Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que presentará una nueva querella contra Venezuela por el ajusticiamiento de cuatro hermanos a manos de agentes del Cicpc.
Caracas. La paralización de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional parece ser el objetivo prioritario de las autoridades venezolanas. Sin embargo, mientras la atención y los recursos se enfocan en conseguir este objetivo, el número de juicios que Venezuela deberá enfrentar en este continente, en particular en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no para de crecer y ya totaliza nueve.
La última demanda la anunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 28 de julio y se trata del caso de cuatro hermanos (Israel Benjamín, Martin Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores), quienes en 2017 fueron ajusticiados por presuntos agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Aragua.
“Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería”, expuso el organismo de derechos humanos.
No obstante, no dio validez a esta versión y una de las razones fueron los antecedentes de las policías venezolanas y, sobre todo, las que operan en esa entidad.
“Los hechos ocurrieron en un contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela (…) que se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos, en los cuales personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan abatidas bajo la hipótesis de ser criminales, sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad”, denunció la Comisión.
Dos de los hermanos asesinados eran menores de edad para el momento en el que ocurrieron los hechos.
Un terrible patrón
No se puede olvidar que al sistema interamericano ya han llegado casos similares de los hermanos Manaure Flores, siendo el más emblemático el de la familia Barrios.
Desde 1998 diez miembros de esta familia, también residente del estado Aragua, han sido asesinados por agentes policiales y aunque en 2011 el tribunal con sede en San José (Costa Rica) condenó a Venezuela por lo ocurrido a esta familia y le ordenó tomar medidas para repararlos y evitar que este tipo de hechos volvieran a ocurrir, esto no ha pasado.
Las ejecuciones siguen siendo una práctica recurrente por parte de los organismos policiales, solo el año pasado 824 venezolanos perdieron la vida a manos de aquellos que están allí para protegerlos, informó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su último informe anual.
En el documento también ratificó que 98 % de las víctimas eran hombres y 66 % tenían entre 18 y 30 años y vivían en zonas populares.
Por el caso de los hermanos Manuare Flores, la CIDH no solo demandó a Venezuela por violarles su derecho a la vida e integridad personal, sino también por no garantizarle respuesta a sus seres queridos.
Aunque el Ministerio Público inició una averiguación sobre los hechos, hasta ahora nadie ha sido procesado.
Una lista de juicios que no para de crecer
El caso de los hermanos aragüeños se suma a los otros que el juzgado continental tiene pendientes y entre los cuales destacan los relacionados con las irregularidades en las elecciones presidenciales de 2013, las detenciones arbitrarias que sufrió el general (r) Ovidio Poggioli y las torturas contra el mayor Milton Soto Revilla por denunciar los presuntos nexos de altos funcionarios del Gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pese a que el chavismo denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte en 2013, la decisión del gobierno interino de Juan Guaidó de revertir, en julio de 2019, esta medida ha sido aprovechada por la Comisión para continuar conociendo y llevando casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela con posterioridad.
No solo querellas
Días antes de que anunciara su decisión de demandar a Venezuela por el ajusticiamiento de los hermanos Manuare Flores, la CIDH informó que ordenó al Estado que tomara medidas para garantizar la vida e integridad del activista Franklin Caldera Cordero.
El fundador del Comité de Víctimas “Familia S.O.S. Libertad” habría comenzado a recibir amenazas tras las declaraciones públicas y denuncias sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, en particular de su hijo, un exteniente del Ejército quien está privado de su libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de manera presuntamente arbitraria y sin recibir atención médica necesaria, informó el organismo en un comunicado.
Defender los derechos humanos y denunciar sus violaciones tiene un alto costo en Venezuela. Así lo reconoció el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en su último informe sobre la situación del país.
Türk reportó la persistencia de “restricciones al espacio cívico, entre ellas marcos jurídicos restrictivos que siguen en vigor, que limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y denuncias de que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios, así como de estigmatización”.
Por último, denunció que registró 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluidos 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, entre ellos ocho mujeres.
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