Por aire y tierra, el estado Táchira se encuentra aislado. Una burbuja creó el gobierno, y mientras en otras regiones hay transporte interurbano y vuelos comerciales, al Táchira lo dejan en una cuarentena eterna que no permite que sus habitantes continúen con sus vidas.
San Cristóbal. Por tierra y por aire los tachirenses se encuentran aislados por la negativa del gobierno de abrir las rutas interurbanas y de no permitir tráfico aéreo comercial en la entidad, al igual que en el estado Bolívar. El estado se convirtió en una burbuja.
Un año y cuatro meses son los que se tienen sin posibilidad de trasladarse desde y hacia el estado Táchira, y un tiempo similar en el que ni siquiera el paso peatonal por el Puente Internacional Simón Bolívar está permitido para ir o venir de la frontera.
Esto deja muy pocas alternativas a quienes necesitan viajar al interior del país o ingresar por el estado Táchira, ya que quienes deban hacerlo se ven en la obligación de caer en las redes de los piratas, cuyos montos por los traslados son exorbitantes. Mientras que quienes viajen deben pasar penurias y sufrimientos hasta Abejales y caminar hasta Punta de Piedra, en la zona limítrofe de Barinas, para tomar uno de los buses que permanecen en el lugar, sin las más mínimas condiciones de bioseguridad.
Para ello, deben abordar una unidad desde el terminal de pasajeros de La Concordia en San Cristóbal para llegar hasta Abejales, municipio Libertador, y atravesar a pie el puente sobre el río Uribante, que separa Barinas del estado Táchira.
En reiteradas oportunidades se ha denunciado la creación de un terminal clandestino, desde donde las unidades salen con los pasajeros hacia los diferentes destinos nacionales, en especial Barinas y Caracas, que serían los más buscados por los pasajeros.
El mal rato, el calor típico de la zona, así como el cruce de más de 300 metros con equipaje a cuestas no es nada agradable para los viajeros.
Solo por unos cuantos días de diciembre fue que se habilitó el transporte interurbano en la entidad, pues, a diferencia de las demás regiones, en el Táchira se cerró el acceso el 28 de diciembre sin previo aviso y dejó varadas a cientos de personas que ya venían en camino.
Esas unidades, tras mediación de choferes y propietarios de las líneas de autobuses, que permitieron el ingreso al terminal, fueron las últimas que llegaron al principal puerto terrestre del estado Táchira.
Ni en radical ni en flexible
Se esperaba que se autorizara el transporte al estado, al menos durante las semanas flexibles, bajo el esquema del 7+7. Sin embargo, seguía saliendo humo negro para los transportistas de las suburbanas, pues mientras en otros estados se activan las unidades, al Táchira y a Bolívar los dejan con los crespos hechos.
Autoridades venezolanas han dicho en varias oportunidades que la medida se da en vista de la proximidad con la frontera colombiana (en el caso de Táchira), ya que en el vecino país hay varias cepas de las variantes de la COVID-19 y, a fin de prevenir que toquen el suelo venezolano, se hace un cerco epidemiológico para evitar la propagación.
De la misma forma, pese a que el Gobierno colombiano tiene sus fronteras con Venezuela abiertas, la administración de Nicolás Maduro se niega a permitir el paso por los puentes binacionales, aunque esto no es impedimento para los cientos de venezolanos que van y vienen por la frontera venezolana y que usan las trochas, o caminos verdes como también se le conocen, para llegar al otro lado del río Táchira.
Ante ello, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, ha denunciado en múltiples oportunidades, que el dinero que las personas pagan por pasar y usar esas trochas financia al “protector político” del estado, Freddy Bernal.
Ni transporte de carga binacional
Aunque el gremio del transporte de carga internacional se ha reunido con autoridades venezolanas e incluso representantes del comercio colombiano se reunieron en San Cristóbal con Freddy Bernal, no ha sido posible la remoción de los contenedores de los puentes binacionales y la reactivación del transporte de carga, que está paralizado desde hace más de dos años y que ha dejado millonarias pérdidas no solo a transportistas, sino a comerciantes, agentes aduaneros e importadores de ambos países.
Argumentan que no hay manera de garantizar que las autoridades colombianas cumplan con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que prefieren evitar a toda costa que ese ir y venir de carga y conductores se convierta en un foco de contagio de COVID-19 en la zona de frontera.
No habrá vuelos
Con dos aeropuertos habilitados, los tachirenses que deseen volar a otro destino nacional deberán viajar por tierra unas cuatro horas hasta el aeropuerto de El Vigía, en el estado Mérida, ya que tampoco hay permiso de vuelos hacia ninguna de las terminales aéreas de la entidad.
Esta medida no fue vista con beneplácito por el sector turismo, que ya ha pedido en varias oportunidades que se reactive el transporte terrestre y aéreo. Los prestadores de servicios turísticos se están viendo seriamente afectados por la poca llegada de turistas y viajeros al estado, lo que representa pérdidas para hoteles, posadas y demás establecimientos.
Ante ello, el sector turístico liderado por la presidenta de la cámara, Gypsi Pineda, hizo un exhorto al Gobierno nacional para que reconsideren la medida, ya que los costos de movilización, para la mayoría de los tachirenses, se hacen impagables.
Han destacado que además del turismo se afectan viajes de negocios, a empresarios y también pacientes con enfermedades crónicas, que deben movilizarse hacia otras regiones por motivos de cirugías o tratamientos para sus padecimientos y no pueden hacerlo.
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