El segundo informe Empresas Propiedad del Estado, que la organización encargada de luchar contra la corrupción publicó este viernes, arrojó que mantener con las puertas abiertas las más de 500 empresas públicas que hay en el país le cuesta al erario 7 % del presupuesto nacional y que son contados los casos de las que muestran algún beneficio.
Caracas. Una carga y muy pesada. En eso se ha convertido el enorme aparato industrial y empresarial del que el Estado venezolano se ha ido haciendo bajo los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el cual, lejos de arrojar beneficios, lo que hace es succionar cada vez más y más fondos del presupuesto nacional.
La denuncia la formuló Transparencia Venezuela en su segundo informe “Empresas Propiedad del Estado, un modelo de control”, presentado este viernes en Caracas y en el cual se asegura que en 2017 las compañías públicas recibieron el equivalente al 7,4 % del total de los fondos que manejó el Estado ese año para mantenerlas con sus puertas abiertas. Una situación que parece que esté lejos de corregirse, pues en lo que va del año “las empresas públicas han consumido 10 % de los créditos adicionales aprobados en 2018”, reveló la organización.
Desde 1999, de las arcas públicas habrían salido unos 430 millardos de dólares para mantener a flote el enorme aparato industrial y empresarial estatal, ello según los cálculos de la organización encargada de combatir la corrupción, la cual reveló que dicha carga no hace sino crecer, porque el número de compañías sedientas de dinero público sigue aumentando. Si en 2017, cuando publicó su primer estudio sobre este tema, Transparencia detectó 526 sociedades con capital o fondos de todos los venezolanos ahora el número es de 583, aunque al momento de publicar el segundo reporte habían identificado a 576.
¿Pero por qué las empresas públicas no producen más que números rojos? “La competitividad y productividad de todas estas empresas se ha venido al piso producto de la corrupción y de la mala gestión”, respondió Manuel Sánchez, coordinador de la investigación, quien agregó: “El 81 % de las empresas se encuentran operativas pero a niveles excesivamente bajos”.
El socialismo es el culpable
Para Sánchez, la ruinosa situación del aparato industrial público tiene su origen en un aconteciomiento ocurrido en 2008.
Algo picó a la gestión pública y tratamos de identificar qué fue y por qué la producción empieza a caer en todos los sectores analizados ese año y nos dimos cuenta de que el vínculo entre todas era la implementación del primer Plan Nacional Socialista. Eso marcó un hito porque se radicalizó la expropiación y adquisición de empresas del sector privado, especialmente en el campo agroalimentario”.
Su tesis fue apoyada por Rodrigo Angulo, quien puso la lupa sobre el sector agroalimentario. Para Angulo, la actual escasez de alimentos es producto del modelo económico de control centralizado aplicado por los gobiernos de Chávez y de Maduro.
“En más del 90 % de las economías del mundo el sistema agroalimentario es privado, desde la producción primaria hasta la distribución”, dijo el experto, quien recordó que hasta países que se denominan como comunistas o socialistas, tales como China, Vietnam y Laos, las granjas y las empresas de alimentos están en manos de particulares y no del Estado.
Angulo sostiene que el sector agroalimentario es la mejor vitrina del desastroso resultado de las políticas gubernamentales. “Multiplicamos las importaciones y pasamos de 1200 millones de dólares en 1999 a 13.000 millones de dólares en 2013. Estas importaciones y el modelo tuvieron un impacto sobre la destrucción del aparato productivo nacional. En 1999 el sistema agroalimentario venezolano podía abastecer 70 % del consumo y el año pasado no podía abastecer más que al 25 %”.
Otra cifra que muestra las consecuencias del camino seguido por las autoridades es la de las exportaciones. En 1998 Venezuela vendió 689 millones de dólares y en 2014 apenas 35 millones.
Unas cajas negras
La opacidad con la que en las últimas dos décadas se han venido manejando los asuntos públicos es para Transparencia la principal causa del precario estado en la que está el aparato industrial público, y así lo dejó plasmado en su informe, donde denunció que solo en 40 % de sus empresas pudo identificar a algunos de los miembros de sus juntas directivas y además se encontró con que ninguna publicó sus presupuestos, balances y estados, sueldos de sus empleados, normas que las rigen, listas de proveedores o cualquier otra información que permita a los ciudadanos evaluar su desempeño.
Y como en el primer estudio Transparencia halló que las botas militares siguen estando fuera de los cuarteles. Así constató que 76 son dirigidas por uniformados.
La falta de control también ha facilitado el auge de las irregularidades administrativas, denunció la agrupación, la cual puso como caso emblemático el sector eléctrico, donde gracias al decreto presidencial que en el año 2010 lo declaró en emergencia se permitió al Ministerio de Energía, a la Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec) y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) realizar compras sin licitación.
“La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones y se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones”, agregó la organización.
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