Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, explicó que hay intención de generar daño utilizando metras, balines o esferas metálicas con los perdigones, durante la represión en las manifestaciones opositoras.

Caracas. Las violaciones a los Derechos Humanos e ilegalidades que se viven durante las represiones en las protestas opositoras, pican y se extienden. Y pareciera que no habrá ningún ente que se encargue de castigar a los responsables, pues así lo han demostrado con hechos.

Metras, rolineras, balines y tuercas han denunciado los manifestantes que les arrojan los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dentro de los perdigones, o incluso en el cañón del arma con la cual se disparan.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que actualmente hay intención de generar daño, más allá de disuadir la protesta, con el uso de estos objetos.

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El uso desproporcionado de la fuerza es una forma de tortura y los delitos de tortura no prescriben. Hay responsabilidades por acción, por omisión y por encubrimiento de funcionarios y todo eso está previsto dentro de la tortura, señaló.

La socióloga destacó que en el caso de que las fuerzas de orden público —campo en el que la GNB no está capacitada— deban reprimir una manifestación, primero se debe usar la persuasión, luego la contención y por último la disolución. En el caso de disolver con lacrimógenas no deben dispararse de manera horizontal, tampoco en contra de las personas ni a corta distancia, esto es violación a los Derechos Humanos (DDHH).

Y a esto también se refirió el defensor del pueblo, Tarek William Saab, en rueda de prensa del 1° de junio, exigiendo que se abstengan de usarlas de forma directa contra las personas. Por el impacto de una lacrimógena murió el joven Juan Pablo Pernalete, el pasado 26 de abril en Altamira, confirmó la fiscal Luisa Ortega Díaz.

“Perseguir a manifestantes hacía el río Guaire o centros comerciales no es una acción de dispersión, también dispararles mientras son socorridos, eso es una acción de ataque. Ahí se ve que el uso no es proporcional, pues si ya se dispersó la marcha no hay necesidad de generar una persecución”.

Usar perdigones está permitido al momento de disuadir una protesta, lo ilegal es “aliñarlos” con objetos letales, como metras, balines, tuercas o esferas metálicas. “Quieren ocasionar daños sin dejar huellas, ya que con balas no se puede porque podrían ser descubiertos en las investigaciones. Se quiere hacer daño”.

Bolívar destacó que la ballena no puede ser usada tan cerca de los manifestantes y directamente, pues viola los DDHH

Marino Alvarado, abogado defensor de los DDHH, señaló que además del uso arbitrario y excesivo de la fuerza, con estas prácticas se está ante un intento de homicidio —calificándose penalmente— porque alguno de estos objetos lanzados podría ocasionar la muerte de algún manifestante.

En Caracas, por ejemplo, sucedió con Armando Cañizales, de 18 años, y Miguel Castillo, de 27, quienes fueron impactados por esferas metálicas en Las Mercedes, durante la represión de la GNB.

Estas prácticas no son nuevas, según los expertos Alvarado y Bolívar, en los años 90 también se vio pero los cartuchos “aliñados” no se usaban desproporcionadamente.

“Ahora se conoce de algo peor y es que se introduce la metra en el cañón del arma y si el cartucho está aliñado y se dispara pega con mucha más fuerza”, dijo Bolívar.

El abogado Alvarado recordó que en el año 2006, la Comisión Nacional de Reforma Policial inició el proceso de averiguación acerca de la actuación de los cuerpos policiales, se conoció de este modus de alterar los cartuchos y por eso el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz —en 2011—, cuando dictó las Normas sobre la Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, en el artículo 29 estableció que era motivo de destitución del funcionario el uso de municiones o cartuchos no permitidos, que pretendan ocasionar la muerte o lesiones.

Alvarado subrayó que la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones detalla, en el artículo 119, que quien altere sustancialmente las características originales de una munición, para hacerla más letal, será penado con prisión de seis a ocho años.

“…La pena aplicable se incrementará en una tercera parte, cuando el hecho punible sea cometido por los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionarios o funcionarias de los cuerpos de policía, u órganos e instituciones que excepcionalmente ejerzan funciones propias del servicio de policía”, reza el artículo citado por el defensor de los DDHH.

Violaciones de DDHH en apartamentos

Otra de las violaciones a los Derechos Humanos que se han observado en los 63 días de protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, es que los funcionarios arrojan bombas lacrimógenas hacia apartamentos, centros hospitalarios o locales comerciales.

“La manifestación pacífica es un derecho, no se puede incitar al odio ni se puede destruir propiedades ni públicas ni privadas, no se puede causar daños a personas”, recordó la socióloga Bolívar.

Saab también mencionó esto el pasado 1 de junio, pidiendo que el uso de lacrimógenas durante protestas debe efectuarse con precaución para que no afecte a hospitales, colegios ni espacios públicos confinados.

Marino Alvarado, por su parte, destacó que en el contexto de las protestas también han ocurrido detenciones arbitrarias o allanamientos masivos, sin orden judicial.

“Sucedió en residencias Los Libertadores, en la avenida Libertador, donde allanaron 600 apartamentos desde las 5:00 p. m. hasta 7:00 p. m. sin orden judicial firmada por un juez. Además se reportaron robos”.

De acuerdo con la fiscal Luisa Ortega Díaz, las protestas opositoras han dejado 63 fallecidos —hasta el 2 de junio— y 1181 lesionados. Añadió en el programa radial de Vladimir Villegas, que hay 422  privados de libertad y 35 órdenes de captura.

Foto referencial: Francisco Bruzco


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