Juan Francisco Alonso
Caracas. 15.643. Ese es el número de juicios penales el año pasado sufrieron algún tipo de retraso en Caracas. Así lo reveló el Ministerio Público en su informe anual, en el cual informó que el principal causante de estos diferimientos fue el Gobierno, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Debido a que el despacho dirigido por Iris Varela no logró trasladar a los procesados que están en las distintas prisiones del país a los juzgados de la capital, 8.228 audiencias no pudieron celebrarse el día que estaban pautadas, de acuerdo al reporte consignado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Por su parte, la ausencia de los jueces y las fallas de los secretarios y alguaciles para citar a las partes fue la segunda razón para los aplazamientos (4.414), mientras que en tercer (1.723) y cuarto lugar (448) se colocaron la ausencia de los defensores privados y de los fiscales.
Por culpa de los pranes
No obstante, estos números la exmagistrada de la Corte de Apelaciones especializada en Violencia contra la Mujer de Caracas, Reneé Moros Tróccoli, consideró que el documento no recoge bien las responsabilidades en los diferimientos.
“El pran es uno de los grandes responsables del retardo procesal, porque es él quien decide quién sale y quién no sale de la cárcel y mientras eso sea así es imposible que el sistema funcione”, afirmó la penalista, quien agregó: “Antes el problema eran los traslados de los presos, porque no había autobuses o porque los que habían no funcionaban, pero eso ya no es así. Desde hace años ese problema se palió, pero debido al desorden procesal que ha reinado en los últimos años en los tribunales, el cual contribuyó a agravar el hacinamiento carcelario, ha surgido un nuevo problema que antes no había: El pran”.
La exjueza afirmó que los llamados “líderes negativos carcelarios” han encontrado en la sobrepoblación de reos un negocio muy lucrativo. “El pran es como un banquero y los presos y sus familiares son sus clientes. Cada preso y su familia deben pagarle al pran para que lo deje vivir en la cárcel y sobre todo por lo que lo dejen salir de la cárcel para ser trasladado para las audiencias, por lo que a él le conviene que no haya juicios y que cada vez haya más presos en las cárceles”.
Nada es gratis
Las afirmaciones de Moros son respaldadas por familiares de presos con los que conversó Crónica Uno, como Ramón Pérez, cuyo hijo de 24 años de edad, fue detenido hace tres años por presuntamente participar en un hurto en Caracas y está en la cárcel de Tocorón (Aragua) esperando que se le otorgue un beneficio, luego de haber confesado el crimen (admisión de hechos).
“En la cárcel nada es gratis. Hay que pagar por todo. Yo tenía que pagarle no solo al abogado para que lo defendiera, sino que además tenía que pagar 500 bolívares semanales por la causa (especie de alquiler por vivir en la cárcel sin que te pase nada), pero además cuando tenía audiencia en Caracas debía pagarle 800 bolívares a la Guardia Nacional para que aparecieran las esposas, porque sin esposas no montan a nadie en el autobús; y por último tenía que darle 1000 al pran, quien es el manda”, relató.
Pérez aseguró que hoy los montos que deben pagar los reos y sus familiares se han duplicado y triplicado, tal y como ha ocurrido con la comida, las medicinas y los servicios.
Agenda Única, la solución
Para combatir el retardo procesal en 2013 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desempolvó una idea vieja: La Agenda Única, un programa informático al que están conectados el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública; y que busca que los jueces solo fijen actos cuando los tres actores fundamentales del proceso están libres para celebrarlo, evitando así aplazamientos por inasistencia de alguna de las partes.
“Con la Agenda Única se evita que se fijen más actos de los que humana y materialmente se pueden celebrar, evitando a su vez los diferimientos y así paliamos el retardo procesal que ha generado el hacinamiento carcelario y provocado que muchos procesados, por evitar estar en la cárcel indefinidamente, admitan los hechos aún siendo inocentes”, afirmó Moros, una de las impulsoras de la iniciativa y quien explicó que la misma tenía como meta que en dos años se resolviera el retardo en Caracas.
En enero pasado, la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, anunció que gracias a la agenda siete de cada diez juicios programados en la capital se celebraron. No obstante, no precisó la cifra de procesos celebrados ni cuántos quedaban pendientes aún.
Sin embargo, la exjueza afirmó que se requieren otras medidas como combatir la corrupción entre la Guardia Nacional, responsable de la custodia de las cárceles y la que permite el ingreso de armas previo pago; así como la construcción de más prisiones.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVV), en sus informes, ha advertido sobre el incremento de la población reclusa, la cual pasó de 32.624 personas en 2009 a 49.664 en 2015, mientras que la capacidad de albergue en las penitenciarias del país sigue siendo casi la misma, por debajo de los 19 mil reclusos. Al número de reos en las prisiones habría que sumarle los más de 22 mil que están en las comisarías policiales, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
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