Lupa por la Vida detalló que desde enero hasta agosto de 2023, fallecieron 77 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Miranda, y 24 en Distrito Capital, para un total de 101 decesos.
Caracas. Hay una sola palabra que ronda en la cabeza de Mariela Ochoa después de la muerte de su hijo: justicia. Jeremy Daniel Blanco Ochoa fue asesinado el 7 de agosto de 2023 por supuestos funcionarios de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Hasta la fecha, Mariela solo tiene conocimiento de que dos de los presuntos implicados tienen orden de aprehensión. Sin embargo, no sabe si están detenidos, o como ella dice “si están en otro cuerpo policial”.
“Sé que denunciar no me va a revivir a mi muchacho, pero quiero justicia”, expresó.
Cofavic documentó, en 2021, que al menos 75 % de mujeres madres, hermanas, hijas o esposas son quienes denuncian los efectos de la impunidad, criminalización y amenazas ulteriores.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) precisa que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, constituyen violaciones graves de derechos humanos, particularmente del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Estos actos tienden a llevarlos a cabo “agentes de estados represivos”.
“Lo ruletearon”
Mariela denunció que a su hijo “lo ruletearon” por Caracas, luego de que se lo llevaran agentes del DCDO aquel 7 de agosto. Estuvo desaparecido por seis horas. Durante ese tiempo esta madre recorrió distintas comisarias y sedes de la PNB en Caracas y fue tres veces hasta El Helicoide para preguntar por su hijo, con la esperanza de encontrarlo.
No obstante, a las 4:00 p. m del mismo día, por una foto que comenzó a circular por grupos de WhatsApp, se enteró de que su hijo estaba muerto. Se veía claramente que Jeremy recibió un disparo en el pecho. Una amiga fue quien les avisó.
Al joven de 19 años de edad lo asesinaron en una calle del sector La Charneca de San Agustín del Sur, un sector cercano de donde lo detuvieron. Los funcionarios le ordenaron a los vecinos no abrir las puertas de sus casa ni asomarse, mientras Jeremy pedía auxilio desesperadamente. Se escucharon varias detonaciones, pero él recibió un solo impacto de bala.
“Fue un enfrentamiento, señora”, le dijeron los funcionarios a una de las vecinas, pero ella no estaba convencida de eso.
Lupa por la Vida detalló que desde enero hasta agosto de 2023, fallecieron 77 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales, en el estado Miranda, y 24 en Distrito Capital, para un total de 101 decesos. 24,69 % más que durante el mismo período de 2022.
En un informe anterior, la referida ONG contabilizó en 2022 que policías y militares asesinaron a 824 personas en toda Venezuela en presuntas ejecuciones extrajudiciales. La PNB originó 196 víctimas fatales.
Detención y comunidad consternada
Cuando se llevaron a Jeremy estaba fuera de la casa de su amigo de la infancia, en el sector La Televisora de San Agustín del Sur. Esperaba para empezar la jornada de trabajo ese día, mientras usaba su celular, dispositivo que, por cierto, nunca apareció, según su madre.
Un testigo vio desde una platabanda el momento en que arribó una patrulla de la DCDO y lo subieron en la unidad. Como le pareció tan extraño bajó hasta el sitio y le preguntó a los funcionarios el motivo de la detención, pero no obtuvo respuestas.
Posterior al asesinato, cerca de tres comunidades en San Agustín del Sur quedaron consternadas. El consejo comunal del sector Fila de Marín redactó una carta para dar constancia de que Jeremy era un joven de buena conducta y que era conocido por la comunidad. La familia recogió más de 500 firmas para avalar la información.
Mariela contó que su hijo nunca tuvo antecedentes penales e informó que tenía un emprendimiento de un autolavado en La Televisora. Tenía al menos cinco meses de iniciar ese negocio con un amigo.
Osoris fue asesinado en la autopista Caracas-La Guaira
Otro caso donde continua la impunidad es el del hijo de Joselin Alcalá. Un hombre de 31 años de edad que fue asesinado por presuntos efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del eje de El Llanito, el 17 de julio de 2023, en la autopista Caracas-La Guaira.
El jefe de Osoris Ramón Sojo Alcalá lo llamó para hacer un remolque en La Guaira, así que él fue hasta el sitio. Cuando llegó a la grúa, donde estaba su jefe, recibió disparos por la espalda. Luego se bajó del vehículo un funcionario vestido de civil y también abrió fuego en su contra.
Osoris recibió 13 impactos de bala, según su madre, la mayor parte en brazos y el rostro. Joselin contó que al sitio de los hechos también llegó una unidad del Cicpc, con más de ocho policías a bordo.
Informó, además, que el jefe de su hijo no ha comparecido ante la familia ni ha respondido las inquietudes de Joselin sobre lo ocurrido.
Algunos testigos del hecho le contaron a esta madre que, presuntamente, luego de la muerte de Osoris los funcionarios le pusieron un arma en las manos para simular un enfrentamiento.
“Mi hijo no se enfrentó con nadie, él no es ningún loco para enfrentarse en la autopista con un montón de policías, que eran más de ocho”.
“El Oso”
Adicionalmente, en el Cicpc de El Llanito le revelaron a Joselin que su hijo tenía cinco expedientes, presuntamente por su participación en 25 homicidios en 2017, y que lo llamaban el Oso, cosa que negó su madre rotundamente.
En 2022, Osoris salió en libertad tras ser declarado inocente por el delito de homicidio. Estuvo dos años detenido en los calabozos de la PNB en Boleíta, antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, por eso su madre no se explica cómo esos expedientes aparecieron sino hasta ahora. Indicó que va a luchar para que se limpie el nombre de su hijo.
Este hombre trabajaba en un taller como mecánico y como gruero. Vivía en el barrio Nueva Esparta, parroquia Sucre, del municipio Libertador con sus padres.
Impunidad “absoluta”
En 2021, el Estado venezolano informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que desde agosto de 2017 hasta el primer trimestre de 2020 el Ministerio Público (MP) inició 4890 investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. El ente acusó a 731 miembros de las fuerzas de seguridad y solo condenaron a 118 (16 %).
Sobre estas declaraciones, el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela indicó a través de un informe que la impunidad de los casos es prácticamente “absoluta”, e incluso brindó cifras superiores. Desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2023 documentó 14.440 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela alegó que “las ejecuciones extrajudiciales no fueron actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos. La mayoría de las violaciones y los crímenes documentados se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.
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