El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pidió al máximo juzgado que le ordene a Luisa Ortega Díaz someterse al polígrafo o a un careo con él y el contralor Manuel Galindo para aclarar, de una vez por todas, quién miente en relación con lo que ocurrió durante el polémico proceso para designar a los llamados “magistrados exprés”.
Caracas. Luisa Ortega Díaz sigue rompiendo techos de cristal. Si en 2007 lo hizo al ser la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de la historia de Venezuela y en 2014 fue la primera en ser reelecta, este martes 4 de julio se convirtió en la primera jefa del Ministerio Público (MP) que es sometida al procedimiento de antejuicio de mérito por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y también la primera que no comparece para enfrentarlo.
Pese a este “histórico e inédito” desplante, el máximo juzgado decidió celebrar el acto y le designó a la funcionaria un defensor público para que la representara.
Pasadas las 11:30 a. m. y luego de que la Sala Constitucional anunciara que designó a Katherine Haringhton como vicefiscal general encargada, 30 de los 32 magistrados llegaron al auditorio principal del organismo rector del Poder Judicial.
Acto seguido, el magistrado Maikel Moreno, como presidente del TSJ, tomó la palabra para explicar que Ortega Díaz estaba siendo señalada de incumplir sus funciones y de ser negligente, de atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano, de hacer ver hechos que no eran ciertos, de incurrir en un error grave e inexcusable y de desconocer la Constitución, por afirmar que su opinión no fue tomada en cuenta durante el proceso para designar a los 13 miembros principales y 31 suplentes de la instancia que la anterior Asamblea Nacional nombró en diciembre de 2015; es decir, que no participó en la escogencia de los “magistrados exprés”.
Moreno le salió al paso a quienes han cuestionado que el máximo juzgado admitiera una solicitud formulada por el diputado Pedro Carreño, pese a que la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) expresamente señalan que es el fiscal general quien debe interponer los antejuicios de mérito contra los altos funcionarios del Estado, afirmando:
“La legitimidad en los casos en que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano recae sobre los propios ciudadanos que investidos de su derecho a petición se encuentran legitimados”.
Con sus palabras, el presidente del TSJ dejó en claro que el procedimiento contra Ortega Díaz no era por delitos sino por faltas, sin embargo, no explicó entonces porqué la Sala Plena acordó prohibirle salir del país ni congelarle sus cuentas, medidas propias de un proceso penal.
Otra teoría conspirativa
Tras su exposición, Moreno le dio la palabra al acusador de la fiscal, el diputado Pedro Carreño, quien denunció que “vivimos un Golpe de Estado en pleno desarrollo y la metodología que se sigue es similar a la de las primaveras árabes y la de las revoluciones de colores”; y aseveró que la jefa del MP fue captada, por factores externos e internos, para participar en esta estrategia, al hacer creer que en el país hay un conflicto de poderes de tal magnitud que se justifique una intervención extranjera.
“Ella no se ha enterado de que aquí han quemado personas vivas, de que este recinto fue bombardeado, de que aquí se han quemado instalaciones para almacenar alimentos para el pueblo. Ella ha dejado de cumplir sus obligaciones”, agregó, al tiempo que lamentó que Ortega Díaz “no tuviera la hidalguía y pundonor” de participar en el acto y aseguró que la funcionaria mintió cuando afirmó que no se le consultó sobre los candidatos a magistrados y que no participó en su evaluación, con lo cual, a su juicio, mal puso tanto al defensor del Pueblo, Tarek William Saab; como al contralor Manuel Galindo, los otros dos integrantes del Consejo Moral Republicano.
Saab, quien también participó en la audiencia, negó también lo afirmado por la fiscal general y la acusó de “herir la institucionalidad”.
“Si no avaló la designación de ustedes [en referencia a los magistrados] por qué estuvo en la instalación del acto de apertura judicial del año 2016 y también en el de 2017”, se preguntó, para luego mostrar tanto la carta que le dirigió el 10 de diciembre de 2015 convocándola a la reunión del 16, donde se revisaron las listas; el acta del 21 de enero de 2016 donde supuestamente se aprobaron los nombramientos; y el libro de actas del máximo organismo del Poder Ciudadano, el cual denunció trató de ser alterado al pretender arrancarle unas hojas.
El defensor, no obstante, no aclaró cómo convocó una reunión para revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados cuando los mismos no llegaron al Consejo Moral sino hasta el 14 diciembre y cómo en dos días pudieron revisar los 381 currículos. Respecto a por qué el acta de la reunión del 16 no está firmada por la fiscal general ni la entonces secretaria del organismo, María José Marcano, el contralor Galindo aseguró a los magistrados que la primera pidió ausentarse tras varias horas de debate y la segunda quedó encargada de recabar las firmas, cosa que no hizo y, por ello, pidió que se le procese.
Saab aprovechó también para solicitarle al TSJ que los someta a él, a Galindo, a Ortega Díaz y a Marcano al polígrafo o a un careo. “Vamos a ver quién miente”.
Pese a que las peticiones anteriores no tienen cabida a la luz de la legislación venezolana, según fuentes del organismo, las mismas y otras que hizo Carreño, como practicarle una prueba grafológica al acta del 21 de enero de 2016, para asegurarse que la firma de la fiscal general sea la de ella, forzaron al magistrado Moreno a anunciar que el máximo juzgado se tomaría los cinco días que le otorga su ley para dictaminar si autorizan o no el enjuiciamiento de la funcionaria.
[irp posts=”58471″ name=”Exsecretaria del Consejo Moral Republicano afirma que Saab miente”]Sin defensa
Si la jefa del Ministerio Público había acusado al TSJ de no garantizarle su derecho a la defensa, por no suministrarle copia de la querella de Carreño en su contra, al observar la actuación del defensor público, Javier Hernández —a quien se le encomendó la tarea de representarla—, se reforzaron esos señalamientos, pues más bien pareció un asistente del diputado oficialista que su abogado. El grueso de los 20 minutos que le otorgaron los pasó repitiendo los argumentos contra su defendida.
Solo a la mitad de su intervención Hernández calificó de investigación de “índole administrativo” el proceso contra Ortega Díaz y negó que se le pueda procesar por pedir el enjuiciamiento de los magistrados de la Sala Constitucional, porque ella es quien puede hacerlo; y también negó que se pueda considerar que ha incumplido sus funciones, por cuanto “la Defensa Pública desconoce cuántos casos [de detenciones, lesiones o muertes] el Ministerio del Interior ha notificado al Ministerio Público y cuántos ha llevado a los órganos jurisdiccionales”.
A diferencia de los procesos contra los entonces diputados opositores Juan Carlos Caldera, Richard Mardo y María Aranguren, en esta ocasión a los periodistas se les permitió ingresar al TSJ para seguir el acto, aunque no en el auditorio donde se celebró, sino en uno contiguo, donde fue instalada una pantalla para observar lo que ocurría.
Entretanto, a las afueras de la sede del máximo juzgado fue instalada una tarima. No más de un centenar de afectos al oficialismo coreaban consignas ante ella. La ausencia de la fiscal general desmotivó incluso a los simpatizantes del Gobierno a congregarse al final de la avenida Baralt de Caracas, la cual amaneció cortada al tráfico.
Foto referencial
Participa en la conversación