La comisión para la ayuda humanitaria presentó un informe preliminar donde pide a la CIDH medidas de protección para el pueblo Pemón, los voluntarios y los diputados. El presidente de la AN, Juan Guaidó, solicitó a la plenaria dos autorizaciones: una para ausentarse por más de 5 días del territorio nacional y otra para nombrar a José Ignacio Hernández como Procurador Especial de la República.
Caracas. En todos los incidentes violentos registrados en el Palacio Federal Legislativo desde 2013 hasta el presente, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allí acantonada había tenido una línea de actuación consistente, sistemática y reiterada: no intervenir en defensa de los diputados de la alternativa democrática. O, si se quiere, dejar actuar a los civiles violentos a sus anchas. Hasta el día de hoy.
En abril de 2013, cuando Diosdado Cabello dirigía el Parlamento y Nicolás Maduro acababa de ser anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ganador de las elecciones presidenciales, diputados oficialistas propinaron una golpiza a los de la oposición. Williams Dávila (AD), Julio Borges (PJ) y María Corina Machado (Independiente) quedaron con heridas abiertas, fracturas y lesiones producto de aquel suceso. La puerta de la sala donde los periodistas eran confinados en aquel entonces, fue cerrada por fuera. La GNB se formó en fila en los pasillos que dan hacia los jardines internos del Palacio, pero no intervino en defensa de los parlamentarios.
En octubre de 2016, siendo Henry Ramos presidente de la Asamblea Nacional (AN), civiles violentos azuzados por concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y luego replegados por una orden del entonces alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, entraron por la fuerza al Hemiciclo. Algunos subieron al área de prensa y robaron y golpearon a varios periodistas; otros forcejearon con diputados de su propio partido, el PSUV, quienes finalmente los persuadieron de salir. La GNB no intervino.
En junio de 2017, civiles violentos y armados, con atuendos y consignas distintivas del PSUV asediaron el Palacio Federal desde sus rejas externas durante horas. Arrojaron objetos contundentes, detonaron fuegos artificiales e insultaron a todo el que se acercaba. La GNB apenas si habló con algunos de los violentos pero no hizo nada para impedir sus acciones.
Un mes más tarde, los civiles violentos regresaron, esta vez portando armas de fuego y entraron hasta los jardines del Palacio. ¿Resultado? Al menos 5 diputados heridos, 2 de ellos de gravedad, y al menos 7 trabajadores legislativos lesionados. Los videos capturados por los periodistas, una vez más robados y golpeados, registran la pasividad de la guardia ante estos hechos.
Pero este miércoles algo cambió en la respuesta de la GNB. La sesión de este miércoles inició poco antes del mediodía. Unos cinco minutos después, un reducido grupo de trabajadores del Poder Legislativo adscritos al sindicato oficialista Sinolan, ingresó al palco de invitados, colgó una pancarta que decía “no a la intervención” y “yanqui go home” y comenzó a gritar improperios y también consignas contra los diputados.
De inmediato, otro pequeño grupo integrado por unas 4 personas trató de entrar al área de los diputados. El personal de seguridad de la AN procedió a cerrar las puertas del Hemiciclo y comenzó un forcejeo. Uno de los sindicalistas, Heber Eduardo Caballero, aseguraba que ellos habían solicitado un derecho de palabra a la plenaria pero nunca mostró la comunicación firmada por Secretaría. “¡Queremos paz, no queremos intervención!”, decían.
Entonces apareció el diputado Carlos Paparoni (PJ), seguido por el director de seguridad interna de la AN y detrás de ellos unos seis funcionarios de la GNB. Paparoni solicitó el repliegue de la prensa. Seguridad indicó que la guardia procedería a desalojar a los sindicalistas. Así fue. Los efectivos rodearon a los integrantes de Sinolan y, sin uso de la fuerza, los persuadieron de abandonar el lugar.
En algunas versiones que circularon en redes sociales se indicó que los sindicalistas estaban armados, pero Crónica.Uno no pudo confirmar directamente esa versión. Asimismo, se indicó que las personas desalojadas fueron detenidas y trasladadas a una sede policial, pero eso no fue confirmado por ninguna autoridad.
Crímenes de lesa humanidad
Este cambio en la actitud de la GNB no vino acompañado de ninguna declaración a favor o en contra de Guaidó o de Maduro, pero se produjo en momentos cuando más de 400 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han reconocido al primero como presidente encargado de la República.
Además, ocurrió en la misma sesión ordinaria, cuando la comisión especial para la Ayuda Humanitaria presentó su informe preliminar sobre los hechos de violencia registrados en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil durante el fin de semana.
En el informe, presentado por Miguel Pizarro (PJ-Miranda) y que usted puede leer completo a continuación, se detallan día por día los eventos registrados, las agresiones sufridas por la población y por los diputados por parte de civiles armados, efectivos policiales y militares. Se denuncia la quema de 40 toneladas de insumos médicos y alimentos en el cruce fronterizo de Ureña y se confirma que por el lado de Brasil lograron ingresar a Venezuela 50 toneladas.
Informe AN Sobre Hechos Ocurridos El 23 y 24F- (1) by Crónica Uno on Scribd
El documento denuncia los asesinatos confirmados de 5 personas, más de 300 heridos —al menos 141 por armas de fuego—, 32 detenidos y casi 400 militares y policías que cruzaron la frontera y pidieron protección a los gobiernos de Brasil y Colombia, tras reconocer a Juan Guaidó.
La comisión formuló tres recomendaciones al Parlamento: primero, pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas de protección a favor del pueblo Pemón, de los médicos voluntarios y de los diputados.
Segundo, denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por la comisión de crímenes de lesa humanidad “destruyendo material humanitario, atacando un camión y convoy humanitario, asediando un hospital, usando armas de guerra y grupos paramilitares contra civiles”.
Y tercero, solicitar a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, dirigida por la chilena Michelle Bachelet, a la Unión Interparlamentaria, y al Parlamento Europeo “que envíe una comisión oficial que acompañe a la Asamblea Nacional en la investigación sobre la masacre de la que está siendo objeto el pueblo Pemón y evitar su recurrencia”.
Discursos de aliento
Las intervenciones de los diputados en respaldo al informe presentado por Pizarro tuvieron un elemento en común: la invitación a la ciudadanía a no dejarse desalentar por el intento fallido de ingreso de la ayuda humanitaria.
Enfatizaron que los insumos no entraron por la violencia provocada por Nicolás Maduro y sus colaboradores, situación que lo expuso a él y a los suyos a la condena internacional. Destacaron el creciente respaldo mundial a la causa de la restitución de la democracia en Venezuela. “El responsable de que la ayuda no pasara fue Nicolás Maduro. No lo olvidemos”, dijo Luis Florido (AD-Lara).
Otro elemento en común de los discursos parlamentarios fue el agradecimiento y reconocimiento a la ciudadanía que desde el jueves 21 de febrero salieron en cada pueblo y en cada ciudad a brindar su respaldo a la caravana de diputados que partió desde Caracas hacia Cúcuta para buscar la ayuda humanitaria. Los diputados relataron los ataques, golpes, robos y atentados de los que fueron objeto. Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) afirmó: “No nos violaron la inmunidad parlamentaria. Nos fortalecieron la dignidad y deseos de luchar por la democracia”.
La diputada Karín Salanova (PJ-Aragua), reclamó “el silencio de las Naciones Unidas” y María G. Hernández (PJ-Monagas) les recordó a los gobiernos del mundo que “la institucionalidad internacional debe proteger a los pueblos, no a los gobiernos”.
Autorizaciones
La sesión de este miércoles estuvo presidida por el diputado Edgar Zambrano (AD-Lara) primer vicepresidente del Parlamento, en ausencia del presidente Juan Guaidó (VP-Vargas), quien participó el pasado martes en la décima primera reunión del Grupo de Lima en Bogotá Colombia, en su condición de presidente encargado de la República.
La directiva dio lectura a una comunicación remitida por Guaidó en la que, conforme a los artículos constitucionales 187 numeral 17 y 235, solicitó a la cámara autorización para ausentarse del país por más de cinco días, a partir del 22 de febrero, cuando llegó a Cúcuta para participar en el operativo del día siguiente.
El pleno aprobó la solicitud de autorización. Fuentes parlamentarias confirmaron a Crónica.Uno que Guaidó sería recibido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia este jueves. En paralelo, varias agencias internacionales reportaron que el encuentro les había sido confirmado por la representante diplomática de Venezuela en ese país, María Teresa Belandria, aunque esta, en su cuenta Twitter no reporta nada al respecto.
Asimismo, en medio de la tensión generada por la irrupción de los dirigentes de Sinolan al inicio de la sesión, se dio lectura a una comunicación de la Comisión de Política Interior en la que se informó que por solicitud del juramentado como presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y conforme a lo establecido en los artículos 187 numeral 14 de la Constitución y 15 numeral b del Estatuto para la Transición, se aprobó la designación del abogado constitucionalista, profesor universitario e investigador, José Ignacio Hernández como Procurador Especial de la República. La designación fue sometida a aprobación de la cámara y los diputados lo autorizaron por unanimidad.
De acuerdo con el Estatuto para la Transición, el Procurador Especial de la República tendrá como tarea fundamental identificar y solicitar la protección de activos de la república en el exterior, para impedir que puedan seguir siendo usufructuados por Maduro y sus colaboradores.
Fotos Maru Morales P., y cortesía @AsambleaVE
Vídeo Maru Morales P.
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