El Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA ofreció colaborar con el gobierno interino de Juan Guaidó para rediseñar el sistema electoral. No descartan volver al voto manual. Destacaron cuatro áreas de atención urgente: institucionalidad, condiciones de participación, organización y observación. Varios embajadores plantearon la necesidad de sustituir al representante de Maduro en el Consejo Permanente por el designado por Guaidó.
Caracas. El Departamento de Cooperación y Observación Electoral (Deco) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se puso a disposición del gobierno interino de Juan Guaidó para asesorar a Venezuela en la remodelación y saneamiento del sistema electoral, de cara a la realización de una elección presidencial justa, transparente y creíble.
Así lo expresó este viernes Brenda Santamaría, integrante del referido departamento, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, para dar seguimiento a la crisis de Venezuela a partir de la resolución del pasado 10 de enero en la que se acordó el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Es de hacer notar que la hoja de ruta planteada por el Deco coincide con el papel de trabajo presentado esta semana por la comisión especial de la Asamblea Nacional en materia electoral. Al inicio de su intervención, Santamaría dejó claro que “el retorno de la democracia en Venezuela no es un tema de tiempo sino de condiciones”. Sostuvo que un proceso electoral confiable requiere ofrecer a los electores garantías de que la voluntad ciudadana será respetada.
En tal sentido, indicó que el Deco está dispuesto a trabajar con el gobierno de Guaidó en una hoja de ruta que contempla cuatro fases: institucionalidad, condiciones de participación, organización electoral y observación electoral.
Sobre el primer punto, Santamaría fue enfática en exponer ante los países de la región que cualquier proceso de elecciones transparente que pretenda realizare en Venezuela requiere de una institución imparcial e independiente, con rectores que no tengan vínculos partidistas y sean independientes de los demás poderes. Esta independencia e imparcialidad, dijo, debe ser no solo de los rectores principales y suplentes sino también de los mandos superiores y medios del Poder Electoral, así como de los órganos electorales subalternos, es decir, los miembros de mesa y juntas electorales regionales y municipales.
Con respecto a las condiciones de participación, sostuvo que un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable debe garantizar el voto a más de 2 millones de jóvenes en edad de votar que no han podido inscribirse en el Registro Electoral, así como a más de 3 millones de venezolanos en el exterior. “Se requiere un esfuerzo masivo de empadronamiento y depuración del Registro Electoral”, dijo. Destacó que un nuevo sistema electoral debe garantizar el derecho a la libre postulación y para ello sería “imperioso liberar a todos los presos políticos” y eliminar las inhabilitaciones de dirigentes políticos y partidos.
Abogó por el desmantelamiento de los esquemas de coacción relacionados al voto:
El único requisito para votar debe ser la cédula de identidad. Se debe prohibir el uso de otros instrumentos como el carnet de la Patria, que son instrumento para controlar el voto. No es posible una elección libre sin desmantelar el esquema de coacción a través de los Clap, los puntos rojos y el carnet de la Patria”.
Sobre la organización electoral, Santamaría destacó la importancia de que la convocatoria, la fecha de la elección y el cronograma en su totalidad se definan y anuncien con antelación. “De existir condiciones para el voto automatizado se deben garantizar todas las auditorías, hacer una contratación pública del proveedor de servicios de transmisión, consolidación y divulgación de resultados. De no cumplirse estos requisitos, se debe considerar la implementación de un sistema de voto manual”, sentenció.
Por último, con respecto a la observación electoral, destacó la necesidad de que se permita una observación internacional conforme a los parámetros internacionales, pero también la participación de observación nacional. A su juicio, el partido gobernante “ha desmantelado un sistema eficiente y lo ha reemplazado por uno que aplica cualquier artilugio para sacar ventajas que van desde manipulación de distritos electorales, el uso de programas y datos personales, hasta manipulación de resultados y violencia en cierres de mesa”.
El debate
En la sesión intervinieron los representantes de 15 países, el representante de Nicolás Maduro y el secretario general de la OEA.
Tal y como era de esperarse, los diplomáticos integrantes del Grupo de Lima que tomaron la palabra (Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Honduras, Perú y Colombia) mantuvieron una posición unánime en el reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó, el rechazo a mecanismos de diálogo que se presten a “dilaciones y manipulaciones” por parte del gobernante Maduro; la condena ante la negativa de Miraflores a reconocer la crisis humanitaria y permitir la ayuda internacional; la exigencia del cese de la usurpación de la Presidencia y del poder en Venezuela; y la convocatoria a elecciones libres.
Aunque no fue materia de un debate ni de una resolución, varios países plantearon al Consejo Permanente la necesidad de reconocer al representante especial de Venezuela en la OEA designado días atrás por Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, y desincorporar al representante de Nicolás Maduro, Samuel Moncada.
Por otra parte, los representantes de Nicaragua y Saint Kitts y Nieves (este último en nombre del Caricom) respaldaron a Maduro, a su gobierno y el llamado a diálogo formulado a través del Mecanismo de Montevideo. El representante de Nicaragua consideró que “la ayuda humanitaria es una operación encubierta” y que en Venezuela “no hay crisis humanitaria sino una economía asediada”. Además Saint Kitts y Nieves reclamó al secretario general Luis Almagro su reconocimiento a Juan Guaidó “sin autorización de los Estados miembros de la OEA”.
Ante esto último, Almagro reiteró que reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y recordó que en la última resolución de la Asamblea General, en junio de 2018, ese ente declaró que el proceso de votaciones del 20 de mayo en Venezuela careció de legitimidad y garantías y que se realizó en el contexto de una alteración del orden constitucional. Agregó que el 10 de enero pasado, el Consejo Permanente acordó no reconocer la legitimidad de Maduro: “No se puede reconocer a dos gobiernos simultáneamente. Reconozco como gobierno legítimo al de Juan Guaidó”.
Finalmente, tomó la palabra Samuel Moncada, quien reclamó airadamente su derecho a estar sentado en la silla de Venezuela: “El único modo de que yo como representante del Estado venezolano y del gobierno de Maduro, miembro pleno de esta organización por más de 70 años, me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin trampa, es que usted, secretario general, tenga en sus manos una resolución aprobada por la Asamblea General extraordinaria de la OEA votada por 24 países. Pero no tiene los votos”.
Llama la atención esta postura porque en 2017 Venezuela solicitó su salida de la OEA, proceso que se completará el próximo mes de abril.
Puede ver la sesión completa haciendo click aquí.
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