Los pemón se han encargado del desalojo de invasiones en tierras urbanas y de controlar el paso hacia los yacimientos. No obstante, ante el aumento de la inseguridad en las áreas mineras, decidieron suspender las nuevas admisiones.

Santa Elena de Uairén. Tras un año de labores, la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió indefinidamente el ingreso de personas foráneas —sin residencia ni trabajo previo— hacia la zona de Ikabarú en donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos de oro y diamantes del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, en el sureste de Venezuela.

Desde 2013, el Sector Siete del Pueblo Pemón (Ikabarú) cuenta con un Título de Propiedad Colectiva del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas.

Mediante ese documento, entregado por parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas de acuerdo con la Constitución (Artículo 119) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Artículos 20 y 28), las autoridades tradicionales del Sector Siete tienen potestad para administrar una extensión de 597, 982, 87 hectáreas.

Lisa Henrito, líder de la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón, explicó que la medida se tomó “debido a la inseguridad” que continúa aumentando con la llegada de personas.

Puntos de control comunitarios

Desde el 5 de julio de 2016, el equipo de Seguridad la Capitanía General del Sector 7-Ikabarú controló e instaló dos puntos de control sobre la carretera Santa Elena de Uairén-El Paují-Ikabarú. Esto ante el desmedido ingreso de personas no indígenas hacia las zonas mineras de la segunda parroquia del municipio y las amenazas contra el capitán general de ese sector, Juan Gabriel González.

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El primer punto se encuentra en la comunidad de Santo Domingo de Turasén y el segundo en la comunidad de Krichapá Merú.

No obstante, antes de ingresar a esta vía, las personas no indígenas pemón que desearan ir a las zonas mineras debían pasar por la oficina del Consejo de Caciques Generales en Santa Elena de Uairén en donde se verificaban sus antecedentes policiales, se confirmaba que tuviera familiares o conocidos en la zona y un lugar definido para el trabajo minero.

Tan solo en agosto de 2016 ingresaron 1600 personas, según reveló el capitán González.

Desalojo de invasiones 

Santa Elena es capital del municipio Gran Sabana, la principal ciudad venezolana en el sur profundo del país, a 15 kilómetros del límite con Brasil, una localidad de alrededor de 25.000 habitantes en donde hasta hace poco los vecinos estacionaban sus vehículos sin cerrarlos antes, y en las noches de calor dormían con puertas y ventanas abiertas. Y ni pensar en alarmas ni cercos eléctricos. La Gran Sabana, una tierra antigua y paradisíaca, es el territorio ancestral del pueblo indígena pemón.

Hace un año, el 5 de septiembre de 2016 exactamente, un grupo de delincuentes asesinó a la madre y los dos hijos de una familia de origen sirio en Santa Elena de Uairén. Sobrevivió el papá.

De inmediato, se vinculó a estos hechos al menos a un funcionario de la Policía del Estado Bolívar (PEB). Los comerciantes cerraron sus locales y la comunidad bloqueó el paso sobre la Troncal 10, el acceso a la población y a la frontera, mientras que otros tomaron la Coordinación Policial Gran Sabana y amenazaron con quemar las instalaciones.

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En respuesta a esa creciente ola de inseguridad en Santa Elena, se conformó un primer grupo de lo que en pocos días sería la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, un equipo integrado por los comités de seguridad de las comunidades indígenas aledañas a Santa Elena que se ofreció a acompañar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Ejército. Aunque la PEB salió de la localidad temporalmente, tras su regreso también fueron acompañados por los indígenas.

10 días después de los hechos de septiembre de 2016, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en Ciudad Bolívar, a 900 kilómetros de Santa Elena, a tres civiles y dos funcionarios de la PEB por el ataque a la familia siria. A todos se les inició un proceso judicial.

Un año más tarde, Lisa Henrito evaluó que el objetivo es “preservar el territorio de las invasiones y las mafias del oro”. Ella aún no se da por satisfecha. A pesar de que en un año el grupo se apuntó varios logros: la paralización de tres invasiones en la zona turísticas Colinas de Piedra Canaima, en el sector Brisas del Uairén Oeste y en Hato Divina Pastora y en diciembre pasado contuvo, junto con la comunidad no indígena, la ola de saqueos que logró vaciar media docena de locales en el Casco Central.

Además, la Seguridad Pemón implementó un sistema penitenciario tradicional mediante el cual ya castigó a 164 responsables de los delitos comunes —indígenas e incluso no indígenas— con trabajos comunitarios como la tala de espacios para el conuco, limpieza y construcción en los espacios de las comunidades indígenas.

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En Santa Elena de Uairén aumentó la inseguridad en la medida en que la crisis del país disparó la migración de personas desde otras regiones del país hacia las áreas mineras o hacia la frontera con Brasil en busca de alimentos o de un lugar en donde residenciarse.

Foto referencial: Cheché Díaz



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