Caso del capitán Acosta Arévalo revela que la Ley contra la Tortura es letra muerta

Torturas

Las disposiciones del instrumento, el cual fue aprobado en junio de 2013 por la Asamblea Nacional, no han sido puestas en práctica por las autoridades para atacar un flagelo que es endémico en los cuerpos policiales venezolanos y que se ha exacerbado en el último lustro, de acuerdo con las cifras que manejan organizaciones de Derechos Humanos.

Caracas. Venezuela cuenta desde junio de 2013 con una ley para castigar y prevenir la tortura y los tratos crueles. Sin embargo, la misma parece haber quedado en papel mojado o al menos esa es la sensación que dejan casos como el del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien falleció mientras se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim); o el del concejal Fernando Albán, quien según las autoridades se habría “suicidado” mientras estaba siendo interrogado en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El instrumento, en su artículo 17, castiga con hasta 25 años de cárcel al funcionario que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión. En la misma disposición también se inhabilita para el ejercicio de cargos públicos por hasta 25 años al funcionario condenado por este crimen.

Hasta 23 años tras las rejas, y el mismo de inhabilitación, prevé la ley para aquellos policías y militares que inflijan tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas que tengan bajo su custodia.

Pero el texto no solo prevé sanciones sino que también contempla medidas para erradicar unas prácticas históricamente muy arraigadas en los cuerpos de seguridad y defensa venezolanos, tales como la creación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.

Pese a las bondades que contiene la ley, de poco ha servido, al menos así lo revelan los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el cual en 2017 recibió 101 denuncias de tortura frente a 18 de 2016, es decir un 561% más. Una cifra solo superada por los 185 casos que conoció en 2014. En ambos años el país fue sacudido por una ola de protestas antigubernamentales que fueron reprimidas con extrema dureza por las autoridades y en las que las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos incluso fueron certificadas por organismos como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público.

Falta de voluntad política

La Ley contra la Tortura es letra muerta en buena medida por decisión de las autoridades de no aplicarla, como lo demuestra el caso del capitán Acosta Arévalo. No obstante las informaciones de que el uniformado habría sido torturado mientras era interrogado en la Dgcim por su presunta vinculación a un complot contra Nicolás Maduro, en el Ministerio Público optaron por acusar a sus supuestos asesinos (el sargento segundo de la Guardia Nacional, Estiben Zárate Zoto y el teniente de la Guardia Nacional, Ascanio Tarascio Mejía) por el delito de homicidio preintencional por causal.

¿Qué significa esto? Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la intención es descartar las versiones que hablan de que fue torturado, pues “el homicidio preintencional supone un homicidio que se cometió cuando se quería cometer un daño inferior, es decir, yo quería herir a la persona pero el golpe lo di mal o me excedí de fuerza y lo maté, pero mi intención no era matar”.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, director de Provea, afirmó que los casos de tortura en Venezuela son “sistemáticos”, se quejó de que la ley contra la tortura no valga más que el papel donde está escrita:

La Ley no está aplicando para ninguna de las situaciones denunciadas y por ello solicitamos que se aplique en el caso del capitán Acosta Arévalo y que no se recurra al Código Penal, agregó.

Hasta el momento no hay registro de que dicha norma haya sido utilizada en alguna investigación por las muertes de detenidos en poder de organismos de inteligencia registradas en los últimos meses, así como tampoco para los casos de los detenidos en el marco de las protestas de 2014 y 2017.

La opinión de Uzcátegui es compartida por Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien tras alertar que “hay un grave retroceso en el cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela” agregó que “en el caso de la tortura hay una serie de denuncias y de testimonios de que estamos frente a un patrón y no ante casos aislados, los cuales deberían ser investigados por las autoridades de oficio porque se trata de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles”.

Para sustentar su opinión la activista señaló que Cofavic ha registrado 9530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018 y en los últimos dos años el número ha sido de 3684. “Es importante destacar que en los casos de ejecuciones extrajudiciales está implícito la ocurrencia de varias violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas la violación de la integridad personal que implica la tortura”, apuntó.

De cero

La Ley para castigar la tortura fue impulsada por la Defensoría del Pueblo en tiempos de Gabriela Ramírez, quien hoy lamentó que la misma está engavetada y que el plan que se elaboró en su administración haya sido desechado, de lo cual responsabilizó a su sucesor, el actual fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab.

¿Qué hizo el señor ese que está en la Fiscalía? Rechazar el plan que se elaboró en la Comisión contra la Tortura y negar la existencia de esa Comisión y anunciar la creación de otra. Todo el trabajo hecho quedó sepultado, denunció.

De la nueva Comisión anunciada por Saab no se tiene información y el actual defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, tampoco ha dado detalles.

Ramírez juramentó a la Comisión en 2014 y esa instancia sesionó en varias ocasiones y elaboró distintos documentos, uno de ellos relacionado con las protestas de 2014 y en el mismo se reconocía la ocurrencia de abusos policiales y se instaba a las autoridades de los cuerpos policiales y militares a que iniciaran “una investigación disciplinaria a los funcionarios señalados de cometer tratos crueles, inhumanos o degradantes” y “de haber motivos suficientes, separarlos de sus cargos mientras dure la investigación”.

Tortura

En dicho texto, al cual tuvo acceso Crónica.Uno, la Defensoría informó que había abierto 713 investigaciones por denuncias de torturas y malos tratos, de las cuales 44 % fueron de oficio. Asimismo, reportó que 13 % de los denunciantes le aseguraron haber recibido golpes por parte de policías o guardias nacionales y 39 % dijo haber sido víctima de vejámenes al momento de ser aprehendido.


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