actividades en lugares apartados bajo su control. En estos sitios, los niños no acompañados o separados están expuestos a reclutamiento forzado con fines de explotación sexual y trata; también son empleados como correo de mercadería de contrabando y sustancias ilícitas, así como para el manejo de armas y elaboración de minas, establece el informe.
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