Es el primero de su tipo en el país, pero para los fundadores no es solo el resultado de la solidaridad y el esfuerzo, sino también de los avances sociales que se dan en el estado Mérida. Desde que el lugar abrió en mayo de este año ha prestado servicios a 475 personas, que han acudido a jornadas de salud, grupos de apoyo y atención psicosocial.
Caracas. En el casco histórico de la ciudad de Mérida una de las calles está pintada con los colores del arcoíris, es la entrada del Centro LGBTI. Personas históricamente marginadas tienen allí un espacio seguro para ser libres sin matices y también para recibir apoyo. Gais, bisexuales, lesbianas, personas trans, no binarias, intersexuales, queer o mujeres víctimas de violencia, son bienvenidas en este centro, que se convirtió en el primero de ese tipo en el país, al abrir sus puertas en mayo de este año.
El centro comunitario se convirtió en una iniciativa pionera en Venezuela, que busca prestar servicios esenciales y seguros para la población LGBTI. Jau Ramírez, fundador, dice en conversación con Crónica.Uno que es el primero en el país con esta perspectiva. La asistencia que ofrecen está orientada a atender a personas trans, mujeres sobrevivientes de violencia, personas con VIH, racializadas y cualquier persona marginada.
Dentro del programa se incluyen atención psicológica, asistencia jurídica, una plataforma de grupos de apoyo de contención emocional y pruebas de despistaje de VIH. El lugar también tiene una oferta cultural variada para personas LGBTI, como música, danza, yoga, foros y ciclo de literatura.
En las instalaciones funciona un café-restaurante, llamado Maricafé. Un emprendimiento del centro. Jau Ramírez indica que es una forma de hacerlo autosustentable, pues los ingresos del café van dirigidos al fortalecimiento del lugar y a abrir la mirada a nuevos servicios. Además, apunta que sirve para dar trabajo a personas trans, no binarias o personas de la tercera edad, que tienen mayores dificultades para encontrar empleo.
Pero el centro no es solo el resultado de la solidaridad, el trabajo de Movimiento Somos, activistas o de la campaña de recaudación de fondos, que hicieron a través de la plataforma All Out, un movimiento global que lucha por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans alrededor del mundo. Para Ramírez es también una muestra de los avances sociales que se dan en el estado Mérida, impulsados por el trabajo de instituciones como la Universidad de Los Andes (ULA).
En 2018 la ULA declaró la universidad libre de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia. La aprobación del acuerdo convirtió a la Universidad de Los Andes en la primera de Venezuela en consolidar una política pública de ese alcance por el reconocimiento de derechos civiles y humanos de la población LGBTI. Además, declaró los días 17 de mayo como Día Universitario Contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia e Interfobia y el 28 de junio Día Universitario del Reconocimiento, Orgullo y Visibilidad LGBTI.
La población LGBTI lleva décadas luchando contra la falta de reconocimiento y derechos en el país. A pesar de que desde el poder se autodenominan “gobierno feminista” o la bandera LGBTI es usada en actos públicos, las demandas siguen sin ser escuchadas. Propuestas como el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género o políticas públicas orientadas personas LGBTI en el marco de la emergencia humanitaria compleja o la pandemia, no son consideradas y ni siquiera discutidas en el Parlamento.
Países como Argentina avanzan en materia de derechos para la población LGBTI. Ya en 2012 ese país contaba con una Ley de Identidad de Género, que garantiza a las mujeres y hombres trans el derecho al reconocimiento de su identidad y ser identificados de ese modo en los instrumentos legales como cédulas o pasaportes. Este año Argentina también fue pionero en la región al aprobar una ley de cupo laboral travesti-trans.
La ley aprobada en Argentina en junio de 2021 establece que el Estado deberá garantizar un mínimo del 1 % de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo, habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado y apoyo financiero para proyectos productivos travestis trans, reseñó DW. Pero en Venezuela estos debates ni siquiera llegan al Parlamento y el país se ha mantenido silente ante los problemas y demandas de la población LGBTI.
Jau Ramírez, quien es activista y director de Movimiento Somos, dice que la ausencia de políticas orientadas a estos grupos ha convertido al centro en “un bastión de libertad”.
“Aquí puedes ser quien tú eres sin ningún tipo de matiz. Cuando cruzas la puerta es un espacio libre de homofobia, de transfobia, de racismo, de machismo. Es un espacio libre de violencia para quienes no tienen espacios seguros en sus casas, escuelas, incluso en el espacio público. La gente que ha ido vuelve, ya sea a visitar o colaborar de alguna manera. Hay una fuerza muy transformadora en lo que estamos haciendo y es cada vez más palpable”, comenta Ramírez.
Y es que las personas LGBTI a menudo son rechazadas, discriminadas o agredidas por su identidad u orientación sexual. Solo en junio de este año en menos de 24 horas tres personas LGBTI fueron asesinadas, una pareja gay y una mujer trans. Los tres crímenes ocurrieron en el municipio Baruta, precisamente en el mes del orgullo, cuando las personas, asociaciones civiles y activistas hacen actividades para exigir derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado venezolano que investigara los asesinatos “con debida diligencia”.
La vulnerabilidad de estos grupos hace que tengan necesidades adicionales como un albergue seguro donde resguardarse. El Centro LGBTI dice que es uno de los servicios que le falta brindar, pero que aspira hacerlo en el futuro, pues constantemente reciben solicitudes de ese tipo. Sin embargo, Ramírez cuenta que les ha tocado improvisar. A un grupo de siete personas los alojaron por unas tres noches debido a que necesitaban refugio.
Entre esas siete personas varios eran hombres y también se encontraba una mamá lesbiana con un niño. Uno de ellos tenía dificultades económicas para costear un lugar y además venía de Nueva Esparta porque su familia no lo aceptaba por ser gay.
Durante el mes el centro recibe entre 8 y 12 solicitudes de personas que buscan donde pasar la noche porque en la calle o en sus hogares corren peligro. “Hemos detectado una necesidad profunda de un albergue seguro y con condiciones dignas”, dice el activista Jau Ramírez.
Desde que el centro abrió ha prestado servicios a 475 personas, que han acudido a jornadas de salud, grupos de apoyo y atención psicosocial. El servicio que tiene más demanda son los espacios de salud mental.
La ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) registra que desde enero de 2009 gasta agosto de 2017 unas 192 personas LGBTI fueron víctimas de violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género y un total de 109 personas LGBTI fueron asesinadas. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, estima que Venezuela ocupa el cuarto lugar en América con el mayor índice de asesinatos de personas LGBTI. Para 2020 no hubo datos reflejados en este mismo observatorio, como tampoco los hay dentro del país, se lee en un informe de diciembre 2020 de la ONG Unión Afirmativa.
Mérida se convierte poco a poco en un territorio pionero en la inclusión de esta población en sus políticas públicas. Ramírez señala que en 2019 Mérida era la única ciudad con una marcha del orgullo autónoma, sin ningún tipo de financiamiento público. Es el único estado del país que prohíbe en su constitución la discriminación en razón de la orientación sexual. El municipio Tovar se declaró libre de discriminación a la comunidad LGBTI en el año 2019 y este año la gobernación aprobó un acuerdo que declara sus espacios institucionales directos e indirectos libres de discriminación y se comprometió a sensibilizar a todos los funcionarios de la gobernación en materia de derechos para personas LGBTI.
En Venezuela no existen cifras oficiales sobre cuántas personas se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersex. Tampoco hay cifras oficiales sobre casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. “No obstante, sabemos que esto es una realidad en el país”, afirma Unión Afirmativa en su informe de 2020.
“El hecho de que la ULA represente tanta pluralidad nos ha brindado muchísimo. Las reacciones son muy positivas. Si hay alguien en desacuerdo no se ha manifestado. Pensamos al principio que podría darse algún tipo de ataque, pero el activismo nos ha permitido tender puentes con sectores que han tenido rechazo a nuestras identidades y orientaciones”, dice el director de Movimiento Somos.
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