Solicitarán medida cautelar para resguardar tumbas de Óscar Pérez y su grupo

Comisión parlamentaria que investiga Masacre de El Junquito determinó que hay 31 personas detenidas y 2 desaparecidos, presuntamente vinculados a los integrantes del Movimiento Equilibrio. “Todos recibieron disparos en la cabeza y eso es un patrón”, dijo Delsa Solórzano.

Caracas. Familiares y diputados de los siete asesinados en la denominada masacre de El Junquito solicitarán medidas cautelares que garanticen la integridad de las tumbas de Óscar Pérez, Abraham Agostini, Daniel Soto, Abraham Ramos, Jairo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Ramírez.

Así lo informó este lunes la diputada Delsa Solórzano (UNT-Miranda), quien preside la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga el presunto ajusticiamiento de los integrantes del Movimiento Equilibrio, ocurrido el pasado lunes 15 de enero durante la Operación Gedeón emprendida por cuerpos de seguridad adscritos a los ministerios del Interior y de Defensa.

La comisión que se instaló el pasado miércoles 17 de enero presentó este lunes 22 un informe preliminar de sus hallazgos y del acompañamiento que brindaron a los familiares en el proceso de recuperación de los cuerpos.

Solórzano confirmó que los cadáveres pretendieron ser cremados por las autoridades:

No fueron rumores ni especulaciones. Quisieron cremar los cuerpos. Por eso estuvimos en la morgue de Bello Monte día y noche insistiendo en el cumplimiento de la Ley de Servicios Funerarios que en sus artículos 27 y 28 establece que los cuerpos no se pueden cremar ni siquiera con autorización de un familiar cuando están sometidos a investigación penal.

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En tal sentido, enfatizó que la comisión estará atenta para que no ocurran exhumaciones fuera de ley ni profanaciones de tumbas y que los cuerpos no desaparezcan: “Estamos trabajando con los familiares para solicitar medidas cautelares”.

Agregó que los diputados integrantes de la comisión se reunieron con las autoridades de los cementerios privados de Caracas, Táchira y Zulia, donde fueron sepultadas las víctimas, para solicitarles expresamente el resguardo del lugar. “Las autoridades de los cementerios se comprometieron al resguardo exhaustivo de los lugares donde están sepultados”, dijo Solórzano.

La diputada, quien además preside la comisión de Política Interior, destacó la cooperación de empleados de la morgue de Bello Monte que “se restearon para que los cuerpos no fueran cremados, que decidieron no ser cómplices de una violación a la ley”.

Tiros a la cabeza

Los mandatos iniciales de la comisión fueron acompañar a los familiares en la morgue, inspeccionar el sitio del suceso, y remitir comunicaciones a distintos organismos involucrados en los hechos para conocer las causas de la muerte de cada una de las víctimas.

Solórzano informó que si bien la morgue no les ha entregado los informes de autopsia de los cadáveres, los diputados tienen las actas de defunción además del testimonio de los familiares a quienes correspondió hacer los reconocimientos.

Los seis hombres murieron por disparo en la cabeza. Causa de muerte: fractura de cráneo por disparo en la cabeza. En algunos casos dice ‘múltiple’ y en otros ‘disparo único’. En el caso de la joven dice que el disparo fue en la cervical. Esto habla de un patrón. Genera dudas: ¿en qué momento murieron? ¿después del ataque con el lanzacohetes RPG? ¿o ajusticiados?. El patrón dice que todos tienen tiros en la cabeza. Hay jurisprudencia suficiente, dentro y fuera de Venezuela, que señala que cuando se dan estos patrones se trata de un ajusticiamiento, indicó Solórzano.

31 detenidos

Sólorzano informó que la comisión logró identificar a 31 personas detenidas por parte de los cuerpos de seguridad por su presunta relación con Pérez y su grupo, mientras que otras dos personas se encuentran desaparecidas.

Confirmó que ninguna de las 6 personas cuya detención fue anunciada por el ministro Néstor Reverol el mismo día 15 de enero ocurrió durante el operativo policial en El Junquito, es decir, que en dicha actuación no sobrevivió ninguno de los insurgentes.

Aunque declinó, de momento, dar los nombres de todos los detenidos, los 5 anunciados por Reverol son Williams Aguado, Joaldy Deyon, Juan Urdaneta, Eva Lugo, Laura Ruiz y Antonio Cisneros. Mientras que los dos desaparecidos, dijo Solórzano, serían del entorno de Cisneros.

“Los vistieron con harapos”

Comisión de la AN instó al Estado a indemnizar a las familias de todas las víctimas. Foto Maru Morales P.

Como conclusiones preliminares la comisión determinó que el Estado nunca entregó los cuerpos a las familias, sino que procedió a su sepultura “sin siquiera permitirles vestirlos con la ropa que habían elegido para ellos; los vistieron con harapos”, denunció Solórzano. No obstante, la comisión confirmó que los cuerpos sepultados corresponden con las personas masacradas el 15 de enero, pues estuvieron en comunicación directa con los familiares a quienes el Estado permitió presenciar la sepultura.

Afirmó que los cuerpos de las víctimas fueron secuestrados por el Estado “que los enterró donde quiso” y que a las familias de Díaz Pimentel y Agostini, enterrados en el cementerio del Este en Caracas, las llevaron “bajo engaño diciéndoles que iban a firmar unos papeles para la entrega de los cuerpos cuando en realidad las llevaron para el entierro”.

Se determinó que los organismos de seguridad del Estado violaron el artículo 34-8 de la Ley del Servicio de Policía, según el cual el sitio del suceso y las evidencias no deben ser alterados mientras dure la investigación: “Podemos dar fe de que el lugar del suceso en El Junquito fue destruido”, indicó.

Deben indemnizarlos

Solórzano puntualizó que “independientemente de lo que el Estado presumiera que estas personas hubieran hecho, eran venezolanos que debían ser llevados a juicio” y que “el Estado debe indemnizar a sus familias, a todos, a los hijos, a las viudas, a las madres, conforme a la Ley sobre la Indemnización de las Víctimas de la Violencia”. Indicó que Díaz Pimentel dejó 4 niños, Oscar Pérez 2 y Agostini, uno.

Con respecto al presunto estado de gestación en que se encontraba Lisbeth Ramírez, la comisión indicó que mientras el director de la morgue lo desmintió, los familiares indicaron que la joven “tenía dos meses de retraso en su ciclo menstrual”. En tal sentido, la comisión ha solicitado a la morgue el informe de autopsia de la joven para tener una versión oficial. Asimismo, dijo que la comisión no tiene evidencia ni testimonio alguno sobre la supuesta presencia de un niño en el lugar de los hechos, además de lo dicho por Óscar Pérez en uno de sus videos.

Denunciaron además que ninguno de los funcionarios del Estado citados a comparecer ante la comisión la semana pasada, acudió: Néstor Reverol, ministro del Interior; Rafael Enrique Bastardo, supuesto coordinador del operativo; general Carlos Pérez, director de la PNB; director de la Dgcim, Iván Rafael Hernández; ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; mayor general Ramón Pimentel y el exdiputado Freddy Bernal.

A su vez, informó que ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía General Militar, respondieron a las comunicaciones consignadas por la comisión en la que solicitaban información sobre sus actuaciones en el caso, y la remisión del mismo a la jurisdicción civil.

Aunque de momento la comisión ha brindado acompañamiento a las familias de Óscar Pérez, Abraham Agostini, Daniel Soto, Abraham Ramos, Jairo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Ramírez, la diputada Solórzano afirmó que a juicio de la comisión, son 9 las víctimas en este caso, pues se incluye al funcionario policial Nelson Chirinos y al integrante del colectivo Tres Raíces, Heyker Vásquez. En tal sentido, instó a sus familias a concurrir ante la comisión como lo han hecho el resto de los familiares, a exponer sus testimonios.

Lo que no investigarán

Consultada sobre si la comisión tenía previsto indagar si el grupo de Pérez tiene otros integrantes activos, si investigaría el paradero de los 26 fusiles de asalto extraídos por el grupo de Pérez durante un robo a un destacamento militar en los Altos Mirandinos en diciembre, y sobre si determinarían la veracidad o no de un supuesto plan para atentar contra sedes diplomáticas, Solórzano respondió que esos temas “no son mandato de esta comisión”.

Foto: Maru Morales P.


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