Sindicalistas advierten sobre nueva “limpieza” contra empleados públicos

Fadess y Únete indicaron que el Gobierno realizará una “razzia” con el objetivo de intimidar a los trabajadores para que estos no respalden el revocatorio.

Caracas. Este miércoles se cumple el “plazo” dado por el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez para que quienes ocupan cargos directivos dentro de la administración pública, y hayan firmado a favor del revocatorio en contra de Nicolás Maduro, decidan “tener otro destino laboral”.

Organizaciones como el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) advierten que se avecina una “razzia” o despido masivo de trabajadores que tiene como objetivo intimidar a los empleados del Estado para que se abstengan de apoyar la nueva fase del referendo, en la que la oposición debe contar con el respaldo de casi 4 millones de electores.

“Quieren generar una matriz de opinión, generar una matriz de miedo y terror, de lobo feroz, a medida que se acerca el día que pueda haber referendo”, sostuvo el coordinador nacional de Únete, Servando Carbone.

Esta misma semana el diputado del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que ese partido entregará una lista de “escuálidos” que laboran para el Estado. “En una semana los volvemos a citar (a los ministros) para verificar que no quede ni un escuálido ahí”, agregó. Froilán Barrios, presidente del Fadess, también coincidió en que el propósito de estas declaraciones, que se intensificaron en las últimas semanas, es atemorizar a los empleados públicos: “Lo que viene es una razzia, estamos en alerta para detectar cualquier persecución contra los trabajadores”.

Opinión distinta es la del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), Franklin Rondón, quien considera “valedera” la destitución de estos funcionarios los cuales, asevera, no gozan del derecho a la inamovilidad o a expresar sus opiniones libremente debido a los cargos que ocupan.

“La situación del país es una coyuntura política demasiado delicada. No entiendo que un viceministro pueda decir que fue a firmar para que salga Maduro ¿Cómo puedes trabajar a ese nivel? Esa persona no ayuda a que el Gobierno salga adelante, es una persona que juega al fracaso de la políticas públicas”, expresó.

El dirigente sindical aseguró que defenderá a los obreros que puedan ser objeto de discriminación pero no a los altos funcionarios, pues no es “normal” la condición del país: “Estamos en una guerra. Estamos a punto de una guerra civil, de un estallido social ¿cuántas personas pudieran ser? ¿2 mil o 4 mil? Tenemos tres millones de empleados públicos”.

Acciones ante la OIT

Los representantes de Fadess y Únete rechazaron este argumento. Barrios indicó que la acción del Gobierno viola tratados internacionales, como el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); los artículos 23, 25, 89, 139 y 145 de la Constitución; la Ley del Estatuto de la Función Pública y los Derechos Humanos y laborales de estos trabajadores.

“Se pretende establecer un estado policía, como conocimos en regiones del bloque soviético, o de (Francisco) Franco y otros similares. Se establece como delito de Estado el delito de opinión, esto se lleva por delante todo el ordenamiento nacional e internacional”, agregó.

Ante la OIT ya cursa una solicitud para que ese organismo envíe una “misión de consulta” al país, que es la acción de mayor gravedad ante las denuncias por violaciones a los derechos laborales. Únete entregará un expediente que cuenta con antecedentes de intimidación y despidos contra unos 100 empleados públicos, al que se añadirán las nuevas declaraciones de Rodríguez y Cabello.

Carbone también fustigó a los dirigentes sindicales que apoyan este tipo de medidas: “Son operadores políticos, no sé que van hacer en los próximos días cuando esto se resuelva. Todos deberán asumir sus responsabilidades ante la justicia y un sistema judicial que funcionará. Esperamos que estos trabajadores sean reenganchados en un próximo Gobierno de transición”.

Barrios recordó que las violaciones a los DDHH —como el derecho al trabajo— no se prescriben y comentó que están siendo documentadas nacional e internacionalmente: “Tenemos registrados unos 260 casos ente distintos ministerios”. Mientras Carbone subrayó que las personas en cargos directivos son designadas por los mismos ministros, por lo que reiteró la tesis de que la meta es atemorizar al resto de los trabajadores.

“La mayoría de los cargos directivos son impuestos o de confianza, son empleados del mismo Gobierno que está militarizado. Son las novias, primas, amigos, sobrinos. Que el Gobierno reconozca que van a salir de lo que ellos mismos colocaron es admitir una debacle adelantada”, expuso.

Rondón, por su parte, destacó las acciones de Chávez y Maduro a favor de los trabajadores: “Lo hemos visto con las políticas públicas. Hubo 17 decretos de inamovilidad, si no se hubieran hecho esos decretos ¿qué habría sido de nosotros?”.

El 1 de septiembre

El integrante de Únete cree que el Gobierno da “patadas de ahogado” ante la posibilidad de una consulta electoral en su contra. “El 94 % la gente está en contra del Gobierno. En las próximas horas, antes del 1 de septiembre, van a salir las rectoras del CNE a decir que el día 13 o 16 septiembre se llamará a la recolección del 20 %, para frenar esto”. Y la información que se maneja desde cuerpos de inteligencia del Estado, dijo, es que la marcha del 1 de septiembre va a ser masiva.

El representante de Fentrasep notificó que ese día se celebrará el Congreso de la Patria de los trabajadores de la administración pública, donde se hablará de la producción, la seguridad social, beneficios laborales y capacitación laboral. Descartó que en esa fecha se produzca algo similar a los hechos del 11 de abril de 2002.

“Están muy confrontados y divididos. No sabemos quién es el líder de la oposición. Desde enero de 2016 ese liderazgo se ha desinflado y hoy la gente no tiene confianza en Ramos Allup o en la Mesa de la Unidad (MUD). Puede haber una movilización pero no trascenderá. La gente pide es paz y producción, y tenemos que sumarnos a eso”, concluyó.

Foto: AVN